Un tribunal de sentencia de Caacupé condenó a un hombre a 23 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual, cuyas víctimas son sus hijas biológicas que entonces tenían 4 y 7 años de edad. El fiscal del presente caso es Christian Benítez.
De acuerdo al fallo del colegiado, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en la gravedad del caso registrado por lo que decidió condenar al acusado a la pena privativa de libertad de 23 años de cárcel.
De acuerdo a la investigación del caso, los hechos ocurrieron durante varios años entre el año 2013 y el 2023, en la localidad de Emboscada, departamento de Cordillera.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación de Cordillera el que tendrá que estudiar los argumentos de la defensa y resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o en su defecto deciden disponer la realización de un juicio oral y público.
En caso de que se confirme la sentencia, la defensa del condenado podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes tendrán la última palabra sobre si confirman la sentencia condenatoria.
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Felicita Estigarribia: después de dos décadas, avanza el caso que conmocionó al país
La causa por el asesinato de Felicita Estigarribia, uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la niñez en Paraguay, llegó finalmente a una instancia decisiva: 22 años después del crimen, el único acusado enfrentará un juicio oral y público por los hechos que estremecieron al país en 2004.
La apertura del juicio fue dispuesta por el juez Hilario Bustos, del Juzgado de Carapeguá, quien resolvió elevar la causa contra Fredy Antonio Florenciano Brítez, procesado por los presuntos hechos punibles de homicidio doloso y coacción sexual. La determinación representa un avance largamente esperado por los familiares de la víctima y por quienes durante años reclamaron justicia en un caso que marcó a toda una generación.
Durante la audiencia preliminar, las fiscalas María Isabel Arnold y Carina Sánchez, de la Unidad contra la Trata y la Explotación Sexual Infantil, ratificaron la acusación presentada por el Ministerio Público. Por su parte, la defensa del acusado se allanó a la acusación y no planteó incidentes, por lo que se dispuso la apertura del juicio oral. Las partes tendrán ahora un plazo de cinco días para comparecer ante el Tribunal de Sentencia que llevará adelante el proceso.
La resolución judicial llega después de más de dos décadas de espera, debido a que el principal sospechoso permaneció prófugo durante 21 años. Su detención, concretada el 9 de julio de 2025, permitió reactivar una investigación que durante mucho tiempo pareció destinada a quedar sin castigo.
Según la acusación fiscal, Felicita Estigarribia tenía apenas 11 años cuando fue asesinada el 31 de mayo de 2004. La niña se dedicaba a vender mandarinas en la ciudad de Yaguarón para ayudar a su familia. Aquel día salió de su casa como de costumbre, pero nunca regresó.
El caso generó una profunda conmoción nacional y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil. En su memoria, cada 31 de mayo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la elevación de la causa a juicio oral, la Justicia paraguaya se encamina a resolver uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas, en busca de una respuesta judicial que la familia de Felicita y la sociedad han aguardado durante más de veinte años.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.
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Caso Mathías: retiran la guarda al padre del menor, tras pesquisas por presunto abuso
La Justicia de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, confirmó este viernes que tras ser hallado sano y salvo, el niño Mathías fue entregado a su tía paterna y que le retiraron la guarda a su padre, porque saltaron denuncias de que habría mantenido una relación sentimental con su madre cuando esta tenía solo 13 años.
La medida fue tomada por defensora pública, Eva Carolina Medina, quien tras una investigación detectó el menor que desapareció por más de 36 horas habría sido concebido cuando su madre tenía solo 13 años, situación que es configurada como un presunto hecho de abuso sexual en niños.
Ante esta grave situación, Medina dispuso retirar la guarda del menor a su padre, y desde la fecha la protección como el cuidado del niño se le otorgó de manera provisoria a una tía paterna. El caso de abuso sexual contra la madre del menor ya fue remitido ante el Juzgado.
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Los antecedentes que fueron recabados en lo que duró la localización y contención del niño, ya fueron presentados ante el Ministerio Público e iniciaron las investigaciones penales correspondientes para determinar las responsabilidades legales del entorno. De esta forma el caso vuelve a quedar bajo revisión.
El pequeño Mathías, de solo 2 años, desapareció el pasado miércoles en la Colonia Kokue Pyahu, donde reside con sus abuelos. Tras una larga búsqueda y luego de unas 36 horas, fue encontrado a unos 10 kilómetros de la casa de sus abuelos maternos ubicado en el asentamiento Kokue Pyahu.
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Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus hijastras
Un tribunal de sentencia de Cordillera condenó a 23 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños y adolescentes y abuso sexual en niños bajo tutela.
La agente fiscal, María Lucia González, ha demostrado en juicio oral y público la autoría del hoy condenado en el grave hecho registrado.
De acuerdo a lo señalado por los jueces de sentencia, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del procesado en los hechos acusados mediante elementos de prueba que sustento la acusación fiscal sobre los delitos sentenciados.
Asimismo, la agente fiscal presentó declaraciones de las afectadas, actas de Cámara Gesell, evaluación sicológica, y evidencias cuya conclusión fue la condena a prisión para el padrastro.
Estos hechos ocurrieron en la ciudad de Mbocayaty del Yhaguy, departamento de Cordillera, en una vivienda donde residían el hoy condenado con sus hijastras de 15 y dos niñas de 13 años de edad.
Ahora, la defensa tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien tendrá la última palabra si confirma la sentencia condenatoria o decide que se vuelta a realizar un nuevo juicio oral y público.
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