María Edith Franco y su esposo, padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por supuesta intoxicación de flúor se encadenaron frente al Palacio de Justicia exigiendo que la Cámara de Apelación integrada por Delio Vera Navarro, Jesús Riera y José Waldir Servín, confirme las condenas de 4 y 3 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.
La madre de Sol Chávez señaló: “Estamos nuevamente de vuelta después de casi un mes del último juicio oral para las condenadas Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa y como ellas apelaron, ahora estamos esperando que se confirme la sentencia condenatoria”.
Agregó que “ya se tiene tribunal de apelación para que estudien la apelación de las dos condenadas y nosotros esperamos que se confirme la sentencia dictada hace semanas”.
El pasado 19 de mayo, en un tercer juicio oral y público sobre la pena, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, había condenado a las acusadas a las citadas penas.
Esto fue recurrido por las defensas de las procesadas, no así por la querella adhesiva y por la representante del Ministerio Público, con lo que se dio trámite y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal de Apelación Penal.
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“No podemos permanecer en silencio ante un hecho tan atroz”, sostiene Arzobispado de Asunción
La sociedad no puede permanecer en silencio ante un hecho tan atroz, sostiene el Arzobispado de la ciudad de Asunción sobre el crimen de la niña ocurrido el lunes en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá).
“Alzamos la voz para clamar justicia. No puede haber verdadera paz mientras crímenes tan crueles no sean esclarecidos ni castigados con todo el peso de la ley”, señala el comunicado.
La autoridad de la Iglesia Católica sostiene que el Estado tiene la obligación moral y legal de proteger a los más vulnerables, los más indefensos y desprotegidos.
“Como Iglesia renovamos nuestro compromiso de cuidar, educar y denunciar toda forma de violencia, amenaza o abuso, sobre todo cuando se ensañan con los más pequeños”, dice el documento.
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La postura del Arzobispado concluye con continuar trabajando en unidad por una sociedad donde los niños puedan crecer en paz, protegidos, cuidados y amados.
En la noche del lunes se encontró el cuerpo sin vida de M. M. R. D., una niña de 11 años. Presentaba evidentes signos de violencia sexual y estrangulamiento. El hallazgo se produjo en medio de un yuyal, situado a unos 200 metros de la vivienda de la víctima, en la comunidad de Isla Saka (Yegros).
El sospechoso, identificado como Marcelo Giménez Duarte, ya está detenido. El mismo negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
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Uruguay: fundador de fondo ganadero irá a prisión por estafa
La justicia uruguaya envió ayer jueves a prisión preventiva a uno de los fundadores de Conexión Ganadera, un fondo de inversión en ganado que colapsó y dejó impagos por cientos de millones de dólares a miles de personas. La caída del fondo, muy popular y con gran reputación en Uruguay, se sumó al colapso el año pasado de otras dos firmas que ofrecían similares alternativas de inversión.
En Uruguay, un país ganadero por excelencia, estas empresas ofrecían altas rentabilidades a los inversores. Su caída dejó a unas 7.000 personas damnificadas, según cifras preliminares. “Se dispuso una medida cautelar de prisión preventiva para Pablo Carrasco, hasta el 10 de febrero", señaló Javier Benech, director de comunicación de la Fiscalía, tras más de cinco horas de audiencia en la que también se imputó al empresario por estafa y lavado de activos.
La justicia también dictaminó la formalización -es decir la investigación formal- de la esposa de Carrasco, Ana Iewdiukow, y de Daniela Cabral, viuda del otro socio fundador del fondo, Gustavo Basso, fallecido en un accidente de tránsito en noviembre de 2024 cuando aún no se conocía la posición deficitaria de la empresa.
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Ambas están acusadas de estafa por su participación en los negocios de la empresa y deberán cumplir arresto domiciliario, con portación de dispositivo electrónico de rastreo, también hasta el 10 de febrero. Con las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva de Carrasco, la fiscalía busca evitar que los acusados entorpezcan los próximos pasos de la investigación y eliminar el peligro de fuga, dado el alto poder adquisitivo que ostentan.
La Justicia dispuso el embargo de inmuebles y vehículos de los acusados por 16 millones de dólares, una cifra menor comparada con los 250 millones de dólares en que se estima el faltante del fondo ganadero.
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“La gente lo llama estafa, pero es un robo, a nosotros nos robaron los ahorros”, dijo a la AFP Silvia Bello, una uruguaya residente en Miami afectada por la caída de la empresa, quien protestó junto a una veintena de personas en la puerta del juzgado. “Aún no se sabe dónde está todo el dinero”, aseveró el fiscal del caso, Enrique Rodríguez.
Además de Conexión Ganadera, también quebraron los fondos República Ganadera y Grupo Larrarte. El sector ganadero, que incluye la producción de carne, subproductos y lácteos, es uno de los motores principales de la economía de Uruguay, un país de unos 3,5 millones de habitantes que en 2023 contaba con un rodeo de casi 12 millones de cabezas de ganado bovino.
Fuente: AFP.
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Subastan bienes del Colegio de Escribanos ante deuda multimillonaria con la Corte
La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.
Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.
Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.
La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.
Juicio de rendición de cuentas
En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.
Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.
La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.
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Funcionarios municipales se movilizan frente al Palacio de Justicia
Una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se moviliza este lunes frente a la sede del Poder Judicial en rechazo a la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil.
Los manifestantes reclaman declarar inconstitucional la legislación que modifica contratos colectivos de trabajo del personal municipal. La Policía llegó hasta el sitio para resguardar el edificio del Palacio de Justicia ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.
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“Nosotros hoy solicitamos la resolución AI de suspensión de los efectos, en otras palabras se le conoce como medida cautelar también. Eso es lo que vamos a aguardar y estamos esperando que tanto los que conforman la sala constitucional que es el ministro César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos se expidan al respecto”, dijo el abogado Óscar Pereira, representante de los funcionarios.
La acción de inconstitucionalidad también cuenta con el patrocinio de los abogados Raúl Mongelós, Eduardo Pérez Avid y Juan José Bernis. “El día de la fecha se presentó porque a partir de hoy causa agravio esta ley porque se promulgó el 14 de enero y entra en vigencia seis meses después que es hoy”, puntualizó.
Explicó que la acción de inconstitucionalidad promovida es contra tres leyes “que perjudican a los funcionarios municipales”. “Hoy estamos representando a diez mil funcionarios que están viniendo de a poquito acá. Hemos hecho cinco puntos de encuentro y estamos centrándonos acá frente al Poder Judicial”, expresó.
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