El fiscal Carlos Germán Ramírez formuló imputación contra Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal. Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.
Dejanos tu comentario
Encarnación: investigan el caso del crimen durante supuesta transacción de compraventa de oro
Avanza la investigación del violento robo agravado ocurrido en el barrio Santa María de Encarnación, donde dos personas fueron asesinadas cuando intentaban comprar supuestamente oro y una de las víctimas sobrevivió.
El comisario Javier Flores, director nacional de Investigaciones, brindó detalles del avance de las pesquisas.
Mencionó que los nuevos investigados en el caso son tres ciudadanos extranjeros. “Estamos hablando de dos femeninas y un masculino, quienes también están siendo indagados en su situación migratoria dentro del país. Creo que dos de ellas son pareja y uno, hijo de una de ellas”, expresó el jefe policial en declaraciones a C9N.
Los demás sospechosos de estar involucrados en el crimen ya están privados de su libertad a disposición de la Justicia y “tienen muchos elementos que comprometen su actuar”, expresó el comisario Flores.
La hipótesis más fuerte que manejan es que emboscaron a las víctimas bajo una supuesta venta de oro para robarles el dinero.
“Nunca fue intención de llevar adelante una transacción comercial, sino echarlos en una emboscada y acabar con la vida de los mismos. Según manifestó esta persona que sobrevivió son G. 370 millones”, refirió.
Sin embargo, aún no encontraron la mochila con dicha suma ni las armas utilizadas en el atraco.
Por otra parte, se refirió a evidencias incautadas. “Prendas de vestir que nosotros creemos eran las utilizadas en el momento de cometer el homicidio y alzar a sus víctimas como al ser trasladas al lugar donde fueron ejecutadas”, indicó.
Te puede interesar: Encontraron al adolescente con TEA desaparecido en Canindeyú
También se levantaron elementos técnicos como elementos de comunicación. “Hay que tener en cuenta que el ciudadano español, al percatarse de que estaba siendo perseguido por la Policía, intentó despojarse de su elemento de comunicación, procedió a destruirlo prácticamente, pero será analizado nuevamente. Creemos que vamos a tener más información referente a los lugares donde ha recorrido”, apuntó.
El hombre que sobrevivió al ataque mencionó a los intervinientes que llegó a ellos el ofrecimiento para realizar una transacción comercial supuestamente para adquirir oro.
“Ellos se organizaron, son tres parientes, la persona que sobrevivió perdió a un hermano y a un primo. Ellos se organizaron y se trasladaron hasta esta parte del país para realizar esta operación, en donde ellos tendrían un pequeño margen de ganancia. Ellos traían una fuerte suma de dinero”, refirió.
Añadió que los supuestos autores habrían actuado con alevosía. “Nosotros creemos que desde un primer momento lo que querían estos dos extranjeros era embaucarlos y apoderarse del dinero y lastimosamente procedieron a ejecutar a sus víctimas”, expresó.
Utilizaban videos de supuestos lingotes para embaucar a sus eventuales víctimas. “El material hallado guarda similitud, pero no tiene ningún tipo de valor. Ellos utilizaban esto justamente para embaucar a sus eventuales víctimas”, precisó el uniformado.
Leé más: Conmoción y dolor en el último adiós a Rosalín Florentín
Dejanos tu comentario
Crimen de Roselín: Fiscalía imputó a tres personas por homicidio doloso
Los fiscales Carlos Germán Ramírez y Laury Rosana Vázquez presentaron imputación contra dos adolescentes y un joven de 21 años por el homicidio de Roselin Florentín Gómez, la adolescente de 14 años asesinada el 31 de julio en un tajamar de Caazapá y posteriormente desmembrada y enterrada.
Ahora se deberá admitir la imputación y citar a los investigados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los sospechosos estarán privados de libertad así como pidió el Ministerio Público en su acta de imputación. Para los fiscales, existen suficientes elementos recolectados para tomar esta decisión.
Roselín Florentín Gómez pidió permiso a sus padres para ir a un encuentro que se realizaría en su colegio. Con esta licencia, la adolescente salió de su casa caminando el viernes 31 de julio a las 13:30. La joven llegó hasta un punto en el que se encontró con otra adolescente que la recogió en una motocicleta. Las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad captaron ese momento, pero no la continuación, por lo que se desconoce a dónde fueron en ese momento.
Se investigó quién la llevó en la moto y se identificó a una compañera de colegio. La Policía llegó hasta el domicilio de la adolescente, quien dio varias versiones y cayó en contradicciones. Inicialmente, aseguró que llevó a Roselín hasta un punto que no coincidía con las imágenes obtenidas. Ante la insistencia, dio los nombres de otras personas que también estuvieron con la víctima. Con esto se procedió a realizar otros allanamientos.
El joven de 21 años, Danilo Germán Rodríguez, inicialmente dijo que la adolescente se ahogó en un tajamar y dio indicaciones de buscar su cuerpo allí. Sin embargo, finalmente confesó dónde enterró los restos.
“Dijeron que se cayó al tajamar y se murió ahí, pero que después le llevaron a ese lugar (casa de la abuela del joven de 21) para enterrarle, contaron que les asustó que se haya ahogado y que no midieron los hechos posteriores”, señalaron los investigadores.
Podés leer: Policía captura a pareja de “macheteros” que asaltaba a vecinos en Lambaré
Dejanos tu comentario
Areguá: capturan a sospechoso de transferir G. 350 millones de cuenta de sanatorio y a otra persona
Este viernes, la Policía Nacional de Areguá localizó y detuvo a un hombre que habría recibido G. 350 millones tras vulnerar la cuenta bancaria del Sanatorio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. El hombre también fue denunciado por otra persona de quien se transfirió G. 6 millones.
Según el reporte policial, la aprehensión de esta persona se logró en plena vía pública del barrio Villa Salvador de la ciudad de Areguá, donde se detuvo a Joaquín Andrés Duarte Ojeda, quien estaba siendo investigado luego de que se transfirió la suma de 350 millones de guaraníes de la cuenta bancaria de un sanatorio que habría sido hackeado.
“Esta personas era buscada por la vulneración de una cuenta bancaria y es investigada por supuesto hecho punible de estafa mediante delitos informáticos”, expresó el comisario Oscar Olmedo Lesmo, jefe de gabinete de delitos económicos, en entrevista con el corresponsal de Nación Media.
Lea también: Embajada de Israel entregó equipos médicos a hospital de Itacurubí del Rosario
Indicó que el gerente del sanatorio constató el faltante de dinero y al corroborar se pudo verificar que se realizó primeramente una transferencia de G. 250 millones a nombre de Duarte Ojeda y luego se volvió a realizar la transacción por valor de 100 millones de guaraníes.
“También se recibió la denuncia de otra persona de quien fue vulnerada su cuenta y la víctima se dio cuenta de que se realizó una transferencia de G. 6 millones que no había autorizado. Justamente cayó en la cuenta de Joaquín Andrés Duarte Ojeda”, resaltó.
Confirmó que todo lo actuado se comunicó al Ministerio Público desde donde se dispuso su traslado del detenido hasta el Departamento de Delitos Económicos de Ciudad del Este. Así también, se labró acta del procedimiento y se realizó el diagnóstico médico del sospechoso en el Hospital Distrital de Areguá.
Te puede interesar: Policía captura a pareja de “macheteros” que asaltaba a vecinos en Lambaré
Dejanos tu comentario
Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.