Un nuevo caso de presunto feminicidio fue denunciado en el barrio San Antonio de la ciudad de Concepción, teniendo como víctima a una joven de 25 años que fue degollada. Surge como principal sospechoso su pareja sentimental.

La víctima fatal fue identificada como Liz Antonia Salinas, de 25 años, quien fue encontrada sin signos de vida en su vivienda. Los datos preliminares refieren que esta mujer fue atacada con un machetillo y posteriormente degollada, sufriendo una importante pérdida de sangre.

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El principal sospechoso del nuevo caso de feminicidio es su pareja sentimental, Diego Borja Ramírez, de 35 años, quien se dio a la fuga a bordo de una motocicleta luego de cometer el hecho. A pocos metros del cuerpo de la víctima hallaron el arma blanca utilizada para este brutal asesinato.

Ya tomaron intervención agentes de la comisaría local, junto a personal de Criminalística de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes deberán ordenar la detención del presunto autor del suceso.

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Se cumplió un año más del terrible feminicidio ocurrido en el departamento de Amambay, en que el autor dijo a las autoridades que realizó el terrible crimen “guiado por una orden divina y de Jesús”. Pablino Giménez, de 57 años, mató a su esposa Patrocinia Romero, de 48 años, y a su hija Noelia Giménez Romero, de 20 años, el 22 de agosto de 2021.

“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija quien tenía muchos espíritus malignos y de esa manera reprendí al demonio y le tapé la boca”, expresó Pablino a los medios de comunicación. El homicidio fue perpetrado con la ayuda de su propio hijo, José Giménez, quien fue el encargado de sostener a su madre para que su padre la asfixiara.

El hecho sucedió el 22 de agosto de 2021, pero la denuncia de la desaparición de madre e hija recién se hizo el 25 de octubre, en la Subcomisaría 2.ª de Pedro Juan Caballero, dos meses después del hecho.

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Ante la desaparición de ambas mujeres, los vecinos preguntaban a Pablino por su paradero, quien respondía que estaban de viaje. Fue justamente este argumento el que utilizó para plantear la denuncia, aduciendo que las mujeres fueron con un conocido de la esposa.

Debido a la contradicción en la declaración del autor del crimen, la fiscala Reinalda Palacios solicitó una orden de allanamiento y llegó sorpresivamente a la casa buscando elementos que puedan llevar al paradero de las mujeres. Al ingresar a la casa, la comitiva fiscal encontró los cuerpos en estado de descomposición. Lo que quedaba de las dos mujeres desaparecidas, más que nada piel y huesos, estaba tapado con unas frazadas en el fondo de una habitación que se usaba como taller.

Ante la evidencia y sin poder dar mayor explicación, el hombre admitió que cometió el feminicidio y dijo a las autoridades que su “hija estaba poseída” y que él “recibió una orden divina” para matarlas.

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El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Ana Aguirre, Mirna Soto y Marcelina Quintana, condenó a 29 años de cárcel a Pablino Giménez Ledesma. Su hijo fue condenado a 10 años de prisión por haber ayudado a su padre a cometer el atroz doble feminicidio. Ambos condenados están cumpliendo su condena en la penitenciaría regional de Amambay.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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