La recusación presentada el martes por la defensa del senador Erico Galeano en contra de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py, fue rechazada este jueves por la fiscal adjunta Soledad Machuca, de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los abogados del legislador argumentaron en el pedido “falta de objetividad” de ambos agentes fiscales.
Con esta nueva resolución, la defensa del senador cuenta con tres días hábiles para presentar una impugnación ante la Fiscalía General del Estado, mientras tanto el juicio previsto bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal está parada.
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“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, había expresado en su momento el abogado Álvaro Cáceres.
Con la acción presentada por la defensa del legislador el martes antes del inicio del juicio oral y público, la diligencia quedó suspendida. Ya con la confirmación de los fiscales ahora se debe aguardar si los defensores de Erico Galeano deciden plantear una apelación.
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Ministerio Público pide juicio oral para 12 procesados por desfalco a la Caja Municipal
El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.
Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
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Cómo funcionaba el esquema delincuencial
La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.
A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.
“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.
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Consejo de Gobernadores rechaza expresiones de senador sobre el programa Hambre Cero
El Consejo de Gobernadores manifestó su rechazo las expresiones del senador Carlos Núñez sobre la supuesta utilización política del programa Hambre Cero en las Escuelas. A través de un comunicado, los jefes departamentales instan al legislador a realizar las denuncias en las instituciones que correspondan y que presente los argumentos reales, exigiendo respeto y responsabilidad con este tipo de expresiones políticas y mediáticas.
“Sus recientes expresiones contra los gobernadores de la República no pueden ser respondidas con silencio. No por susceptibilidad, sino por respeto a la institución que usted representa y a la ciudadanía que nos confió la responsabilidad de gobernar”, señala el escrito.
Agrega que “si existen irregularidades en Hambre Cero, que sean investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Nadie está pidiendo privilegios ni inmunidad frente al control. Lo que no aceptamos es que la acusación sustituya a la prueba y el ataque pretenda sustituir al argumento”.
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Los gobernantes instan a dejar de lado los ataques políticos internos: “Si su cuestionamiento es el programa, debatámoslo, si es a su administración, presente sus fundamentos. Pero si el blanco son las gobernaciones, tendrá que explicar por qué, bajo las mismas reglas, controles y mecanismos de fiscalización, sus cuestionamientos parecen tener un destinatario particularmente selectivo”.
Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, también se pronunció sobre el senador Núñez y expresó su rechazo ante estas declaraciones: “Realmente no queremos polemizar con nadie, yo le aprecio mucho al senador Núñez, y no me quiero pelear con nadie, pero tampoco podemos alegremente callarnos, tenemos que salir a defendernos porque realmente fue irresponsable su declaración”.
Indicó, en comunicación con 1020 AM, que no está en los ánimos llegar a una acción judicial, pero sí solicitarán al senador retractarse o ratificar sus dichos. “No creo por el momento, la idea es no darle demasiada entidad, pero estamos analizando en envío de un notario público para que se ratifique o se rectifique”, sentenció.
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Feprinco pide que proyecto sobre regalías biotecnológicas agrícolas no sea aprobado
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) que aglutina a varios gremios, pide que el proyecto de ley que establece las condiciones de ejercicio en el cobro de regalías biotecnológicas agrícolas y modifica la ley nº. 1630 de patentes de invención, no sea aprobado.
En una nota remitida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, la federación expresó su preocupación sobre este proyecto de ley, ya que señalan que los efectos podrían trascender el ámbito estrictamente sectorial y afectar los compromisos internacionales asumidos en materia de propiedad intelectual.
Este proyecto se encuentra en el Congreso para su análisis.
“Se debe evaluar las consecuencias para el país en materia de imagen y credibilidad internacional del Paraguay, seguridad jurídica, respeto a las inversiones, acceso a tecnología y previsibilidad de las reglas”, señala el documento.
Consideran importante que el debate en torno a este proyecto no debe plantearse como una discusión entre usuarios de tecnologías y dueños de Propiedad Intelectual.
“La cuestión de fondo es más amplia y se relaciona con el tipo de país que queremos proyectar y con las condiciones que Paraguay debe ofrecer para atraer inversión, innovación y nuevas tecnologías”, explica.
Paraguay no puede reclamar seguridad jurídica, previsibilidad y respeto a las reglas para acceder a los mercados internacionales y, al mismo tiempo, generar dudas respecto de esas mismas garantías para quienes invierten, desarrollan y/o aportan tecnología en nuestro país.
A ello se suma que el proyecto presenta aspectos que vulneran principios constitucionales y de compatibilidad con compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, particularmente en materia de propiedad intelectual, aumentando innecesariamente el riesgo de litigios y controversias, fundamenta la Feprinco.
El proyecto adquiere especial relevancia en momentos en que Paraguay sale al mundo con el discurso de atraer inversiones, tecnología e innovación y, recientemente firmar un acuerdo con la Unión Europea, señalan.
El Acuerdo Mercosur–UE reafirma la protección de los derechos de propiedad intelectual y las obligaciones internacionales asumidas en el marco de ADPIC/OMC1.
“Una legislación que limite el derecho al cobro por propiedad intelectual, generará cuestionamientos sobre 1ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) o sus siglas en inglés: TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). la compatibilidad de la normativa paraguaya con dicho compromiso internacional y puede afectar las relaciones comerciales con la Unión Europea”, explica la nota.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.