La fiscal Alicia Fernández confirmó que Blas Ramón Serafini Báez, de 23 años, señalado como el presunto autor del triple homicidio de su expareja, su hijastra y su suegra el pasado fin de semana en la ciudad de Capiatá, fue imputado por homicidio y abuso sexual en niños. El Ministerio Público pidió su prisión preventiva.
Serafini Báez se habría presentado ante la Fiscalía para la audiencia indagatoria pero se abstuvo de declarar aconsejado por la defensoría pública, esto tras aceptar la autoría del hecho y de manifestar que habría estado intoxicado en el momento del crimen.
“Tenemos la imputación por el homicidio de la señora Ana Liz de 36 años, de la niña Yulice, de 12 y la abuela Magdalena de 80 años; los tres casos se caratulan como feminicidios y abuso sexual en niños son los cargos. Este hombre está detenido y se solicitó la prisión”, indicó la fiscal en conversación con la 1020 AM.
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En cuanto al cargo de abuso a menores, señalo que si bien los resultados de la pericia y la inspección forense arrojaron signos inespecíficos de abuso, de igual manera es obligación del Ministerio Público abrir una investigación en torno a este hecho para dilucidar lo ocurrido.
La representante fiscal expresó que a partir de hoy serán llamados también a declarar múltiples testigos, ya que se cuenta con información de que habrían existido varios actos de violencia y discusiones entre la pareja antes de que se diera el homicidio.
Así también, precisó que Serafini Báez se expone en el caso de los feminicidios a una pena de entre 10 y 30 años más medidas de seguridad, remarcando que, de encontrarlo culpable, solicitaron la pena máxima atendiendo a la magnitud del crimen.
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Rechazan arresto domiciliario para conductor ebrio que mató a un joven y decretan prisión preventiva
El juez penal de Garantías Ronald González decretó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez (37), el conductor ebrio que atropelló un automóvil estacionado en un semáforo causando la muerte de un adolescente de 17 años. El magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de concederle arresto domiciliario.
El accidente de tránsito ocurrió el fin de semana sobre la avenida Mariscal López frente a un conocido shopping de San Lorenzo. Romero Gómez conducía una camioneta Audi Q7 que impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil Toyota IST que se encontraba detenido ante el semáforo.
Como consecuencia del choque falleció Matías Eduardo González Chávez, quien viajaba como acompañante en el automóvil. Iba a cumplir la mayoría de edad este jueves 5 de noviembre. Otros dos jóvenes que se encontraban en el vehículo resultaron heridos.
El hombre, abogado de profesión, fue imputado por la fiscal Mirta Rivas por homicidio culposo y exposición el peligro en el tránsito terrestre. Sin embargo, familiares del fallecido y de los demás lesionados, solicitaron a través de su defensor el cambio de carátula de la causa a homicidio doloso, atendiendo que manejaba bajo los efectos del alcohol.
En ese sentido, el resultado del alcotest al que fue sometido el imputado arrojó como resultado 0,972 miligramos de alcohol en sangre. El conductor colisionó violentamente contra el automóvil detenido en el semáforo ocasionando la muerte del joven estudiante e hiriendo a otras personas.
Además, no socorrió a las víctimas. “Se preocupó más por su camioneta, que no le haya pasado nada. En ningún momento se acercó a preguntar cómo estábamos”, comentó Bianca González, quien iba como copiloto del automóvil que fue embestido y aunque sobrevivió también resultó con algunas lesiones a causa del impacto.
El imputado permanecerá inicialmente en la Comisaría Primera de San Lorenzo y posteriormente será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos, donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
La tragedia generó indignación y reclamos de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima, quienes exigen que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.
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Capiatá: detienen a mujer con 32 cruces hurtadas, incluidas reliquias de 120 años
Agentes de la Comisaría 8.ª Central de Capiatá aprehendieron a Sandra León, de 46 años, tras ser acusada del hurto de objetos sagrados y piezas de alto valor histórico del camposanto municipal y de un oratorio local. El procedimiento policial permitió la recuperación de 32 cruces metálicas, de madera y de plástico, además de cuatro placas conmemorativas. La denuncia inicial fue formulada por vecinos alarmados por la desaparición de dos valiosas cruces situadas en un nicho detrás de la escuela Enrique Soler.
La investigación derivó en el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Piro’y, donde la madre de la sospechosa autorizó el ingreso voluntario de las fuerzas del orden e indicó el lugar donde se hallaban guardadas las piezas. De acuerdo con datos proporcionados por pobladores y religiosos de la zona, varias de las cruces de madera rescatadas superan los 120 años de antigüedad, siendo catalogadas como reliquias históricas atribuidas al paso de misioneros franciscanos por la comunidad capiateña.
