María Edith Franco y su esposo, padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por supuesta intoxicación de flúor se encadenaron frente al Palacio de Justicia exigiendo que la Cámara de Apelación integrada por Delio Vera Navarro, Jesús Riera y José Waldir Servín, confirme las condenas de 4 y 3 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.
La madre de Sol Chávez señaló: “Estamos nuevamente de vuelta después de casi un mes del último juicio oral para las condenadas Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa y como ellas apelaron, ahora estamos esperando que se confirme la sentencia condenatoria”.
Agregó que “ya se tiene tribunal de apelación para que estudien la apelación de las dos condenadas y nosotros esperamos que se confirme la sentencia dictada hace semanas”.
El pasado 19 de mayo, en un tercer juicio oral y público sobre la pena, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, había condenado a las acusadas a las citadas penas.
Esto fue recurrido por las defensas de las procesadas, no así por la querella adhesiva y por la representante del Ministerio Público, con lo que se dio trámite y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal de Apelación Penal.
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Caso helicópteros: Riera recuerda que en 11 años Filizzola nunca compareció ante juez
El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola, está chicaneando ante la Jusicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del procesado por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicopteros para la Policía Nacional.
Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.
Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba Hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicopteros no volaban porque no servía. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.
“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.
El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicopteros de la Policia Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.
Perjuicio patrimonial
Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.
A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.
La salida procesal no se dio porque Filizzola demostró su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo.
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MEC: directores se embarcan en campaña preventiva contra las drogas y violencia en colegios
Directores de instituciones educativas públicas promueven campaña preventiva contra las drogas, a través de un programa que contempla charlas con los padres de familia y estudiantes sobre violencia juvenil, consumo de estupefacientes y sus consecuencias sociales y legales.
“El objetivo es fortalecer el vínculo familiar y generar un mayor acompañamiento a los jóvenes en cuanto a esta etapa de curiosidad y experimentación”, puntualizó el profesor Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), en diálogo con la 680. Asimismo, mencionó la importancia del deporte y las actividades formativas como herramientas de prevención.
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“Mantener ocupados a los jóvenes con prácticas deportivas, formación profesional y actividades de contención ayuda a alejarlos de las adicciones y otros factores de riesgo”, sentenció.
Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Sindicato Nacional de Directores en el marco del Plan Sumar, enfocado en la prevención.
“Los directores son claves para el éxito de estas acciones, ya que muchas veces el entorno escolar se convierte en el principal lugar de apoyo para estudiantes que atraviesan situaciones difíciles”, apuntó el titular del MEC.
El Plan Sumar es una estrategia impulsada por el Gobierno para abordar el consumo problemático de sustancias, centrándose no solo en la desintoxicación sino también en la reinserción social y el aumento de la autoestima de los jóvenes, fundamentales para prevenir la reincidencia
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Asesinan a un hombre frente a una bodega en el barrio Republicano
La Policía Nacional se encuentra investigando un homicidio ocurrido en el barrio Republicano de Asunción. La víctima fatal es un hombre de 39 años de edad. Se reportó el hecho frente a una bodega.
La víctima fue identificada como Luis César Ríos González, de 39 años de edad, quien, según testigos, se encontraba sentado frente al local comercial cuando fue ultimado por cuatro hombres.
Tras perpetrar el hecho, los cuatro sujetos se dirigieron hacia la zona conocida como Caracolito, zona baja, y hasta ahora no se sabe nada al respecto.
Los registros de la Policía Nacional indican que la víctima no posee antecedentes y se encuentran analizando imágenes de circuito cerrado para poder identificar a los autores del crimen. De manera preliminar, los intervinientes señalan que, por las características del hecho, podría tratarse de un ajuste de cuentas, según lo que mencionaron testigos presenciales del hecho.
Mientras las investigaciones avanzan, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial para una inspección por parte del médico forense. Igualmente el Ministerio Público ya intervino el suceso y seguirá de cerca la investigación y cuando se logre identificar a los presuntos autores se tendrá que presentar la imputación.
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Justicia habilitó cuenta para embargar bienes de banco Atlas
Se advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas.
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa n.º 06/2021 Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL BANCO
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera, advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
NO EXISTE PERSECUCIÓN
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó. Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito.
Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas. Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz.
Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.