El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes migratorios de Estados Unidos para ser deportado a su país, donde tiene una orden de arresto vigente por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El hijo de la gran leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, fue arrestado el miércoles después de que diera información fraudulenta en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos, informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “que están tramitando su expulsión expedita de los Estados Unidos”, dijo el organismo en el texto.

El arresto del ex campeón mundial de peso medio tuvo lugar en Studio City (Los Ángeles) sólo cuatro días después de que encabezara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año en Estados Unidos.

El mexicano, cuya carrera deportiva está en declive desde hace años, perdió de forma clara frente al estadounidense Jake Paul, un “youtuber” reconvertido en boxeador, la noche del sábado en el Honda Center de Anaheim, al sur de Los Ángeles.

Además de anunciar su arresto, el DHS señaló que Chávez Jr. “tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.

“A Chávez también se le considera como un asociado al cártel de Sinaloa, una organización designada como organización terrorista extranjera”, agregó.

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Desde suelo mexicano, la Fiscalía General dijo que fue informada de la detención y confirmó que Chávez Jr. “cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha lanzado una campaña de búsqueda y deportación masiva de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular.

“Bajo la presidencia de Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los deportistas de fama mundial”, dijo en el comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. “Nuestro mensaje a cualquier afiliado a un cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y afrontarán las consecuencias”.

De acuerdo con el DHS, Chávez Jr. ingresó legalmente en Estados Unidos en 2023 con un visado de turista válido hasta febrero de 2024.

En abril de ese año presentó una solicitud de residencia permanente “basada en su matrimonio con una ciudadana estadounidense que está conectada con el cártel de Sinaloa”, sostuvo el organismo.

Esa conexión, señaló el comunicado, se basa en una relación anterior de la mujer, Frida Muñoz, con el fallecido Édgar Guzmán, uno de los hijos del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está preso en Estados Unidos.

Según el comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración remitió el caso de Chávez Jr. al ICE por considerarlo “una grave amenaza para la seguridad pública”.

Posteriormente, denunció el DHS, la anterior administración del presidente Joe Biden consideró que Chávez Jr. no era una prioridad para las autoridades de inmigración y le permitió reingresar al país el 4 de enero de 2025 por el cruce fronterizo de San Ysidro (California), límitrofe con Tijuana (México).

El pasado 27 de junio, “tras múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, se determinó que (Chávez Jr.) se encontraba en el país de forma ilegal y que debía ser expulsado”, concluyó el organismo.

• Fuente: AFP

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Este martes 1 de julio el Gobierno del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana están rindiendo cuentas por la gestión de dos años que han llevado adelante. En ese contexto, el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, resaltó que el récord en titulación masiva que están teniendo es gracias al trabajo coordinado con varias instituciones.

Además, resaltó que en estos 22 meses de gestión se ha logrado revertir largos años de informalidad en la titularidad y tenencia de la tierra en el Paraguay. Todo esto, gracias a una mayor presencia de Estado en el campo y la implementación de políticas en materia de titulación masiva de tierras.

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“Los avances en titulación son posibles gracias a la coordinación interinstitucional, al lograrse unir los esfuerzos con el Servicio Nacional de Catastro, la Dirección General de los Registros Públicos y la Escribanía Mayor de Gobierno”, remarcó.

Asimismo, remarcó que para el 2026 esperan llegar al 50 % de la meta global en titulación; teniendo en cuanta que la meta a los 5 años es de 50.000 títulos de propiedad entregados. Indicó que ya el año pasado en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas se informó que Catastro había logrado el empadronamiento récord de inmuebles del Indert, donde hablaban de 9.000 empadronamientos nuevos en el 2024.

“Esta cifra se suma a la que ya hemos logrado este año, que llega a un número récord de 13.000 expedientes formados para titulación en el periodo 2025-2026. A los 9.500, casi 10.000 que estamos hablando, ahora hay que agregarles estos 13.000 expedientes, con lo cual en el 2026 estaríamos alcanzando el 50 % de la meta del presidente de la República, que serían unos 25.000 expedientes o títulos de propiedad”, afirmó Ruiz Díaz.

