El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.

Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.

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La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.

Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.

Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.

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El temporal que afectó a varias ciudades del país dejó una mayor demanda de productos destinados a proteger los vehículos de la caída de granizos y también generó movimiento en el rubro de las espumas de poliuretano.

Empresas dedicadas a la comercialización de estos materiales comenzaron a promocionarlos como una opción para cubrir los automóviles y reducir el impacto de eventuales granizadas.

Ante las alertas meteorológicas por la presencia de El Niño y los pronósticos de posibles granizadas severas en el país, el mercado respondió a la demanda de estos productos, donde las espumas son alternativas que comenzaron a ser buscadas por los propietarios tras el último temporal.

Entre las opciones que se ofrecen en redes sociales se encuentra la goma reforzada que se vende en distintos tamaños y espesores, o cortadas de acuerdo a las dimensiones de cada vehículo. También se comercializan espumas con mayor resistencia en uno de sus lados, pensadas para brindar una protección adicional frente al impacto del granizo.

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Asimismo, comercios del rubro del tapizado también empezaron a ofrecer el producto como una alternativa de protección para evitar daños en los parabrisas, faros o la chapería. En tanto, fabricantes del sector también ofrecen planchas del material a precios accesibles a partir de 5 cm de espesor desde G. 85.000.

Uno de los ejemplos más viralizados en redes sociales es el emprendimiento Tapiz Center, cuyo propietario innovó en el segmento, ofreciendo espumas de alta densidad con 1,40 metros de ancho por 1,90 metros de largo, como una medida estándar para la parte delantera del vehículo, a un precio de G. 115.000 y la posibilidad de cortes personalizados.

Para este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología, emitió un aviso meteorológico en el cual detalló que se registraría un sistema de tormentas, por lo que no se descartó la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy jueves 8 de octubre.

El fenómeno esperado indica lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Los departamentos afectados serían Asunción, Sur y oeste de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Sur de Alto Paraná, Central, Ñeembucú, y el Sur de Presidente Hayes.

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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.

De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.

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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.

A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.

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El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, uno de los sospechosos del crimen de Rebeca Martínez en Eusebio Ayala. En esta causa, Rodríguez Merlo está acusado en Asunción por el hurto agravado de una camioneta Toyota Fortuner, ocurrido el 20 de octubre de 2024 en el barrio Sajonia. Asimismo, el magistrado levantó la orden de captura internacional que pesaba sobre el imputado y decretó su prisión preventiva.

En relación con su presunto cómplice, José Luis Paes Gasparin, el juzgado se opuso al pedido de sobreseimiento provisional y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique la solicitud o presente una acusación formal.

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La causa penal se originó tras la sustracción de una Toyota Fortuner blanca, año 2020, perteneciente a Héctor Daniel Villalba. El vehículo había sido estacionado alrededor de las 19:35 del 20 de octubre de 2024 en la intersección de las calles Cala’a y Antonio Ruiz de Arellano, en el barrio Sajonia.

Según la acusación, Rodríguez Merlo manipuló la puerta del conductor mientras Paes Gasparin realizaba tareas de vigilancia. Tras forzar el acceso, ambos ingresaron al habitáculo, lograron arrancar el rodado y, aproximadamente a las 21:04, se dieron a la fuga, iniciando la investigación por supuesto hurto agravado.

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