Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a once años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abusar sexualmente de una mujer de 86 años de edad. El suceso se registró en San Cosme y Damián, departamento de Itapúa.
La fiscal quien sostuvo la acusación y pudo arrimar todos los elementos de prueba durante el desarrollo del juicio oral y público fue Irene Rolón Verdún.
De acuerdo con la acusación fiscal, además del abuso, la víctima sufrió múltiples agresiones físicas. Fue herida con un arma blanca en la mano, recibió mordidas en el rostro y lesiones en la rodilla, provocadas por el arrastre al que fue sometida por su agresor.
Durante la investigación el Ministerio Público logró recolectar muestras de semen, las cuales fueron analizadas científicamente. En el desarrollo del juicio oral se procedió a la apertura del sobre con el resultado del análisis, el cual arrojó una compatibilidad del 99,9 % entre el perfil del acusado y el material genético hallado en la escena.
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, el hoy condenado no demostró arrepentimiento ni ofreció disculpas a la víctima durante la audiencia oral y pública.
La defensa del condenado tendrá la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deberá definir si confirma la pena dictada en primera instancia.
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Confirman condena por feminicidio a 28 años de prisión más 5 por medida de seguridad
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal Viviana Sánchez, de la Unidad Penal N° 2 de Presidente Franco, consiguió que la Cámara de Apelaciones confirmara la condena de 28 años de prisión, más 5 años de medida de seguridad, para Eusebio Ovelar Bogado (46), hallado culpable del feminicidio de su expareja.
La segunda sala penal del Tribunal de Alzada, integrada por Efrén Giménez, Lilian Lorena Benítez y Myrian Meza de López, ratificó la sentencia dictada en primera instancia por los jueces Zunilda Martínez, Herminio Montiel y Edgar Lezcano, tras el juicio oral realizado el 8 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
El crimen ocurrió en la tarde del 2 de octubre de 2024, en una vivienda del km 8, Fracción Willy, de Presidente Franco, donde fue víctima Carolina Benítez Vallejos.
Quedó registrado en el circuito cerrado de grabación de ese día que, el acusado trasladó a la víctima hasta el inmueble en un automóvil Toyota Carina.
El vehículo ingresó al predio a las 18:26 y salió a las 19:52. Durante ese lapso, Ovelar Bogado atacó a la mujer con un arma punzocortante, provocándole múltiples heridas en la cabeza, el tórax y los brazos. La autopsia posterior reveló 37 lesiones y estableció como causa de muerte un shock hipovolémico por heridas en el cráneo y el tórax, según se expuso en el juicio.
Al día siguiente, el empleador alertó a la familia sobre la ausencia de la mujer en su trabajo y, entonces, el hermano fue hasta la casa y encontró el cuerpo de la víctima. La Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y el análisis de las cámaras confirmó que el acusado permaneció en el lugar durante el horario del crimen, sin que ingresaran otras personas.
La investigación también estableció que el último contacto de la víctima fue a las 19:19, cuando envió un video a un familiar mientras el procesado seguía en la vivienda. Tras el hecho, desaparecieron de la casa un celular corporativo, un teléfono personal, una tablet, el control del portón eléctrico y una mochila con dinero.
Luego, el 4 de octubre de 2024, el acusado llevó el celular y la tablet de la víctima a un técnico para borrar la información (flasheo) con la intención de venderlos.
La Fiscalía solicitó 28 años de prisión y 7 años de medida de seguridad, con base en informes de Salud Mental del Ministerio Público que concluyeron que Ovelar Bogado presenta rasgos compatibles con psicopatía. Igualmente, se comprobó en juicio que el hombre tenía antecedentes de violencia psicológica, amenazas y hostigamiento contra su expareja.
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Felicita Estigarribia: después de dos décadas, avanza el caso que conmocionó al país
La causa por el asesinato de Felicita Estigarribia, uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la niñez en Paraguay, llegó finalmente a una instancia decisiva: 22 años después del crimen, el único acusado enfrentará un juicio oral y público por los hechos que estremecieron al país en 2004.
La apertura del juicio fue dispuesta por el juez Hilario Bustos, del Juzgado de Carapeguá, quien resolvió elevar la causa contra Fredy Antonio Florenciano Brítez, procesado por los presuntos hechos punibles de homicidio doloso y coacción sexual. La determinación representa un avance largamente esperado por los familiares de la víctima y por quienes durante años reclamaron justicia en un caso que marcó a toda una generación.
Durante la audiencia preliminar, las fiscalas María Isabel Arnold y Carina Sánchez, de la Unidad contra la Trata y la Explotación Sexual Infantil, ratificaron la acusación presentada por el Ministerio Público. Por su parte, la defensa del acusado se allanó a la acusación y no planteó incidentes, por lo que se dispuso la apertura del juicio oral. Las partes tendrán ahora un plazo de cinco días para comparecer ante el Tribunal de Sentencia que llevará adelante el proceso.
La resolución judicial llega después de más de dos décadas de espera, debido a que el principal sospechoso permaneció prófugo durante 21 años. Su detención, concretada el 9 de julio de 2025, permitió reactivar una investigación que durante mucho tiempo pareció destinada a quedar sin castigo.
Según la acusación fiscal, Felicita Estigarribia tenía apenas 11 años cuando fue asesinada el 31 de mayo de 2004. La niña se dedicaba a vender mandarinas en la ciudad de Yaguarón para ayudar a su familia. Aquel día salió de su casa como de costumbre, pero nunca regresó.
El caso generó una profunda conmoción nacional y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil. En su memoria, cada 31 de mayo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la elevación de la causa a juicio oral, la Justicia paraguaya se encamina a resolver uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas, en busca de una respuesta judicial que la familia de Felicita y la sociedad han aguardado durante más de veinte años.
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España: exministro muy próximo a Pedro Sánchez condenado a 24 años de cárcel
El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso Pedro Sánchez, fue condenado ayer lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno socialista en el tramo final de la legislatura. El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.
Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.
La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.
A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.
El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.
“El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio” y “es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno”, dijo a la prensa Feijóo. “De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata”, sentenció el dirigente conservador.
“Organización criminal”
La sentencia del caso Ábalos “concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, informó el poder judicial en un comunicado.
“Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama” y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o “la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas”.
El tribunal destaca asimismo “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”.
El exministro denunció durante el juicio un intento de “politizar” el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un “uso torticero de la justicia”.
También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.
La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.
Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.
Un momento delicado
El fallo llega en un momento políticamente delicado, con el ejecutivo en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos, y bajo presión por los diversos frentes judiciales que afectan a su entorno, cuando falta un año para que concluya la legislatura.
Pese a la condena, el horizonte judicial del exministro Ábalos no se cierra con esta sentencia. Otras líneas de investigación derivadas del mismo caso siguen abiertas en la Audiencia Nacional y podrían dar lugar a nuevos procedimientos en el futuro.
Para la oposición, la sentencia confirma la existencia de un entramado de corrupción en el corazón del gobierno socialista, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en desvincular estos hechos de la actual dirección política. Con este fallo, la justicia española cierra de momento la primera gran pieza del llamado “caso Koldo”, pero deja abiertas múltiples derivadas que seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.
Fuente: AFP.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.