La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, ordenó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más de 6 años.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el 11 de julio la audiencia preliminar de Ortigoza, cuando se va a saber si el presente caso va a un juicio oral y público.
El Ministerio Público en su momento presentó acusación contra Ortigoza y pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo todos los elementos probatorios que se tiene en la carpeta fiscal.
Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.
En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.
Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.
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Juez ordena captura y decreta prisión de intendenta liberal de Valenzuela
El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta liberal de Valenzuela, Mirtha Fernández, y dispuso su inmediata captura. La jefa comunal está procesada por supuesta lesión de confianza y otros delitos, por un presunto daño patrimonial al municipio de G. 1.199 millones.
El proceso judicial viene arrastrándose desde marzo de 2023, sobrepasando múltiples chicanas procesales, lo que ha llevado a dilatar la audiencia preliminar más de 29 meses.
Ayer por la mañana, el Tribunal de Apelación confirmó al juez penal de garantías Estigarribia, quien había sido recusado por la defensa, para que el mismo entienda en la causa que pesa sobre la intendenta Fernández, junto a otros doce acusados por supuesta lesión de confianza.
El magistrado ni bien recibió la resolución que lo confirmaba en la causa, procedió a revocar la medida alternativa que gozaba la intendenta y ordenó su inmediata captura y remisión a prisión.
La procesada incumplió por dos meses la medida impuesta de firmar el libro de comparecencia del Juzgado, además de tomar en consideración su conducta de obstruir el proceso, así como el riesgo de fuga.
Antecedentes
La intendenta liberal Mirtha Fernández, junto a otras 12 personas, fueron imputadas en marzo de 2023 por los fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel por varios delitos, entre ellos lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Fueron procesados ante la sospecha de crear toda una red de entre empresas constructoras y funcionarios municipales, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.199.305.432, correspondiente a pagos por obras no ejecutadas o ejecutadas parcialmente durante su gestión en 2019. Estos fondos provenían del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes.
En tanto, que la audiencia preliminar, esencial para determinar si el caso avanza o no a un juicio oral, ha sido postergada en múltiples ocasiones debido a las constantes chicanas que puso la defensa de Fernández, desde la acusación en marzo de 2023, la audiencia aún no se ha realizado a la fecha.
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Por supuesto amaño deportivo, siete acusados van a enfrentar juicio oral
La jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, elevó a juicio oral y público el proceso penal de siete personas acusadas de integrar un esquema criminal de manipulación de resultados en partidos de fútbol profesional y semiprofesional en Paraguay. El presente proceso penal involucra a jugadores activos, así como también a dirigentes y particulares vinculados al ámbito deportivo.
La resolución de la referida magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia y ahora ya se deberá sortear quiénes serán los miembros del tribunal colegiado.
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Están acusados en el presente caso:
- Milcíades Senen Cañete Grance
- Víctor Pantaleón Valiente Piris
- Dahiana Katherine Recalde Coronel (alias “Wartty”)
- Yamile Belén Caballero Peralta
- Jonathan Darío Martínez Jara
- Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga
Los mismos están acusados por coacción, asociación criminal y amaño deportivo.
La acusación fue presentada por el fiscal Federico Delfino y surge como principal responsable Luis Esteban Cañete Torres, señalado como el organizador de un grupo que operaba con el objetivo de arreglar resultados de encuentros masculinos y femeninos organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
El esquema habría funcionado en torneos como el Clausura 2023 y el Apertura 2024, con la participación de futbolistas contactados para rendir por debajo de su nivel a cambio de sumas de dinero en dólares y guaraníes.
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Histórico líder campesino resalta récord en titulación de tierras del Indert
Don Ángel Giménez, uno de los históricos líderes campesinos, miembro fundador de la Organización Nacional Campesina (ONAC) y fundador de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), culminó su gestión como representante de los campesinos ante la Junta Asesora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destacando los importantes avances en la titulación de tierras como nunca antes se vio.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que tras cumplir su mandato de dos periodos (10 años), se está retirando del escenario de discusión que es la Junta Asesora del Indert. Señaló que le ha tocado ver de cerca los difíciles años que ha sobrepasado la institución rural.
“Desde un principio fue una cosa muy delicada, en el sentido de que hubo mucha corrupción en el Indert. Como se sabe, varios de nuestros expresidentes fueron llevados presos en su momento. Gracias a Dios y seguramente a mi actividad también no me marcó esa parte de la mala gestión de esa gente", recordó.
