El abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, representante legal de Jorge Edmundo Roa, socio cuotista de la firma Everest Ingeniería S.R.L., solicitó la desestimación de la acción, es decir, el archivamiento de la demanda el pasado 11 de agosto al Juzgado en lo Civil a cargo de Heinrich Fabián Von Lücken Gamarra, pero hasta el momento, el referido magistrado no hizo lugar al archivo de la demanda.
Dicha situación llama poderosamente la atención porque existiría algún tipo de interés del juez en el presente juicio civil.
Este caso debe llamar la atención de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en especial de los integrantes de la Sala Civil de la máxima instancia y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El pasado 20 de agosto el abogado Melgarejo Lanzoni volvió a presentar un segundo urgimiento al juez Von Lücken Gamarra, pero el mismo no hizo caso a la presentación formulada por el citado profesional del derecho.
El presente litigio judicial está caratulado como “Jorge Edmundo Roa Espinoza contra Teresa Dejesús Mereles Villalba sobre nulidad de acto jurídico”.
Igualmente, en el presente juicio civil, el juez primeramente designó como administrador judicial al ingeniero Jorge Edmundo Roa, pero luego, sorpresivamente cambió de postura y designó al licenciado Luis Miguel Gamarra como administrador de la empresa Everest Ingeniería S.R.L con quien tendría un grado de parentesco.
Este caso denota la mora judicial en casos puntuales, en los que están en juego miles de millones de guaraníes, y a la designación en puestos clave, de personas probablemente de su círculo cercano.
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Extraerán datos de 16 dispositivos incautados en detención de Dalia López
El juez de Garantías, Francisco Acevedo, a pedido de la Fiscalía hizo lugar a la extracción de datos de 16 dispositivos electrónicos incautados durante la detención de la empresaria Dalia López, realizada el pasado 2 de abril en el barrio Herrera de Asunción.
Los aparatos incluyen celulares, tarjetas SIM, iPads y MacBooks, que según los fiscales podrían contener información de relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados en el denominado caso Ronaldinho.
Con la autorización judicial, los fiscales podrán acceder a mensajes de texto, mensajes de voz, conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, agenda telefónica, fotografías, videos y otros archivos almacenados en los dispositivos.
La medida se da luego de que la Justicia concediera una prórroga a la investigación, permitiendo al equipo fiscal presentar su requerimiento conclusivo hasta el próximo 2 de octubre.
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Dalia López se encuentra imputada por los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal por facilitar cédula y pasaporte al exjugador de fútbol Ronaldinho Gaucho y sus hermano.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la empresaria habría encabezado una organización dedicada a gestionar documentos públicos falsos para ciudadanos extranjeros, hecho que salió a la luz tras el ingreso al país del exfutbolista brasileño Ronaldinho con documentación paraguaya adulterada.
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FMI y BM advierten sobre escasez de petróleo si el estrecho de Ormuz permanece cerrado
Varias organizaciones internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), advirtieron el viernes sobre el riesgo de una escasez de petróleo si el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz no vuelve rápidamente a la normalidad.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada a finales de febrero provocó, por parte de Teherán, el cierre de Ormuz, lo que bloqueó el tráfico marítimo por este estrecho por el que transita aproximadamente el 20 % de los hidrocarburos a nivel mundial.
“Las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord debido a la importante pérdida de suministro que transita por el estrecho de Ormuz”, alertaron en un comunicado conjunto el FMI, el BM, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras una reunión de sus dirigentes.
“Si la circulación marítima no vuelve a la normalidad, una reducción rápida y continuada de las reservas mundiales antes del pico de demanda del verano en el hemisferio norte representaría un riesgo creciente en términos de seguridad energética (...) y, en un sentido más amplio, de resiliencia de la economía”, advirtieron.
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Los países emergentes y en desarrollo, especialmente en Asia, se cuentan entre las primeras víctimas de esta caída del suministro de crudo, y algunos incluso han adoptado medidas para reducir el consumo.
En su comunicado, las cuatro instituciones recordaron que “si bien la economía mundial sigue mostrando resistencia, los efectos del conflicto de manera desproporcionada a los países más vulnerables”, debido al aumento de los precios del petróleo y de los fertilizantes.
Durante las reuniones del FMI y del BM, a mediados de abril, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, aseguró que la institución estaba preparada para hacer frente a un aumento de la demanda de ayuda por parte de los países en dificultades.
En aquel momento estimó entre 20.000 y 50.000 millones de dólares el monto de la ayuda adicional que podría ser necesaria a causa de la guerra.
Aunque las tres partes beligerantes han llegado a un acuerdo para un alto el fuego, prorrogado una primera vez y hasta ahora respetado en términos generales, Washington y Teherán aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre un texto común que permita una salida a la crisis.
Irán, por su parte, ha puesto en marcha las estructuras administrativas necesarias para gravar de forma permanente el tráfico marítimo que pasa por el estrecho, que el país comparte con el sultanato de Omán.
