El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la jueza de Paz de la Encarnación, suspendida en sus funciones, Analía Cibils. Ella está imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
De acuerdo a la presente investigación fiscal, el juzgado de Paz de la Encarnación es uno de los principales donde se habría articulado la trama criminal.
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Estigarribia resolvió que la magistrada comparezca de forma mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, además le prohibió salir salida del país, así como también las cauciones cuyos montos no fueron dados a conocer hasta el momento.
Además de los hechos que se le atribuyen a la jueza Cibils, recientemente la Contraloría detectó graves inconsistencias en su estudio de correspondencia y que podría ser del monto superior al inicial en el orden de G. 800 millones.
La diligencia judicial se llevó a cabo luego de que se rechazaran varias chicanas presentadas por la defensa de la jueza suspendida en sus funciones. En el presente caso, se tiene a varios ujieres imputado,s así como a funcionarios de los juzgados de Paz de la capital.
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Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
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Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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Caso Metrobus: juez admite imputación contra exministro Arnoldo Wiens
El juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas, y actual precandidato presidencial por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, por el presunto delito de lesión de confianza. Asimismo, fijó para el próximo 12 de marzo a las 8:45 la audiencia para llevar adelante la imposición de medidas.
De acuerdo al documento firmado por el magristrado, la admisión es solo respecto al hecho de lesión de confianza, no así en relación al de daños a obras o medios técnicos de trabajo.
En tanto, el Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, libertad ambulatoria mientras dure el proceso judicial.
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El juez de Delitos Económicos admitió parcialmente la imputación que fue ratificada por los fiscales Giovanni Grissetti, Natalia Silva y Yeimi Adle, quienes ratificaron la imputación, argumentando que el acta es válida y cumple con todos los requisitos necesarios para el inicio de una investigación formal.
El exministro Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones. Según la imputación, este no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.
Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.
Antecedentes
Esta imputación había sido rechazada por el juez Osmar Legal, que había reemplazado a Otazú de forma interina, alegando que los fiscales no especificaron los incisos de los tipos penales señalados. Sin embargo, la devolución se da ahora de la misma manera.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo para el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez. En este caso, la audiencia para el análisis de esta solicitud quedó marcada para el 16 de marzo.
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Caso Tajy: Prieto recurre a nueva chicana para dilatar su audiencia preliminar
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspender de nuevo su audiencia preliminar recusando al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.
La audiencia se encontraba fijada para este miércoles 4 y jueves 5 de marzo, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
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“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
Otros acusados
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.
La audiencia preliminar ya viene siendo suspendida desde el año pasado. El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19 y la imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez.
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Ypyta: piden celeridad a juez para realizar constitución en inmuebles de PJC
La abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la firma Ypyta, solicitó al Juzgado en lo Civil y Comercial de Asunción, a cargo del juez Édgar Rivas Laguardia, en el marco del juicio caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, que libre los oficios correspondientes al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicada en el departamento de Amambay.
El pedido obedece a que el pasado 19 de febrero se ordenó realizar dicha constitución; sin embargo, hasta la fecha, el cuestionado juez de primera instancia, Édgar Rivas —de dudosa actuación en el presente juicio—, no ha librado los oficios pertinentes para ejecutar la diligencia en la propiedad en litigio.
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Asimismo, la representante legal de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que proceda a constituirse en los bienes raíces individualizados precedentemente, en conjunto con el Juez de Paz del Distrito de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para tomar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis u otros medios documentales pertinentes para describir el estado de los bienes y de las personas halladas en ellos, labrando acta detallada de lo actuado para elevar el informe escrito al Juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es sumamente importante, considerando que la situación de los inmuebles se dio en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al Juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
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