El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del ex fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, quienes fueron juzgados por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Con la presente determinación adoptada en segunda instancia, se debe realizar un nuevo juicio oral y público.

Los miembros del Tribunal de Apelación en mayoría anularon la resolución del tribunal colegiado debido a la falta de fundamentación de la sentencia dictada por los magistrados. El camarista Fernández en su voto sostuvo que “es notoria la falta de fundamentación de la sentencia de los jueces que juzgaron el caso, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, indicaron.

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Por su parte, la camarista Bibiana Benítez señalo en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.

Mientras que el camarista Delio Vera Navarro votó por confirmar la absolución de culpa y pena de Díaz Verón y su esposa.

El Tribunal de Sentencia conformado por Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez, había decido absolver de culpa y pena a Javier Díaz Verón, exfiscal general del Estado, y a su esposa, María Selva Morínigo, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, por unanimidad y certeza absoluta. Esto, porque no se ha podido comprobar la responsabilidad de los mencionados en los hechos investigados.

Díaz Verón y su esposa fueron acusados por supuestamente no poder justificar la suma de G. 10.495.174.320 entre los ingresos y egresos de los años 2008 y 2017. A esto se suma, según los fiscales, que se intentaron ocultar los bienes a través de su esposa.

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