Este viernes, la defensa del principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez recusó al fiscal Fermín Segovia, por supuesta tortura durante la detención del adolescente de 17 años. Desde el Ministerio Público decidieron apartar del cargo al fiscal y analizar el pedido.

Según la defensora pública Lourdes Rolón, abogada del adolescente imputado por la muerte de María Fernanda, se presentó una recusación en contra del fiscal Fermín Segovia. Alega que este incurrió en actos de tortura durante un allanamiento realizado en junio en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica.

Rolón en su presentación indicó que durante el procedimiento que se realizó para buscar prendas del acusado el fiscal fue violento y que todo se realizó sin las garantías mínimas, lo que vulneró los derechos del menor de 17 años, que está recluido en el centro educativo de Guairá.

Atendiendo a este pedido la fiscala Gloria Rojas, adelantó que habrá una resolución en la que citan que el fiscal Segovia queda apartado del caso, mientras se analiza la recusación presentada por la defensa.

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María Fernanda desapareció el pasado martes 27 de mayo y su cadáver fue hallado el 1 de junio, en un terreno baldío que queda cruzando la calle del adolescente de 17 años. Hasta la fecha se tienen a seis personas imputadas en el crimen de María Fernanda, entre ellas el joven de 17 años, principal sospechoso con quien se la ve por última vez en la moto.

Así también, fueron detenidos: Mikahella Rolón, presunta instigadora del crimen; Franco Acosta, hijo del dueño de la farmacia que vendió las pastillas para el aborto; los padres del sospechoso, quienes fueron imputados por exposición al tránsito terrestre porque su hijo usó la moto y Ricardo Villamayor, en cuya vivienda se encontró el biciclo y guarda prisión domiciliaria.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió iniciar de oficio una investigación preliminar sobre la presunta actuación irregular del fiscal Lucrecio Cabrera, quien en su momento de forma llamativa dispuso la libertad de dos ciudadanos chinos que habrían ingresado a nuestro país a través de la frontera con Bolivia, cuando fueron interceptados por agentes policiales de Mariscal Estigarribia.

Los integrantes del órgano juzgador de magistrados solicitó traer a la vista un informe pormenorizado, así como también todos los antecedentes relacionados con la información obtenida sobre la actuación del representante del Ministerio Público.

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El ministro de la Corte y presidente del JEM, César Garay, criticó al fiscal Lucrecio Cabrera, tras su actuación en un polémico caso que involucró a dos ciudadanos chinos que ingresaron de manera ilegal al país.

Según Garay, el fiscal ordenó la liberación de los extranjeros Jinxing Zhuang y de Yan Xiwu, pese a que estos habían sido detenidos por personal policial en la zona del Chaco al no contar con documentación que acreditara su entrada legal al Paraguay. La decisión del fiscal, según el ministro, supone una grave desatención al interés público y a la normativa vigente.

Asimismo, el ministro de la Corte sostuvo que, conforme a lo establecido por la Ley N.º 6814/2021, el Ministerio Público está obligado a iniciar una investigación preliminar y a coordinar con las autoridades policiales la recolección de la documentación correspondiente, algo que no se habría cumplido en este caso.

Garay también mencionó que la Dirección Nacional de Migraciones, dirigida por el abogado Jorge Kronawetter, no fue notificada del hecho, lo que impidió su intervención oportuna. El titular de Migraciones calificó públicamente esta omisión como negligente e irregular. “Se trató de una conducta que bordea la irregularidad, con claras implicancias jurídicas y administrativas”, expresó Garay.

Cabrera podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por la actuación que tuvo en el presente caso.

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La Cámara de Apelación de Central en mayoría, ratificó la sentencia condenatoria de 30 años de cárcel de Joel Guzmán Amarilla, encontrado culpable por el feminicidio de Dahiana Espinoza, cuyo cuerpo no se pudo encontrar hasta la fecha.

Los miembros del Tribunal de Apelación que votaron por la ratificación de la sentencia condenatoria son María Lourdes Cardozo y María Teresa González de Daniel, mientras que Fabriciano Villalba votó por la nulidad de la sentencia.

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Los integrantes del colegiado sostienen que la fundamentación realizada por el voto en mayoría del tribunal de sentencia ha respetado las disposiciones en la aplicación del derecho”. Asimismo agregaron que “nos encontramos ante pruebas técnico -científicas sobre los cuales no surge ninguna duda y que son plenamente robustecidas por los testimonios de los efectivos de la Policía Nacional quienes ha realizado su tarea conforme a los mandatos de la Ley”.

En Paraguay este hecho es considerado inédito, ya la justicia declara culpable al sospechoso de feminicidio sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima.

Por ello, el Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora, integrado por Gloria Garay (presidenta y voto en disidencia), Javier Sapena y Carolina Silveira (miembros), en mayoría, declaró culpable a Joel Guzmán Amarilla del feminicidio de Dahiana Espinoza y otorgó 30 años de prisión. El cuerpo sigue sin aparecer. No corre la medida de seguridad y el condenado seguirá en prisión.

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El agente fiscal, Marco Amarilla, encabezó los allanamientos llevados a cabo en dos viviendas ubicadas a escasos 300 metros de un centro educativo del barrio Mora Cué, en la ciudad de Luque. Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos jóvenes y se incautaron diversas evidencias vinculadas al presunto microtráfico de drogas.

En los lugares intervenidos fueron aprehendidos Tiago Iván Rivas Vera, de 20 años de edad, en poder de quien se halló un cargador de pistola calibre 22 y 21 cartuchos calibre .45; y Juan Sebastián Gaona Fernández, de 23 años, de cuya posesión se incautaron 40 dosis de supuesta cocaína, con un peso total de 15,2 gramos, un aparato celular y un vehículo.

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El operativo fue ejecutado con apoyo de agentes de la División Regional n.° 11 de San Lorenzo de la Policía Nacional, en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, para combatir el tráfico de estupefacientes en zonas sensibles, como las cercanías de instituciones educativas.

Los detenidos deberán declarar ante el representante del Ministerio Público para luego presentarse la imputación por hechos punibles relacionados al narcotráfico. Del mismo modo, los detenidos tendrán que comparecer ante un juez penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si van a estar privados de libertad o no.

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