La recusación presentada el martes por la defensa del senador Erico Galeano en contra de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py, fue rechazada este jueves por la fiscal adjunta Soledad Machuca, de Delitos Económicos y Anticorrupción. Los abogados del legislador argumentaron en el pedido “falta de objetividad” de ambos agentes fiscales.
Con esta nueva resolución, la defensa del senador cuenta con tres días hábiles para presentar una impugnación ante la Fiscalía General del Estado, mientras tanto el juicio previsto bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal está parada.
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“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, había expresado en su momento el abogado Álvaro Cáceres.
Con la acción presentada por la defensa del legislador el martes antes del inicio del juicio oral y público, la diligencia quedó suspendida. Ya con la confirmación de los fiscales ahora se debe aguardar si los defensores de Erico Galeano deciden plantear una apelación.
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Corte Suprema de EEUU rechaza intento de Trump de despedir a gobernadora de la Fed
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este lunes que el presidente Donald Trump no puede despedir sumariamente a una gobernadora de la Reserva Federal, un organismo independiente, pero sí puede hacerlo en el caso de una agencia federal bajo su autoridad.
Dos sentencias simultáneas, en una semana decisiva de la Corte Suprema, reescribieron los límites del poder presidencial.
En una decisión ajustada de 5 votos a favor y 4 en contra, la máxima autoridad judicial del país dictaminó que Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, acusada por el gobierno de presunto fraude cuando pidió un préstamo inmobiliario, no podía ser despedida por Trump, “por cualquier motivo o sin motivo alguno”.
La decisión anunciada por el presidente en medio de una campaña de acoso para que la Reserva Federal recortara sus tasas de interés, fue bloqueada por una corte inferior.
Los presidentes pueden destituir a los gobernadores de la Reserva Federal “por causa justificada”, pero el tribunal dictaminó que Trump “no le concedió a Cook las garantías procesales a las que tenía derecho por ley”.
Supuestamente Cook había declarado dos residencias principales, una en el estado de Michigan y otra en Georgia, para tramitar un crédito, pero sus abogados dicen que todo se debió a un error.
Subordinados versus independientes
En otro caso, el de la comisionada demócrata Rebecca Slaughter, de la FTC, la agencia federal autónoma que regula la competencia, la Corte Suprema decidió por mayoría de 6 a 3 que el presidente sí tiene autoridad para despedirla.
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“Los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a ser despedidos por él”, explicó la mayoría de la Corte en su razonamiento.
El grado de independencia de las agencias federales ha sido objeto de controversia creciente en Estados Unidos.
Los expertos legales de tendencia conservadora consideran que las agencias tienen un poder desproporcionado, una postura que suscribe la Corte Suprema actual. En tanto, los progresistas creen que las agencias como la FTC deben ser totalmente independientes.
La gobernadora amenazada por Trump saludó la sentencia ya que ratifica, a su juicio, que “la Reserva Federal debe tomar todas sus decisiones de política monetaria basándose en datos concretos y en un juicio independiente”.
Trump se congratuló rápidamente por su victoria en el caso de la FTC, y amenazó a Cook con “medidas apropiadas”, sin mayores detalles.
La demanda contra Cook “fue devuelta por la Corte Suprema estrictamente por cuestiones de procedimiento”, declaró Trump en su plataforma Truth Social.
En el caso de la FTC, que es un organismo cuyos comisionados son elegidos por republicanos y demócratas, la sentencia “fue largamente buscada por presidentes de Estados Unidos desde la década de 1930”, aseguró Trump.
- Fuente: AFP
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Suspenden audiencia de intendenta de Quyquyhó tras recusación de juez
Familiares de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, lograron suspender la audiencia preliminar prevista para este lunes, luego de que se aceptara una recusación presentada contra el juez Osmar Legal, quien lleva adelante la causa contra la jefa comunal y otras 13 personas, por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
La acción fue promovida por su suegra, la señora Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, imputada en la misma causa junto con su hijo, el diputado Esteban Samaniego, esposo de la intendenta imputada; en la recusación se alega animadversión contra su familia, según informaron en radio 1020 AM.
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Mencionaron que en la audiencia fijada para hoy se debía discutir la acusación presentada por el Ministerio Público, quienes ya están solicitando que la causa sea elevada a juicio oral y público. La mujer alega en su escrito presentado ante el juzgado que es una persona honesta, madre y abuela paraguaya cabal y lo que exige es un trato digno e imparcial, situación que no observa con la gestión del juez, por lo que solicitó que sea apartado del caso.
Cabe señalar que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, entre los años 2017 y 2018 el diputado Samaniego y su cónyuge, Patricia Corvalán, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales.
La acusación menciona que posteriormente fueron destinados a la adquisición de bienes y raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande, en el barrio San Vicente de Asunción. Agrega además, que el inmueble fue levantado dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la entonces intendenta, quien también está procesada en esta causa.
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García Troche seguirá recluida en Emboscada en espera de su audiencia preliminar en agosto
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.
La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.
Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.
El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.
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Diputados sancionó reprogramación presupuestaria para mejorar salario de fiscales
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7609, Ministerio Público”, durante la sesión ordinaria de este martes.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria destinada a regularizar el salario de los agentes y asistentes fiscales, por un monto total de G. 15.676.250.207.
Según la explicación de motivos, la adecuación implica regularizar las asignaciones correspondientes a 449 cargos de agentes fiscales, 28 de fiscales adjuntos y 1.772 de asistentes fiscales.
El diputado Néstor Castellano argumentó a favor de la aprobación del millonario monto que será destinado a mejorar el salario de los fiscales y asistentes fiscales. Dijo que servirá para reivindicar el trabajo que realizan los agentes de la Fiscalía.
El legislador colorado manifestó que se debe reconocer “la precariedad en la que se desenvuelven los aproximadamente 400 agentes fiscales en cada departamento de la República del Paraguay”.
“Hablando con muchos compañeros, amigos, compueblanos, centralinos, agentes fiscales que realizan una gran labor dentro de la precariedad en la que se manejan. Realmente estoy convencido que este es un justo reconocimiento a esa tarea”, subrayó.
Así también destacó que será “una reinvidicación ya por tiempo postergada”.
Dijo que los agentes se han hecho acreedores de esa “reivindicación justa”. Afirmó que desde la Cámara de Diputados se quiere enviar una “señal de confianza y de apoyo” para los agentes fiscales “que día a día se esmeran para hacer un buen trabajo”, añadió.
Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco señaló que la medida busca adecuar el salario de los agentes y asistentes fiscales al de los jueces de primera instancia, en consonancia con el reajuste salarial que estos últimos recibieron a través del Presupuesto General de la Nación 2025.