Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.

Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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Este domingo, un aparatoso accidente se reportó en la localidad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde el conductor de un automóvil chocó contra un colectivo de larga distancia que llevaba 24 pasajeros. El automovilista presentó algunas lesiones y los tripulantes del bus resultaron ilesos.

Según el reporte policial, el hecho se registró esta madrugada sobre la ruta PY08 “Blas Garay”, a la altura del barrio San Roque de la citada localidad. En el percance se vieron involucrados un automóvil de la marca Toyota, modelo Corolla, de color plateado y un colectivo de larga distancia de la empresa La Santaniana.

Testigos indicaron que el conductor del automóvil identificado como Edgar Alberto Manquello, de 29 años, circulaba sobre la ruta Blas Garay en sentido contrario al bus. En un momento dado perdió el control de su rodado, ingresó al otro carril e impactó de forma frontal contra el ómnibus.

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Tras el fuerte impacto, Manquello quedó atrapado dentro del automóvil, por lo que tuvo que ser rescatado por bomberos voluntarios. Este presentaba algunas lesiones y fue trasladado hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde recibió los primeros auxilios y permanece en observación.

En tanto que, el conductor del bus, su copiloto y los pasajeros que llevaba resultaron ileso, de igual manera recibieron asistencia de los paramédicos. El automovilista fue derivado hasta sede de la Patrulla Caminera en Río Verde y se práctico la prueba de alcotest cuyo resultado resultó negativo.

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Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y pide justicia para conservar su casa.

Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco de Yegros enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.

“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.

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Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.

“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.

Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.

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“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.

Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.

“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.

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