La jueza Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva de varios detenidos en el marco del operativo Barret, entre ellos militares, policías y presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Varios imputados fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú, mientras que los dos militares al penal de Viñas Cué, y el agente policial a la Agrupación Especializada. Están imputados Giovani Zárate Jiménez, alias Yoni, presunto líder de la estructura, quien estará privado de su libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este; Alexandro Dos Reis Acosta, José Ignacio Ramírez.
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Mientras que los militares Jorge Daniel Villalba, y Rodney Villalba estarán presos en la cárcel de Viñas Cué. Asimismo, el agente policial Germán Lezcano Ojeda alias Pikeitor cumplirá la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, desplegó un operativo con más de ocho allanamientos en el departamento de Canindeyú, con el objetivo de dar con los integrantes de la banda criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
A través del operativo denominado Barret, las autoridades del orden buscan dar con las personas que estarían encargadas no solo del tráfico de drogas y armas dentro de la organización, sino de aquellas que se encuentran encargadas del lavado y el traslado del dinero.
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Rechazan arresto domiciliario para conductor ebrio que mató a un joven y decretan prisión preventiva
El juez penal de Garantías Ronald González decretó la prisión preventiva de Jorge Antonio Romero Gómez (37), el conductor ebrio que atropelló un automóvil estacionado en un semáforo causando la muerte de un adolescente de 17 años. El magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de concederle arresto domiciliario.
El accidente de tránsito ocurrió el fin de semana sobre la avenida Mariscal López frente a un conocido shopping de San Lorenzo. Romero Gómez conducía una camioneta Audi Q7 que impactó violentamente contra la parte trasera de un automóvil Toyota IST que se encontraba detenido ante el semáforo.
Como consecuencia del choque falleció Matías Eduardo González Chávez, quien viajaba como acompañante en el automóvil. Iba a cumplir la mayoría de edad este jueves 5 de noviembre. Otros dos jóvenes que se encontraban en el vehículo resultaron heridos.
El hombre, abogado de profesión, fue imputado por la fiscal Mirta Rivas por homicidio culposo y exposición el peligro en el tránsito terrestre. Sin embargo, familiares del fallecido y de los demás lesionados, solicitaron a través de su defensor el cambio de carátula de la causa a homicidio doloso, atendiendo que manejaba bajo los efectos del alcohol.
En ese sentido, el resultado del alcotest al que fue sometido el imputado arrojó como resultado 0,972 miligramos de alcohol en sangre. El conductor colisionó violentamente contra el automóvil detenido en el semáforo ocasionando la muerte del joven estudiante e hiriendo a otras personas.
Además, no socorrió a las víctimas. “Se preocupó más por su camioneta, que no le haya pasado nada. En ningún momento se acercó a preguntar cómo estábamos”, comentó Bianca González, quien iba como copiloto del automóvil que fue embestido y aunque sobrevivió también resultó con algunas lesiones a causa del impacto.
El imputado permanecerá inicialmente en la Comisaría Primera de San Lorenzo y posteriormente será trasladado al Centro Nacional de Prevenidos, donde deberá cumplir la medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.
La tragedia generó indignación y reclamos de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima, quienes exigen que el caso sea investigado hasta las últimas consecuencias.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Cuatro detenidos van a prisión por contrabando de acetato de etilo con destino a Bolivia
La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas, quienes fueron detenidos con una carga de precursores químicos que tenían como destino Bolivia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías de Limpio, Elsa Idoyaga, luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Mariano Roque Alonso, Andrea Soledad Ríos Dos Santos, fue quien presentó la imputación contra
- Francisco Javier Varela Rivas
- Juan Clemente Granje Benítez
- José Félix Cabral
- y Pastor Federico Rojas Figueredo.
Los procesados cumplirán la medida privativa de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
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Los hoy imputados fueron retenidos por agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) con el cargamento de precursores químicos que pretendía ser trasladado a Bolivia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
El primer arrestado fue Varela, quien resultó interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que transportaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo. Lo llamativo del caso es que el Ministerio Público borró el informe enviado a los medios de comunicación. En dicho documento se mencionaba que este componente se despenalizó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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La Policía anunció un operativo especial de seguridad para la protección de comercios y bancos
La Policía Nacional realizó este lunes el lanzamiento de un Dispositivo Especial de Seguridad para la cobertura de entidades financieras y bancarias, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana.
“En primer lugar, tendremos control de barreras en puntos vulnerables, críticos, donde vamos a estar teniendo personal de prevención como así también elementos tácticos”, explicó el comisario Juan Agüero, en conferencia de prensa.
En forma complementaria, la motorizada va a salir a las calles para reforzar la seguridad de la ciudadanía. “Vamos a tener motos de la Agrupación Especializada para coadyuvar, evitar o disuadir en caso de tener motochorros”, indicó el director de Prevención y Seguridad.
El jefe policial resaltó que con esta medida anticiparán el Operativo Año Paha, “porque queremos que todos los ciudadanos se sientan bien al salir a realizar sus compras o hacer algunas transacciones en los entes financieros o bancarios”, expresó el uniformado.
Aclaró que no serán descuidados despensas y supermercados de barrios, donde realizarán patrulla constante a fin de evitar robos y asaltos.
Añadió que si bien están sacando personal táctico, continuará la parte preventiva en los barrios, en los centros comerciales, en todos lados. Asimismo, mencionó que formarán parte de este procedimiento agentes especializados en explosivos y tiradores, quienes estarán desplegados en los alrededores de cajeros automáticos, bancos y financieras.
“Van a estar patrullando permanentemente verificando cajeros electrónicos y también tiradores van a estar en los patrulleros, con la gente de prevención vamos a dar respuesta inmediata a todo lo que pueda acontecer”, subrayó Agüero.
Para el efecto, cuentan con un protocolo del horario de movimiento de dichos comercios y para el transporte de caudales trabajarán en posta durante todo el trayecto, llámese en rutas nacionales e internacionales.
Apoyo del grupo Lince
Además de elementos tácticos y motorizados también contarán con el apoyo del grupo Lince y la gente de Prevención. “Va a ser una tarea conjunta. En este caso vamos a usar la premisa “todos a la calle”, que nadie queda en las comisarías, solamente los oficiales de guardia y los ayudantes”, apuntó el comisario.
Esta medida fue adoptada tras un intento de atraco a un cajero automático de San Lorenzo la semana pasada y se irá intensificando cuando se acerquen las fiestas de fin de año, indicó el jefe policial.
“Esto iniciamos ahora y va a ir aumentando de a poco porque la fecha comienza con los pagos de aguinaldo, los sueldos, que reciben todas las instituciones públicas y privadas, entonces, nosotros también aumentamos. Empieza la alerta de seguridad o el Operativo Año Paha”, detalló.
En ese sentido, pidió que las empresas, comercios, financieras o bancos soliciten el acompañamiento de la policía para reforzar su seguridad ante la amenaza de delincuentes, quienes actúan sobre todo a bordo de motocicletas, puntualizó.
“Famoso que ahora en moto están actuando, sorprendiendo a la gente de bien que va a hacer algún depósito o extracción. Y nosotros le brindamos seguridad, una vez que ellos nos convoquen o nos avisen”, aseveró.
La seguridad se intensificará en los departamentos donde hay más caudal o más movimiento de centros comerciales, llámese Central, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú además de capital. El 18 de diciembre egresarán 5 mil nuevos efectivos policiales, que van a estar saliendo a las calles, a reforzar el departamento Central y capital.
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