Por otra parte, Ruiz Díaz indicó que mantuvo una reunión de trabajo con los gerentes involucrados en la titulación masiva de tierras con el objetivo de coordinar y agilizar la titulación a nivel interno y externo. En ese sentido, agradeció la cooperación de los funcionarios del área y a las entidades como Catastro Nacional, Registros Públicos y Escribanía Mayor de Gobierno.

Mencionó además, que arrancó la octava ronda de titulación masiva en el departamento de Cordillera, mediante la cual pondrá en las manos de los beneficiarios 1.200 títulos de propiedad. La campaña de entrega masiva de títulos se inició el fin de semana en la sede de la Gobernación de Cordillera, en compañía del gobernador Denis Lichi.

Tras el acto, se realizó una jornada de audiencia pública con la presencia de más de 300 personas, de unas 10 comisiones, que también gestionan la titulación de sus tierras. Como inicio de la octava ronda del Indert llegaron al departamento más de 60 títulos, algunos ya definitivos y otros para la firma de los titulares beneficiarios.

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En la tarde de ayer lunes, durante un operativo ejecutado por la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), se logró la detención de un hombre que se encontraba en la lista de los 50 más buscados de Brasil. Su captura se dio en las inmediaciones de las calles Eusebio Lillo y Rogelio Benítez, en Asunción.

El hombre fue identificado como Marlon Castillo Batista, un ciudadano brasileño de 51 años, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol. Según el informe presentado por los investigadores, el detenido contaba con condenas que totalizan 12 años de prisión en su país, por su participación en una red de tráfico internacional de cocaína con destino a Europa, operando desde la ciudad de Londrina, estado de Paraná.

En poder del hombre se logró incautar, además de teléfonos celulares y una notebook, varios documentos, entre los cuales se encontraba una cédula paraguaya con la que aparentemente buscaba mantener un bajo perfil legal y evitar ser reconocido.

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Las informaciones obtenidas durante el seguimiento a esta persona confirmaron que Batistão llevaba una vida de lujos en el país, ya que residía en edificios exclusivos de Asunción, se desplazaba en vehículos de alta gama y construía una mansión en la ciudad de San Lorenzo sobre la avenida Pastora Céspedes. Estos elementos fueron claves para su localización.

Tras la detención y el procesamiento de las evidencias, el detenido fue trasladado hasta Ciudad del Este y expulsado del territorio nacional a través del Puente Internacional de la Amistad, donde fue entregado a la Policía Federal del Brasil, remarcando a su vez la colaboración que existe entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó por homicidio doloso a un hombre, en calidad de supuesto autor. Se trata de Cristian Javier Meza Peralta (40), personal de una granja de Ñacunday, quien fue detenido y trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná. El mismo recibió una herida de arma blanca en la cabeza.

Fue víctima fatal Eusebio Villanueva Segovia (52). Ambos eran empleados del mismo establecimiento y compartían casa dentro de la propiedad, con ubicación muy aislada, sin vecinos cercanos, según el reporte de los intervinientes.

El hecho ocurrió el sábado 28 de junio a las 18:30 en una finca, propiedad de Milciades Acuña Méndez, del barrio Imperial, dentro de la Colonia Toro Kua, de Ñacunday, según reportó el personal policial de la subcomisaria 37, de esa zona. Fueron incautados como evidencia una escopeta calibre 28 mm, un rifle calibre 22 mm, un cartucho de 22 mm y un machete con rastros de sangre. Todos los elementos pasaron a cargo de Criminalística de la Policía de Alto Paraná.

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De acuerdo a los datos recabados por el personal policial que llegó hasta el lugar del hecho, los dos trabajadores de la finca agrícola se encontraban en su casa, ubicada dentro de la citada propiedad, cuando comenzó supuestamente una discusión entre ambos, siguió con una pelea más violenta, donde se habría utilizado el machete, hasta que uno de ellos recibió varios tiros de arma de fuego.

El suboficial principal Rafael Duarte, de la comisaría de Toro Kua, manifestó a La Nación/Nación Media, que uno de los involucrados en la pelea, le habría reclamado a su compañero por haber sido un soplón y por eso se generó, supuestamente, la discusión entre ambos que terminó en una tragedia. El imputado se encuentra a cargo del Juzgado Penal de Garantías.

La fiscal del caso, María del Carmen Meza, señaló que ocurre con cierta frecuencia desenlaces violentos en las fincas con personal a cargo, cuando hay bebidas de por medio y otros elementos.

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