El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 4 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, enjuiciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió por intoxicación por flúor.
En el mes de mayo, en un tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, condenó a Espinoza y Hermosa.
El Ministerio Público pidió 5 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión de odontóloga y bioquímica.
Los padres de Chávez se habían encadenado frente al Poder Judicial exigiendo Justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
Por su parte, la madre de la joven Sol Chávez sostuvo que “recibimos la noticia que el Tribunal de Apelación confirmó las condenas dictadas por un Tribunal de Sentencia contra las dos personas condenadas por el fallecimiento de mi hija”.
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Tribunal impone 22 años de cárcel por intento de feminicidio
Un tribunal de sentencia condenó a 22 años de cárcel a un hombre, quien fue hallado culpable, en calidad de autor, del hecho punible de feminicidio en grado de tentativa. Resultó víctima de la brutal agresión su pareja con quien convivía. El agente fiscal Rodrigo Giandinotto fue quien sustentó la acusación durante el desarrollo del juicio oral y público.
De acuerdo con el relato de los hechos, probados por la Fiscalía, el suceso se inició la noche del 30 de abril de 2024, cuando la víctima y el ahora condenado se encontraban en su domicilio ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Curuguaty, compartiendo un encuentro.
En horas de la madrugada del 1 de mayo de 2024, se originó una discusión entre ambos. Ofuscado por la situación, Ruiz Díaz Villar agredió brutalmente a su pareja, propinándole golpes en el rostro, impactando su cabeza contra un objeto y arrastrándola por el suelo mientras continuaba atacándola ferozmente en diversas partes del cuerpo.
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Tras percatarse de que la mujer había quedado completamente inconsciente a causa de la golpiza, el agresor la trasladó hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Curuguaty.
Los informes médicos presentados como evidencia revelaron que la víctima ingresó al centro asistencial en estado inconsciente y con lesiones de gravedad extrema, entre ellas, un traumatismo de cráneo grave, fracturas a la altura de la clavícula y politraumatismos severos en la zona del rostro y del tórax.
A través de los elementos probatorios producidos durante el debate público, la representación fiscal logró demostrar el dolo y el peligro mortal al que fue expuesta la víctima, obteniendo una sanción penal ejemplar por parte del Tribunal de Sentencia.
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Peña dispone retiro total de cartelería tras polémica en CDE
El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el retiro de todos los carteles publicitarios ubicados en la vía pública en Ciudad del Este. A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo expresó su contundente postura hacia lo ocurrido esta mañana en la zona primaria de la capital de Alto Paraná, con respecto a los carteles que contenían mensajes ofensivos hacia el pueblo paraguayo.
“Deploramos los carteles ofensivos instalados en Ciudad del Este. Este tipo de acciones no aportan al entendimiento ni el respeto que deben prevalecer entre los pueblos”, lamentó el jefe de Estado, mediante un comunicado que divulgó en su cuenta personal de X.
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El jefe de Estado anunció que ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el retiro total de toda la cartelería de uso publicitario en el Este, así como también, cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos.
“He ordenado al MOPC el retiro de todas de estas estructuras, así como de cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos, en el marco de las atribuciones legales que la institución viene ejerciendo en distintos puntos del país”, anunció.
Asimismo, el mandatario remarcó que el Paraguay está viviendo uno de sus mejores momentos, sobre todo en el ámbito económico, lo que genera un gran interés de diversos sectores empresariales.
“Paraguay crece, atrae inversiones y avanza con fuerza hacia el futuro. Quizás eso incomode a algunos. A nosotros nos motiva a seguir trabajando para que el gigante que es Paraguay siga creciendo y ocupando el lugar que merece. Paraguay seguirá hacia adelante”, remarcó.
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Ratifican prisión preventiva de conductor de plataforma imputado por la muerte de su pasajero
El Juzgado Penal de Garantías ratificó este jueves la prisión preventiva para el conductor de plataformas que está imputado por la muerte de un pasajero en el barrio Trinidad de Asunción.
El abogado defensor solicitó la revisión de la medida y pidió el cambio de la carátula pidiendo que vuelva a ser procesado por homicidio doloso.
La jueza penal de garantías, Diana Carvallo, decidió que Cristian Eduardo Jaime Narváez, de 37 años, imputado por la muerte de su pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años, ocurrida en el barrio Trinidad de Asunción, continúe guardando reclusión.
La caratula de la causa fue cambiada de “homicidio doloso” a “homicidio culposo” y la defensa de inmediato solicitó la medida alternativa a la prisión que sería esperar en su vivienda mientras dure las investigaciones. Sin embargo, la jueza argumentó que el cambio de carátula aún no está firme.
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Carvallo afirmó que además existe peligro de fuga en este caso teniendo en cuenta que el imputado es de nacionalidad argentina. Así también, resaltó que la fianza que ofreció la defensa del conductor no resultó suficiente para otorgarle la libertad ambulatoria o el arresto domiciliario.
Otros de los datos confirmados por la jueza es que la defensa apeló el cambio de carátula del caso y que buscan que el detenido vuelva a ser procesado por la figura de homicidio doloso, cuya expectativa de pena es de hasta 20 años de cárcel y al pasar a homicidio culposo la pena se reduce a 5 años o multa.
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Fiscal aboga que tribunal valore pruebas contra Rafael Filizzola
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.
PROCESO JUDICIAL SE ALARGA
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante”, puntualizó la agente.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta”, manifestó González. La fiscala siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.