“Tenemos una señora detenida por hurtar objetos del camposanto y de una capilla. Tenemos todas las evidencias y esta persona tiene problemas de salud mental”, confirmó el comisario Antonio Acosta, subjefe de la Comisaría 8.ª Central, respecto a la intervención realizada tras la alerta comunitaria.
Ante el cuadro presentado por la aprehendida, los intervinientes informaron que la mujer padece trastornos de salud mental, motivo por el cual su propia madre solicitó formalmente a las autoridades que sea derivada a un centro especializado para recibir contención médica y psiquiátrica.
La comunidad temía que el hurto estuviese vinculado a rituales previos a las festividades de fin de octubre. El procedimiento y todas las evidencias incautadas quedaron a cargo del Ministerio Público, que inició las diligencias legales para la investigación del hecho y la posterior restitución del patrimonio religioso a la comunidad.
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De ciudad dormitorio a polo industrial: el gran salto económico de Capiatá
Capiatá avanza en su consolidación como polo económico del área metropolitana, impulsada por industrias, comercios, cooperativas y emprendimientos que generan empleo dentro de la ciudad. Su cercanía con Asunción y el sostenido crecimiento de la actividad comercial contribuyen a diversificar las oportunidades laborales para sus habitantes.
“Hemos superado el mito de esta ciudad, una ciudad dormitorio”, afirmó Castorina Chamorro, directora de Cultura de la Municipalidad de Capiatá, a La Nación/Nación Media. Señaló que el distrito cuenta con una población cercana a los 260.000 habitantes y ofrece fuentes de trabajo en distintos sectores, especialmente en torno a sus principales corredores viales, como las rutas PY01 y PY02.
Crecimiento e infraestructura
“Hay bastantes fuentes de trabajo aquí”, mencionó Chamorro, al referirse a las empresas industriales que emplean a numerosos trabajadores, así como a supermercados, tiendas, cooperativas y profesionales independientes. A su criterio, el comercio es actualmente uno de los sectores con mayor dinamismo y potencial de crecimiento. El distrito alberga a grandes industrias de los sectores avícola, domisanitario, metalúrgico y maquila, entre otros.
Otro componente fundamental de la economía local es la producción de pequeños establecimientos y las iniciativas que buscan acercar a productores y consumidores. La Municipalidad de Capiatá organiza una feria mensual que inicialmente reunía a horticultores, pero que con el tiempo incorporó a comerciantes, granjas y diversos rubros. El espacio permite exhibir productos, ampliar su visibilidad y generar oportunidades de venta, lo que contribuye a impulsar la actividad de los pequeños productores.
La economía también está estrechamente vinculada con la infraestructura y la accesibilidad. Según Chamorro, la ciudad trabaja en mejorar la conectividad de sus compañías y en promover la participación de las comisiones vecinales para mantener comunidades limpias y organizadas. Entre los principales desafíos se encuentra continuar mejorando los caminos para facilitar la circulación y el traslado de productos desde las zonas de producción.
Patrimonio y tradición
En el ámbito turístico, Capiatá cuenta con atractivos históricos, religiosos y recreativos que complementan el movimiento comercial. Entre sus principales referencias se encuentra la iglesia de la Virgen de la Candelaria, considerada patrimonio cultural nacional y uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad. También sobresale el Museo Mitológico Ramón Elías, un espacio privado declarado patrimonio cultural. A estos sitios se suman el parque ecológico municipal, la ciclovía y el legendario Ykua Tatakua, que ofrecen alternativas para el esparcimiento familiar.
La identidad de Capiatá también se expresa en sus celebraciones religiosas y oficios tradicionales. La fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, reúne actividades religiosas y festivales durante varios días, mientras que la celebración de los Reyes Magos, el 6 de enero, convoca a devotos provenientes de distintos puntos del país.
Saberes y artesanía
En el sector artesanal sobresalen la alfarería, los trabajos en palo santo, la talla manual de imágenes religiosas y la elaboración tradicional del typycha, prácticas que forman parte de la identidad cultural capiateña. “Estamos trabajando para conservar y promocionar los oficios artesanales”, señaló la directora.
La preservación de estos saberes, junto con la gastronomía, las fiestas patronales y los espacios históricos, representa una valiosa oportunidad para fortalecer la identidad local y ampliar el atractivo turístico de Capiatá para los visitantes.
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Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
- Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
- Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
- Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.