El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la jueza de Paz de la Encarnación, suspendida en sus funciones, Analía Cibils. Ella está imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
De acuerdo a la presente investigación fiscal, el juzgado de Paz de la Encarnación es uno de los principales donde se habría articulado la trama criminal.
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Estigarribia resolvió que la magistrada comparezca de forma mensual ante el juzgado para la firma del acta judicial, además le prohibió salir salida del país, así como también las cauciones cuyos montos no fueron dados a conocer hasta el momento.
Además de los hechos que se le atribuyen a la jueza Cibils, recientemente la Contraloría detectó graves inconsistencias en su estudio de correspondencia y que podría ser del monto superior al inicial en el orden de G. 800 millones.
La diligencia judicial se llevó a cabo luego de que se rechazaran varias chicanas presentadas por la defensa de la jueza suspendida en sus funciones. En el presente caso, se tiene a varios ujieres imputado,s así como a funcionarios de los juzgados de Paz de la capital.
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Ordenan captura internacional de un padre que huyó con su hija a Argentina
El juez penal de garantías Marcelo Saldívar declaró la rebeldía y ordenó la captura internacional del padre de la niña de dos años localizada en Resistencia (Chaco, Argentina).
El hombre está imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber de cuidado, tras no devolver a su hija menor a la madre al finalizar el régimen de visitas.
Ahora, las autoridades del vecino país deberán informar al juzgado a cargo de Saldívar y arbitrar los medios necesarios para una posible extradición a Paraguay, donde el procesado enfrenta un juicio penal por ambos delitos.
Según el acta de imputación, el hecho ocurrió el 8 de julio de 2026, cuando el investigado retiró a la menor en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder llamadas y mensajes.
Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo el régimen judicial vigente.
Con base en las evidencias, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente al considerar que existen suficientes indicios de su participación en los hechos.
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Golpe al narcotráfico: Senad destruye más de 500 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero
Como anticipo jurisdiccional de prueba, se llevó a cabo la destrucción de sustancias estupefacientes en la sede local de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
El procedimiento se realizó en el marco de una causa penal por violación a la Ley N.° 1340/88, tras la incautación de marihuana el pasado 25 de junio de 2026 en el barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
La agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, participó en este acto judicial desarrollado en la “Terraza del País”.
La diligencia se ejecutó bajo estricto control del juez Penal de Garantías, Juan Martín Areco Torraca, y contó con la presencia del abogado defensor, un perito químico y un agente antinarcóticos de la Policía Nacional.
Antes de proceder a la quema, se realizó la extracción de muestras para el análisis químico definitivo y se determinó el peso total de la droga incautada, el cual ascendió a 504,7 kilogramos.
El juzgado ordenó la destrucción del cargamento tras asegurar una porción mínima de la sustancia para ser agregada como evidencia a la causa.
Igualmente, la presente investigación seguirá su curso y no se descarta que en los próximos días se realice varias diligencias investigativas para tratar de llegar hasta los responsables de la carga de marihuana.
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Tobilleras electrónicas contribuyen a reducir reincidencia y hacinamiento penitenciario
El juez William J. Nelson, del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana, Estados Unidos, destacó las bondades de las tobilleras electrónicas durante el Simposio Internacional “Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna” realizado en nuestro país.
“Las tobilleras electrónicas incidieron en reducir la reincidencia hasta un 31 % en personas sometidas a monitoreo electrónico, además de contribuir a disminuir la sobrepoblación carcelaria, reservando estos espacios para los casos de mayor riesgo”, explicó el magistrado.
Añadió que también favorece a la rehabilitación y reinserción social, permitiendo que las personas mantengan empleo y responsabilidades familiares mientras cumplen medidas judiciales.
Sin embargo, aclaró que el monitoreo electrónico no reemplaza la acción de la justicia, sino que constituye como una herramienta complementaria que fortalece el control, el cumplimiento de las medidas judiciales y la protección de la comunidad.
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En Paraguay, el sistema de monitoreo electrónico continúa avanzando como una herramienta para fortalecer el cumplimiento de medidas judiciales y la protección de víctimas.
Desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024, se registraron 355 tobilleras electrónicas instaladas, de las cuales 225 ya fueron desinstaladas tras el cumplimiento de las medidas correspondientes, mientras que 130 permanecen activas.
La infraestructura tecnológica que sustenta el sistema es operada por el Consorcio Track, integrado por empresas paraguayas referentes en tecnología, entre ellas TSV - Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay, que participó en el desarrollo e implementación de la solución utilizada por el Estado paraguayo.
El sistema incorpora tecnología de monitoreo electrónico de última generación, incluyendo dispositivos GPS, geolocalización en tiempo real, geocercas y alertas automáticas.
El simposio fue impulsado por el Ministerio del Interior de nuestro país, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
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Indert toma medida sobre casos de violencia contra la mujer y recibe apoyo de campesinos
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.
Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.
La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.
Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Gremios campesinos apoyan decisión
Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.
“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.
Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.
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