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Mejor gestión gubernativa
No obstante, señaló que con la actual administración a cargo del presidente Francisco Ruíz Díaz, están trabajando muy bien, aplicando el método de Barrido Predial Masivo, mediante la autorización de la Corte Suprema con una orden especial que le llaman “Acordada”. Permitiendo acelerar el trabajo en la entrega de los títulos de propiedad a los beneficiarios de la reforma agraria, como nunca antes se vio.
“Resulta ser que el Indert acumuló demasiadas tierras en su poder por muchos años, y no transfería a sus dueños legítimos que son los beneficiarios de la reforma agraria. A tal punto que llegó hasta 10 millones de hectáreas teniendo como propietario el Indert. Actualmente, este gobierno tomó como una política de transferir esas tierras a sus dueños, lo que considero demasiado bueno, lo que está haciendo el actual gobierno del presidente Santiago Peña”, resaltó.
Remarcó que es muy grande la diferencia, de entregar 900 títulos al año; para pasar a entregar más de 10.000 títulos en solo dos años. Señaló que el Indert cuenta con varias facetas, una es la entrega de títulos de propiedad, lo que sirve de base para el desarrollo de la comunidad.
Mencionó que luego viene la cuestión del arraigo de la comunidad, y esto se logra mediante la gestión apertura de caminos, contar con escuelas, puesto de salud, agua potable. “Pero muchas veces las instituciones que son más directamente responsables de esas áreas no pueden avanzar, por la falta de títulos y otras cosas”, señaló.
No obstante, remarcó, que, si bien se están avanzando en la titulación de las tierras de muchas comunidades, aún faltan otras que necesitan un poco más de impulso. Puso, por ejemplo, que son 1.600 colonias y de esas, más o menos 600 colonias no tiene agua potable y el INDER no tiene fondo para eso.
Satisfecho con su gestión
Don Giménez resaltó que se siente muy satisfecho como dirigente campesino, ahora que cierra su ciclo como representante ante la Junta Asesora del Indert. Señaló que en todo momento estuvo acompañando muy de cerca todas las situaciones que se fueron dando con sus compañeros campesinos.
“Cuando hay conflicto hay que buscarles una salida a los conflictos; los problemas son permanentes en el Indert; ya que es una cueva de problemas. La tierra es todo un interés y cada uno quiere llevar agua a su molino”, expresó.
Destacó que su gestión como líder ha sido siempre mediar ante los diferentes gremios sea esta la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), o los representantes de las gobernaciones, los representantes de la municipalidad.
“Con todo hemos tratado siempre de buscar una salida decorosa a los intereses de los compatriotas. Cuando hay conflicto hay que buscarle una salida ya sea con los interesados por la tierra; o con el dueño de la tierra”, acotó.
Finalmente, don Giménez dedicó unas palabras a sus compañeros campesinos, sobre todo a aquellos “sin tierra”; y es que se organicen, que busquen lugares donde se puedan asentar; aclarando que no se refiere a que invadan tierras, sino que a buscar opciones donde puedan con la ayuda del Estado, adquirir las tierras para establecer su comunidad.
“No estoy incitando a que se ocupe la propiedad privada; si no que se busquen tierras cuyos dueños quienes quieran vender. De tal modo a poder plantear algo concreto al Estado. Si no pedimos, nadie va a saber qué estamos necesitando. Pero también, no debe parar la titulación. Hay que titular, porque esa es la base del desarrollo de la ciudadanía”, concluyó.
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Juez otorgó medidas alternativas a extitular del Senave, imputado por cohecho pasivo y otros
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó la libertad ambulatoria al extitular de Senave, Pastor Soria, en el proceso penal abierto por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero en el marco de la investigación por supuestos pagos para que provean un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), que permite la importación de productos.
El magistrado resolvió que el imputado tiene prohibido salir del país, así como una fianza de G. 300 millones y en caso de incumplir con las medidas se podría revocar las mismas y ordenar su prisión.
El presente proceso penal se inició tras la denuncia presentada por la presidente de ASICOPACE, quien mencionó una presunta red de corrupción dentro del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), en la que funcionarios exigían pagos ilegales a cambio de expedir certificados fitosanitarios obligatorios para la importación de productos frutihortícolas.
En la investigación fiscal -entre diciembre del 2023 y abril del 2024- los importadores de papas, cebollas y tomates, rubros clasificados como “sensibles”, enfrentaron demoras injustificadas en la obtención de las AFIDI, a pesar de que su costo oficial es de apenas G. 17.715.
Estas trabas, sin explicación técnica, eran seguidas por llamadas y visitas de funcionarios del SENAVE y terceros ajenos a la institución, quienes, con pleno conocimiento de los datos ingresados por los importadores en la Ventana Única de Importación (VUI), exigían pagos de hasta G. 10 millones por cada AFIDI para destrabar el proceso.
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