María Edith Franco y su esposo, padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por supuesta intoxicación de flúor se encadenaron frente al Palacio de Justicia exigiendo que la Cámara de Apelación integrada por Delio Vera Navarro, Jesús Riera y José Waldir Servín, confirme las condenas de 4 y 3 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa.
La madre de Sol Chávez señaló: “Estamos nuevamente de vuelta después de casi un mes del último juicio oral para las condenadas Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa y como ellas apelaron, ahora estamos esperando que se confirme la sentencia condenatoria”.
Agregó que “ya se tiene tribunal de apelación para que estudien la apelación de las dos condenadas y nosotros esperamos que se confirme la sentencia dictada hace semanas”.
El pasado 19 de mayo, en un tercer juicio oral y público sobre la pena, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, había condenado a las acusadas a las citadas penas.
Esto fue recurrido por las defensas de las procesadas, no así por la querella adhesiva y por la representante del Ministerio Público, con lo que se dio trámite y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal de Apelación Penal.
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Viuda apeló resolución que archivó denuncia y exige justicia por despojo de costoso inmueble en San Pedro
Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.
Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.
El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.
La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.
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Se entregó la química farmacéutica condenada por la muerte de Sol Chávez
Este miércoles se entregó la segunda condenada por la muerte de María Sol Chávez. Se trata de la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, quien se presentó esta mañana ante la Comisaría 12.ª de Asunción y quedó detenida. La misma preparó la receta prescripta por la odontóloga.
Luego de presentarse en la sede policial, la mujer será trasladada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, para coordinar los trámites correspondientes para su posterior reclusión. Es la segunda condenada en el caso de la muerte ocurrida el 9 de abril de 2021 por una sobredosis letal de flúor. Hermosa recibió una condena de 3 años de cárcel.
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La odontóloga
La otra implicada, la odontóloga Lilian Graciela Espinoza de Rodríguez (60), se entregó ayer martes en la Comisaría 13° de Itá Enramada, donde quedó detenida. La doctora fue sentenciada a 4 años de prisión por prescribir el medicamento, lo que fue calificado como homicidio culposo.
La especialista había prescripto el consumo de 2 gramos de flúor por día durante 14 días. El primer consumo de la dosis indicada por la profesional le produjo un fallo multiorgánico fulminante a la paciente María Sol Chávez, que falleció el 9 de abril de 2021.
La condena fue dictada en mayo del año 2025, pero, desde entonces, las sentenciadas presentaron varios incidentes que impidieron el cumplimiento. Sin embargo, la condena ahora quedó firme y ambas deberán ir a la cárcel.
“Para nosotros, es un día de gloria en nombre de nuestra hija María Sol; de alguna manera, un poco de justicia, porque nada me va a devolver a mi hija y el dolor de su ausencia para mí es eterno”, dijo María Edith Franco de Chávez, madre de la víctima, al canal GEN.
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Padres de María Fernanda piden la pena máxima para los acusados del horrendo crimen
Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.
“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.
Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.
Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.
Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.
Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.
Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.
Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.
Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.
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Espacio Reservado: INDUFAR C.I.S.A. hace pública la situación por la que está atravesando
Mediante un comunicado dirigido a sus clientes, gremios de la industria nacional y público en general, INDUFAR C.I.S.A., “de manera clara y transparente”, hace pública la situación por la cual está atravesando, considerando relevante que la misma sea conocida por todos, según sostienen.
¿Qué está pasando?
“INDUFAR C.I.S.A., incluidos directivos y gerentes, ha sido objeto de una cadena de actos, premeditadamente estructurados, destinados a intimidarle y ejercer fuerza de manera a que renuncie a sus derechos que, legítimamente, le corresponden en una relación puramente comercial dentro del ámbito del derecho privado”, señalan.
Sostienen además, que “dichos actos buscan instrumentar al Ministerio Público y al Poder Judicial de la circunscripción judicial del Alto Paraná, para -insistimos- forzar a que INDUFAR C.I.S.A. ceda sus legítimos intereses que contractualmente y en derecho, le corresponden”.
Lo que demuestran los hechos
Desde la empresa sostienen que “un juzgado civil de Asunción rechazó in límine todas las pretensiones de BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. planteadas en un pedido de medidas cautelares. A pesar de ello, buscaron una Justicia complaciente a sus intereses y presiones, y la encontraron en la jueza Victoriana Cáceres, jueza Civil de Ciudad del Este, quien hizo lugar a las mismas medidas rechazadas en Asunción, dictando una medida cautelar arbitraria y desprovista de fundamento, no ajustada a las reglas procesales. Este proceder está fuera del derecho”.
Agregan que: “Igualmente, en la misma jurisdicción del Alto Paraná, ´penalizaron´ el mismo contrato comercial y realizaron denuncias infundadas, por estar basadas en cuestiones civiles y comerciales, no obstante, encontraron eco en la agente fiscal de Hernandarias, Natalia Montanía, territorialmente incompetente y el juez de Garantías Nelio Prieto de Ciudad del Este.
En dichos casos “INDUFAR C.I.S.A., iniciará la acusación formal por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para la remoción de dichos servidores públicos, como así también la denuncia penal por prevaricato ante el Ministerio Público”.
El punto mas grave
Desde INDUFAR aseguran que “lo mas preocupante, es que dichos actos buscan evitar que la cuestión sea sometida al arbitraje, que fue pactado como medio de solución de disputas entre las partes. Es así que la arbitraria medida cautelar mencionada caducó de pleno derecho, al vencer el plazo de 10 días corridos, sin que el actor, BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A., haya dado inicio al arbitraje, tal como lo manda el art. 26 de la Ley 7561/2025.
“La jueza Gabriela Ramírez, consecuentemente, declaró la caducidad operada ya de pleno derecho de esas medidas y levantó las mismas. Hoy, la jueza Gabriela Ramírez fue denunciada ante el Ministerio Público, por cumplir la ley”, sostienen.
El documento también menciona que “BEM ESTAR CLÍNICA ESTÉTICA S.A. evita el arbitraje, porque él no le permitirá ejercer la misma presión que está ejerciendo sobre la Justicia de Ciudad del Este. Sabe que no tiene ningún reclamo, jurídicamente sostenible, en contra de INDUFAR C.I.S.A.”.
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Sobre INDUFAR C.I.S.A.
INDUFAR C.I.S.A. es una empresa líder en su rama industrial, con mas de 50 años al servicio del país. Forma parte de los grandes contribuyentes del Estado. Emplea a cerca de 1200 trabajadores, y beneficia por tanto, a aproximadamente 5000 personas, sin contar el enorme mercado de farmacias y distribuidoras que son beneficiadas con la comercialización de sus productos.
Es parte de gremios de la producción, como la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA).
Compromiso
“En INDUFAR C.I.S.A. actuamos con responsabilidad, transparencia y compromiso absoluto con la salud de las personas. Nuestros clientes y usuarios, tengan la tranquilidad de que esta situación no afecta la calidad, la producción ni el abastecimiento de nuestros productos. Seguimos trabajando con normalidad y con el mismo compromiso de siempre”, expresan.
Además: “INDUFAR C.I.S.A. exige seguridad jurídica y la vigencia plena de un estado de derecho, en el que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados velen por el fiel cumplimiento de las normas jurídicas y que en todos los casos, la justicia actúe con independencia”.