El Ministerio Público formuló imputación contra el ciudadano argentino Ricardo Collins, de 39 años, por la supuesta comisión del hecho punible de reducción. La diligencia judicial estuvo a cargo del fiscal Luis Alberto Trinidad Colmán, titular de la Unidad Penal n.º 4 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este.
Según el informe, el ciudadano argentino fue aprehendido durante un procedimiento de rutina realizado el 10 de julio de 2025, a las 07:10, en la zona primaria de la cabecera del Puente de la Amistad.
“Durante el control, personal de la Base Naval y funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) verificaron un vehículo de la marca Kia, modelo Cerato, año 2014, color blanco, con matrícula brasileña n.º AWU-3551, que era conducido por el ahora imputado”, indicaron.
Las autoridades investigaron sobre la situación del rodado y los informes oficiales revelaron que el vehículo fue denunciado como robado en la madrugada de ese mismo día, en la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil), del interior del domicilio de la una ciudadana brasileña, quien figura como víctima en la denuncia presentada ante la Policía Civil del Estado de Paraná – 6.ª Subdivisión Policial.
Elementos de sospecha
Las autoridades brasileñas remitieron la denuncia, que se incorporó al expediente junto con los informes de la Base Naval y de la DNIT, constituyéndose en elementos de sospecha.
A continuación, la Fiscalía inició el proceso penal y solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y formular la acusación correspondiente.
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El fiscal Trinidad Colmán requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva de Ricardo Collins, atendiendo la gravedad del hecho presuntamente cometido y el riesgo de fuga por su condición de ciudadano extranjero sin arraigo en el país.
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CDE: cortaron la cara de un bebé durante cesárea de emergencia
Tras la grave denuncia presentada por la madre de un recién nacido a quien le cortaron el rostro durante el parto, desde el Hospital Regional de Ciudad del Este comunicaron que la cesárea fue de emergencia y la madre ya no tenía líquido en el vientre. Además, indicaron que se trata de una complicación que está descrita y que puede pasar.
El doctor Arturo Bobadilla, jefe de Ginecología del hospital, manifestó que este tipo de situaciones son comunes en este tipo de partos, porque la madre de 22 años ya estaba como para tener a su bebé por parto normal y sin líquido amniótico. Sin embargo, el parto quedó estancado y se practicó la cirugía de emergencia.
“Ocurrió una complicación en el caso de esta cesárea y lamentablemente hubo una lesión en la piel del bebé, en la parte más larga de la cara. Que la mamá haya estado con dilatación completa es un factor de riesgo para que puedan ocurrir estas lesiones, pero no es frecuente”, detalló Bobadilla, en entrevista con la 780 AM.
Afirmó que no se trata de una negligencia médica ni mal procedimiento, porque no dejaron a la paciente con la dilatación completa a la espera de un parto natural o vaginal y que para evitar esto tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. “Lo que se hizo fue acorde a los protocolos y proceder a la realización de la cirugía”, aclaró.
Reafirmó que es una complicación que puede pasar en este tipo de procedimientos que se realiza de emergencia. “Absolutamente nadie quiso lesionar a la mamá ni al bebé, es una complicación que está descrita y que puede pasar, lastimosamente pasó y probablemente pase de vuelta en algún momento”, apuntó.
Confirmó que el recién nacido fue atendido por esta lesión y que de inmediato la herida fue cerrada con una sutura intradérmica y está recibiendo los cuidados necesario para que quede lo mejor posible. Además, relató que este corte solo afectó la piel del bebé, que actualmente se encuentra estable y su madre ya fue dada de alta.
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Chaco: incautan insumos para falsificar medicamentos contra la obesidad
El fiscal del Chaco, Diego Campuzano, imputó por contrabando a Juan Ramón Arrúa Martínez, conductor de un camión que fue detenido con 283 cajas de medicamentos para bajar de peso provenientes de Bolivia. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (sede Chaco).
El operativo se realizó el pasado 14 de agosto en la zona de La Patria, distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, durante un control rutinario realizado por los citados agentes policiales en el kilómetro 659 de la ruta N° 9.
De acuerdo con las autoridades, el rodado incautado habría ingresado desde la República de Bolivia hacia la República del Paraguay. Con dicho traslado, se transportaron e ingresaron cajas que contendrían insumos de medicamentos sin el registro sanitario de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para su comercialización y utilización en el territorio nacional. Dichos insumos médicos se usarían, presumiblemente, para falsificar o comercializar supuestos fármacos inyectables contra la obesidad.
En el interior del vehículo se encontró, de manera preliminar, un total de 283 cajas presumiblemente relacionadas con la producción y circulación de varias marcas. El agente fiscal solicitó la prisión preventiva del conductor del camión, quien ya se encuentra privado de su libertad a disposición del presente proceso penal.
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Extraen tumor de 1,6 kilos durante una cesárea de urgencia en CDE
Una masa tumoral de aproximadamente 30 centímetros y 1,650 kilogramos fue extraída durante una cesárea de urgencia practicada a una mujer de 29 años en el IPS Ciudad del Este. La intervención permitió resolver en un mismo procedimiento la emergencia obstétrica y la patología anexial detectada durante la cirugía.
La paciente cursaba 35,4 semanas de gestación y llegó al servicio de Ginecología y Obstetricia con intenso dolor abdominal. Debido a sus antecedentes de dos cesáreas y a la sospecha de una posible dehiscencia de la cicatriz uterina, los médicos determinaron que era necesario realizar una intervención de urgencia.
La cesárea se llevó a cabo y, a las 20:15, nació una bebé de sexo femenino, con un peso de 3.000 gramos. Durante el procedimiento, el equipo médico detectó además un tumor anexial de gran tamaño, por lo que resolvió realizar su extracción en el mismo acto quirúrgico.
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Los profesionales lograron retirar la tumoración y completar la intervención sin complicaciones mayores. Al efectuar ambos procedimientos de manera simultánea, se evitó que la paciente tuviera que afrontar posteriormente una nueva cirugía para tratar la masa.
El procedimiento estuvo a cargo de las gineco-obstetras Ilda Talavera, Gloria Feltes y Danilo González. El equipo de anestesia estuvo integrado por las doctoras Rosa Echagüe y Rossana Calonga, mientras que participaron en enfermería las licenciadas Mabel Vázquez y Martha Molinas.
La intervención requirió la coordinación de los equipos de Ginecología y Obstetricia, Anestesia y Enfermería, que atendieron tanto la urgencia relacionada con el embarazo como el hallazgo quirúrgico durante la cesárea.
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Abogada municipal de CDE, en la mira por posible incompatibilidad
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este pide esclarecer su vínculo con la comuna y la defensa particular de personas relacionadas con la institución.
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la República (CGR) impulsar una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la municipalidad al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo. El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero de 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto y su gavilla conformada por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos Francisco Arrúa y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este. “Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica. Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este. En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley n.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan el Artículo n.º 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad. También hacen mención del Artículo n.º 52, inciso m), prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico. Igualmente, citan los incisos k), l), n), p) y r) del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además, citan en la solicitud el artículo n.º 61, inciso p), considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la Ley n.º 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.