La agente fiscal Diana Gómez presentó acusación y solicitó que la causa penal se eleve a juicio oral y público el caso que enfrenta el empresario Luis Augusto Montanaro, quien presuntamente compartió imágenes y videos de carácter íntimo-sexual sin consentimiento de la víctima, a través de distintas plataformas. La acusación fiscal es por lesión del derecho a la comunicación y la imagen.
Ahora la jueza de Garantía, Alicia Pedrozo, deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar en la que se tendrá que estudiar si corresponde que el presente caso se eleve a un juicio oral y público.
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Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento, imágenes sexuales, además de producir y transmitir material violando la intimidad de las personas en el caso conocido como Duck sex game.
Juicio oral de Montanaro
Semanas atrás la jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Asimismo, el colegiado deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.
En su momento, el fiscal Federico Delfino presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción en la que la víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por la cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
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Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
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Hombre fue acusado por intento de homicidio: apuñaló a su expareja y a un inquilino
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La agente fiscal Carolina Rosa Gadea, titular de la Unidad Penal 5 e interina de la Unidad Penal 8 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, presentó acusación contra Milciades Gauto Ovelar, de 44 años, por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, de su expareja y de un inquilino que la defendió.
El hecho judicializado ocurrió el 15 de mayo de 2024, alrededor de las 13:30, cuando el acusado ingresó a la vivienda de su expareja, Justina Barrios Caballero, en el barrio Obrero de Ciudad del Este. Luego, atacó a la víctima con un cuchillo de carnicería, aplicándole cuatro estocadas en el tórax y el abdomen.
Arecio Fabián Colmán López, inquilino de la propiedad, intervino durante la agresión para intentar defender a la mujer, pero también resultó herido al recibir dos estocadas de arma blanca en el abdomen y una tercera cuando intentaba huir hacia la vía pública.
Agentes policiales incautaron en la casa un cuchillo de carnicería con mango de plástico, color negro, de 13 centímetros y una hoja metálica de 20,5 centímetros.
De acuerdo con los informes médicos, Justina Barrios fue diagnosticada con traumatismo penetrante de tórax y abdomen por arma blanca, mientras que Arecio Fabián Colmán López sufrió trauma penetrante de abdomen con evisceración grado 3.
La acusación sostiene que la conducta de Gauto Ovelar configura tentativa de homicidio doloso en calidad de autor, siendo sustentadas con las evidencias colectadas y el testimonio de la víctima mujer, quien relató que había recibido constantes amenazas de muerte por parte del acusado, desde la ruptura de la relación.
El Ministerio Público considera que se hallan plenamente probados los hechos y solicita la elevación de la causa a juicio oral y público. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
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La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
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