La jueza Rosarito Montanía decidió ampliar el horario de visitas de los hijos de Gianina García Troche, recluida en la cárcel Militar de Viñas Cué. La determinación de la referida magistrada menciona que la ampliación será los días sábados, de 09:30 a 14:00.
La defensa de la detenida solicitó al juzgado a cargo de Montanía extender el horario de visita de los hijos de la esposa de Sebastián Marset. El pedido fue hecho lugar parcialmente, atendiendo a que la defensa de la detenida pretendía que el horario se extendiera hasta las 17:00.
Del mismo modo, la jueza pidió conocer el criterio del Ministerio Público con relación al pedido de 10 familiares de García Troche, quienes también pretenden ingresar en la lista de personas con autorización para realizar la visita carcelaria a la esposa del uruguayo. La jueza tendrá que decidir sobre el pedido realizado una vez que se tenga el criterio del Ministerio Público.
En marzo de este año la jueza Rosarito Montanía rechazó varios privilegios que solicitó Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Marset, extraditada a Paraguay desde España. La magistrada no hizo lugar al pedido que presentó la defensa de García Troche. La mujer quería que se instale en su celda un acondicionador de aire, así como también pidió al juzgado un televisor y el servicio exclusivo de delivery de comidas. Todos los pedidos solicitados fueron rechazados por la jueza Montanía.
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Ueno Bank: Defensoría recibirá denuncias y atenderá hasta las 17:00
La Defensoría del Pueblo informó este lunes que ampliará su horario de atención para recibir las denuncias de los ciudadanos afectados por la situación de Ueno Bank. Desde este martes 10 de noviembre, la institución atenderá de manera extendida, de 7:00 a 17:00, con el objetivo de facilitar la presentación de reclamos y brindar orientación a los usuarios.
La disposición fue adoptada por el defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, ante las dificultades que enfrentan algunas personas para disponer de sus ahorros, salarios, jubilaciones y otros recursos depositados en la entidad bancaria.
Además, la institución recibirá denuncias sobre posibles irregularidades y situaciones que representen una vulneración de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
La iniciativa contempla un mecanismo de recepción, registro y análisis de cada caso, para posteriormente dar seguimiento a los reclamos y remitirlos a las autoridades competentes, de acuerdo con las facultades legales de la Defensoría.
La institución recordó que la medida sigue una línea de trabajo similar a la aplicada durante las intervenciones relacionadas con el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, cuando habilitó canales para facilitar las denuncias y el acompañamiento a los afectados.
“Detrás de cada cuenta bancaria hay personas y familias que merecen respuestas. No podemos permitir que los ciudadanos queden desprotegidos ante situaciones que comprometan su estabilidad económica. La Defensoría del Pueblo estará presente para defender sus derechos y exigir respuestas a las autoridades competentes”, expresó Ávila Macke.
Finalmente, señalaron que continuarán impulsando acciones para proteger a los usuarios y promover respuestas oportunas y transparentes frente a los reclamos.
Dónde y cuándo presentar denuncias
- Inicio: martes 10 de noviembre de 2026.
- Lugar: Mesa de Entrada de la Defensoría del Pueblo.
- Dirección: Ygatimí N.º 705 esquina Juan E. O’Leary, Asunción.
- Horario: de 7:00 a 17:00.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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