María Edith Franco y su esposo, padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por supuesta intoxicación de flúor se encadenaron frente al Palacio de Justicia exigiendo que la Cámara de Apelación integrada por Delio Vera Navarro, Jesús Riera y José Waldir Servín, confirme las condenas de 4 y 3 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.
La madre de Sol Chávez señaló: “Estamos nuevamente de vuelta después de casi un mes del último juicio oral para las condenadas Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa y como ellas apelaron, ahora estamos esperando que se confirme la sentencia condenatoria”.
Agregó que “ya se tiene tribunal de apelación para que estudien la apelación de las dos condenadas y nosotros esperamos que se confirme la sentencia dictada hace semanas”.
El pasado 19 de mayo, en un tercer juicio oral y público sobre la pena, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, había condenado a las acusadas a las citadas penas.
Esto fue recurrido por las defensas de las procesadas, no así por la querella adhesiva y por la representante del Ministerio Público, con lo que se dio trámite y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal de Apelación Penal.
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Padres de Sol Chávez exigen celeridad en la ejecución de condenas a odontóloga y bioquímica
Los padres de María Sol Chávez exigen la rápida ejecución de las condenas dictadas contra la odontóloga y la bioquímica vinculadas a la muerte de su hija. Ambas fueron sentenciadas tras pruebas contundentes y veredictos ratificados, pero aún en el marco de instancias judiciales que podrían dilatar el cumplimiento de la sentencia.
María Edith Chávez, madre de la joven fallecida, expresó con voz firme: “Nosotros vamos a estar acá porque tenemos que cumplir nuestra misión, que es honrar la vida de nuestra hija. Y continuar acá hasta el último día”, dijo en contacto con la 780 AM.
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Antecedentes
En mayo de 2025, en el tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia condenó a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza a 4 años de cárcel y a la bioquímica Sandra Hermosa a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Sol Chávez, quien falleció por intoxicación con flúor. Recientemente, el Tribunal de Apelación ratificó esas condenas, desestimando los recursos presentados por las defensas.
El reclamo de la familia se da en un contexto donde, pese a las resoluciones firmes, persiste la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, lo que podría retrasar la ejecución de las penas. Los padres, conscientes de esta situación, insisten en que ese recurso no debe convertirse en un obstáculo para que se cumpla lo que ya dictaron los tribunales.
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El dolor de la pérdida se traduce en una exigencia pública. “Honrar la vida de nuestra hija”, insiste la madre, subrayando que el cumplimiento efectivo de la sentencia es parte de ese homenaje. La vigilia frente al Palacio de Justicia refleja tanto la espera como la firme determinación de que cada día cuenta.
Además, la familia ha buscado visibilidad a través de protestas pacíficas, encadenándose para mantener el reclamo vigente. Su lucha ya no es solo un acto de justicia individual, sino una voz que interpela al sistema judicial para que actúe sin demoras.
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Caso Sol Chávez: ratifican condenas de 4 y 3 años de cárcel a bioquímica y odontóloga
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 4 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, enjuiciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió por intoxicación por flúor.
En el mes de mayo, en un tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, condenó a Espinoza y Hermosa.
El Ministerio Público pidió 5 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión de odontóloga y bioquímica.
Los padres de Chávez se habían encadenado frente al Poder Judicial exigiendo Justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
Por su parte, la madre de la joven Sol Chávez sostuvo que “recibimos la noticia que el Tribunal de Apelación confirmó las condenas dictadas por un Tribunal de Sentencia contra las dos personas condenadas por el fallecimiento de mi hija”.
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Tras largas chicanas, Justicia retoma proceso contra Prieto
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación
que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.
“MONTÓN DE INCIDENCIAS”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
TRES CANDIDATOS
La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.
Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.
La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.
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Afinan los detalles para la realización del 180° Periodo de Sesiones de la Corte IDH
Con gran diligencia y entusiasmo se desarrolló hoy en el octavo piso del Palacio de Justicia, la reunión preparatoria para la organización de las labores a tendientes a ser desplegadas por el capital humano designado y logística en general.
“Con miras al 180º Período de Sesiones de la Corte IDH, en de la Sala de Conferencias esta mañana se realizó una reunión preparatoria”, indicó la directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Nury Montiel.
La referente encabezó el encuentro puntualizando detalles a tener en cuenta para la óptima realización del evento con la calidad que demanda, ya que se espera la llegada al país de magistrados y expertos internacionales en la materia.
Según indicó, Montiel comentó a los participantes sobre la agenda tentativa de los visitantes, además de los detalles logísticos y técnicos previstos para el desarrollo del evento, a fin de poner a conocimiento todas las acciones que serán necesarias.
Presentes
También estuvieron presentes la jefa de Gabinete de la Presidencia, abogada Cynthia Rico, y el secretario del Consejo de Superintendencia de la CSJ, abogado Alex Almada, quienes señalaron a los funcionarios que formarán parte de la logística del evento las consideraciones que se tendrán en cuenta sobre la participación activa de los mismos.
Formaron parte del encuentro:
- la licenciada Rosa Szarán, directora general de Capital Humano
- la licenciada Rocío Orzuza, directora de Administración y Control de Personal
- la abogada Viviana Mongelós, directora de Protocolo y Ceremonial
- funcionarios de las oficinas a sus cargos
- juzgados
- bienestar del Personal, licencias, planificación y desarrollo
El evento, previsto del 22 al 26 de septiembre en el Palacio de Justicia de Asunción, congregará a magistrados y expertos internacionales en DD.HH. para el análisis de casos y la realización de actividades institucionales de alto impacto regional.
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