- Fuente: AFP
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Justicia falla a favor de un peluquero que estuvo preso de forma ilegal durante 644 días
La jueza civil y comercial de Asunción, Rossana Frutos, resolvió que la Justicia debe pagar una indemnización de G. 221.807.288 más intereses a Marcelo Manuel Romero, un peluquero que estuvo privado de libertad por 22 meses por un proceso penal en el que luego fue desvinculado.
Según los antecedentes, Romero fue imputado, acusado y enviado a juicio oral pese a que el hecho investigado ocurrió cuando se encontraba fuera del país. Posteriormente, el Ministerio Público retiró la acusación al inicio del juicio oral y el hombre fue sobreseído definitivamente.
La magistrada concluyó que, aunque la prisión preventiva fue dictada dentro de un proceso formalmente regular, el resultado final del caso evidenció la existencia de un error judicial que generó daños indemnizables. El fallo tuvo por acreditado que Romero estuvo privado de libertad durante 644 días, circunstancia considerada como el hecho dañoso principal.
En concepto de lucro cesante, el juzgado fijó una indemnización de G. 71.807.288. Si bien el afectado no logró demostrar plenamente sus ingresos, la jueza aplicó criterios legales para determinar el monto correspondiente al perjuicio patrimonial sufrido.
En relación al daño moral, la resolución consideró probado el perjuicio emocional a partir de las circunstancias del caso y de un informe psiquiátrico que diagnosticó estrés postraumático. Por ello, se estableció una reparación adicional de G. 150.000.000.
La sentencia dispone que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la resolución quede firme. Además, se ordenó el pago de intereses desde la notificación de la demanda, calculados conforme a la tasa promedio vigente más un 2,5 % mensual, lo que podría elevar considerablemente el monto final de la indemnización.
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Presentan informe parcial sobre intervención en la sección de Estadística Civil
Durante la sesión plenaria, el secretario de la Sala Constitucional y designado como interventor coadyuvante del Departamento de Consolidación de Datos Estadísticos de la Dirección de Estadísticas Judiciales, Julio Pavón, presentó un informe parcial de resultados sobre las medidas adoptadas en la Sección de Estadística Civil, a través del “Informe de Gestión de la Dirección de Estadísticas Judiciales - Sección de Estadística Civil - Circunscripción Judicial de Capital”.
En el documento, se registra un avance aproximado del 70 % en los trabajos de implementación de las mejoras propuestas, en atención a las observaciones formuladas por la Dirección General de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, el interventor explicó que “vengo a presentar un informe parcial referente a la intervención solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de marzo, sobre los puntos que en su momento detectara la Dirección General de Auditoría Interna, en la que hemos adoptado diversas medidas durante estos dos primeros meses”.
Entre las acciones implementadas mencionó la incorporación de un nuevo formulario de autorización para la entrega y retiro de actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Organización Judicial, que dispone que los secretarios deberán presentar personalmente las resoluciones ante esta unidad de estadística.
Indicó que esta nueva proforma permite identificar correctamente a los funcionarios autorizados por los actuarios de los juzgados que remiten las resoluciones a la Sección de Estadística Civil y exige, además, el detalle concreto de las actuaciones remitidas, a fin de preservar la custodia de las actuaciones procesales durante esa etapa de traslado y brindar mayor seguridad en su recepción, procesamiento y devolución.
Informó sobre la puesta en marcha de un nuevo formulario de constancia provisoria de entrada de las actuaciones recibidas y de salida definitiva. Explicó que este instrumento permite contar con mayor precisión respecto a los detalles de la recepción y dejar asentadas las observaciones que pudieran detectarse al momento del procesamiento, con la consiguiente devolución.
Destacó que el proceso simplificado al que se encuentra sometida la sección intervenida comprende etapas bien definidas: recepción, verificación, registro y archivo. En ese sentido, una vez recibida la actuación, esta pasa a la etapa de verificación, que implica el control de sus formalidades externas, tales como número, sellos, firmas y fechas. Solo una vez superada dicha instancia sin observaciones se procede al registro y archivo definitivo.
Igualmente, informó sobre la liberación de la función relativa al registro inicial de las nuevas acciones planteadas en el sistema Judisoft. Al respecto, explicó que se dispuso la exoneración de la carga y registro inicial de las nuevas acciones promovidas ante los distintos juzgados de Paz en la plataforma Judisoft, trasladándose dicha responsabilidad a los actuarios encargados de las secretarías afectadas por la resolución mencionada.
Precisó que esta tarea incidía significativamente en el cumplimiento de las demás funciones asignadas a la Sección de Estadística Civil, sin una justificación actual suficiente, considerando que anualmente ingresaban aproximadamente 35.000 expedientes con ese único fin. Añadió que esta medida permitirá descongestionar el flujo de trabajo y concentrar mayores esfuerzos en las labores propias de la sección.