La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.

Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.

El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.

La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.

Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.

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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.

Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.

El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.

La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.

Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.

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La Fiscalía revisará las cámaras de vigilancia para llegar a la verdad sobre lo acontecido en la cárcel donde se encuentra privado de libertad el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien habría sufrido una supuesta agresión física. El agente asignado a la investigación es el fiscal Luis Chamorro, quien informó que Hugo Javier fue encontrado ayer domingo en el baño alrededor de las 23:00.

Según explicó, el exgobernador habría ingresado al lugar con un compañero de celda y posteriormente fue hallado tendido en el piso. El representante del Ministerio Público señaló que analizarán las imágenes de seguridad para determinar qué ocurrió.

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También mencionó que la luz del recinto estaba apagada. Del mismo modo, el fiscal indicó que convocará a los guardias de turno para que presten declaración sobre lo sucedido y añadió que aguarda un informe médico completo sobre el estado de salud del condenado.

En principio, el director del Hospital de Barrio Obrero, Adán Godoy, había dicho que Hugo Javier sufrió un accidente cerebrovascular (ACV); sin embargo, esa posibilidad fue desmentida por el médico forense.

Posteriormente, el juez de ejecución Carlos Mendoza ordenó una inspección médica en la unidad de terapia del Hospital Nacional de Itauguá, donde el exgobernador fue intervenido de urgencia debido a un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con los reportes, la cirugía resultó exitosa, pero el condenado permanecerá en cuidados intensivos.

Igualmente, el doctor Miguel Ferreira del Hospital Nacional de Itaugua señaló que están queriendo precisar el origen del trauma, aunque no se descarta que haya sufrido un ACV, según dijo.

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En la mañana de este lunes se reanudo el juicio oral al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en la causa conocida como Tía Chela.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

En el Día Internacional de Cooperación Policial, el comisario Carlos Dure, jefe del Comando Tripartito, destacó hoy los resultados alcanzados con la operación Conexión Armadillo que permitió la captura de personas ligadas a organizaciones criminales.

“La operación Armadillo es una articulación realizada con la Policía Federal de Brasil, específicamente de la Policía de San Pablo, con relación a la búsqueda de personas con captura vinculadas a organizaciones criminales, principalmente al Comando Vermelho”, expresó este lunes en conferencia de prensa.

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dio a conocer su informe de gestión actualizado a julio, en el cual se puede apreciar el gran incremento en los desembolsos realizados, especialmente en dólares. Sobre el total, el sector de la vivienda sigue teniendo la mayor participación.

Acumulados, al cierre del séptimo mes del ejercicio, los desembolsos alcanzaron G. 2,4 billones, ante los G. 1,68 billones del mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 42 %.

A punto de cumplirse seis años del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis por parte del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), su hija Lorena volvió a pedir el apoyo de la ciudadanía. La familia reiteró su llamado a los miembros de la banda armada para que aporten datos que permitan dar con su paradero.

“A dos días de cumplirse 6 años, es mucho tiempo para una familia y es mucho tiempo para que el Estado no nos de una respuesta definitiva. Creo que es el momento que usen todas las herramientas para buscar y encontrar a estos tres paraguayos que siguen secuestrados. Mi papá, en dos días se cumplen 6 años de su secuestro, pero las familias de Edelio (Morínigo) y de Félix (Urbieta) están hace años buscando a sus seres queridos”, señaló Lorena a Unicanal.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027 fue remitido al Congreso Nacional y sus números son públicos. Al respecto, el economista Jorge Garicoche valoró el documento considerando que aporta mayor sinceridad, sobre todo en lo que hace al déficit fiscal, que rondaría el 3,9 %; sin embargo alertó sobre un posible dólar bajo y sus implicancias en los ingresos.

El profesional conversó con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media y explicó que, de acuerdo con sus proyecciones, y de otras fuentes consultadas, el dólar estará en torno a los G. 6.200 el próximo año, cifra inferior a los G. 6.450 consignada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El director del Hospital Nacional de Itauguá, Miguel Ferreira, detalló que el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, se encuentra con pronóstico reservado tras ser hallado ayer domingo inconscientemente en su lugar de reclusión en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción.

“Hugo Javier está con un cuadro muy delicado, con pronóstico reservado, está intubado, con asistencia mecánica respiratoria y los métodos auxiliares del diagnóstico nos dirá cuál será la terapéutica definitiva para él”, expresó Ferreira este lunes a los medios de comunicación.

“La salud es prioridad para el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña”, dijo la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien abogó al gremio médico del sector público por una mayor flexibilidad en las negociaciones que son encaradas en el marco del reclamo de un reajuste salarial generalizado.

“Yo confío en que los negociadores de la huelga en la mesa que abrirá el Ministerio del Trabajo tendrán la suficiente luz para entender lo que proponemos. En su época hubo negociaciones con los docentes y cualquier tipo de incremento fue progresivo, pero lo que no queremos es que esto tenga un efecto arrastre, porque se empezará a pedir y ahí el Estado puede llegar a complicarse”, afirmó la secretaria de Estado al programa “Cara o cruz” de Unicanal.

La defensa de Prieto insistió que declaren más de 50 testigos, situación que ya fue rechazada en la audiencia preliminar y confirmada inclusive en la cámara de apelación.

Con una nueva acusa­ción por corrupción relacionada a un per­juicio patrimonial millonario, este lunes sigue el primer jui­cio oral contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por un mega­negociado en la compra de kits de alimento que ocasionó G. 2.130 millones a la comuna esteña en el caso conocido como Tía Chela.

La audiencia oral seguirá con la contestación de los inciden­tes de los acusados por parte del Ministerio Púbico. Luego se presentarán los alegatos inicia­les de la Fiscalía donde se ten­drá que sostener la acusación y describir los hechos irregula­res del presente proceso penal.

Días atrás la defensa de Prieto insistió que declaren más de 50 testigos, situación que ya fue rechazada en la audiencia pre­liminar y confirmada inclusive en la cámara de apelación.

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto fue acu­sado por lesión de confianza por un perjuicio de G. 757 millones. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes finan­ciadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná. De acuerdo con la investigación fiscal, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inver­sión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Estas transferencias fue­ron ordenadas por la inten­dencia municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal. Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin con­tar con los dictámenes per­tinentes que certificaran la ejecución efectiva de los tra­bajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanis­mos legales previstos.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado Caso Tajy, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez penal de Garantías Humberto Otazú.