La Cámara de Apelaciones hizo lugar el recurso planteado por la defensa del senador Hernán Rivas y dictó el sobreseimiento definitivo de la causa por presunta producción y uso de título falso. La acción fue planteada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Gulino y Álvaro Cáceres.

El tribunal decidió el sobreseimiento definitivo al legislador de conformidad al artículo 359 inciso 2 del Código Procesal Penal. Explica que dicho articulado menciona que corresponde el sobreseimiento definitivo cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio.

La camarista Bibiana Benítez (preopinante) señaló que ya en el A.I. N° 850 de fecha 10 de octubre del 2025, el juez de Garantía Miguel Palacios concluyó que el hecho punible estipulado en el artículo 251, inciso 1°, del Código Penal Paraguayo (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió, incluso antes de la formulación del acta de imputación por parte del Ministerio Público, la cual ya había llegado tarde.

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Al análisis jurídico de la camarista se adhirió su colega Delio Vera, señalando que al declararse la prescripción del hecho de producción de títulos falso no puede ser juzgado por lo segundo, que es el supuesto “uso de documentos de contenido falso”, por lo que se declara su sobreseimiento definitivo de todo el proceso. José Fernández, el tercer integrante del tribunal, votó en disidencia.

Cabe señalar que con este fallo, a través del A.I. N° 102 dictado en la fecha, se rechaza la apelación de los fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de supuesta falsificación de parte de Rivas.

Posteriormente, mediante el A.I. N° 107 dictado igualmente en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del senador, que anula la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que el 10 de octubre del 2025 había elevado a juicio oral y público el proceso judicial por el que era investigado.

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• Embajador Carlos José Fleitas
• Presidente de la Comisión Nacional
• Demarcadora de Límites
• Fotos: Gentileza

La Comisión Nacional Demarcadora de Límites cumple 73 años llevando una labor poco visible pero fundamental.

Mucho antes de que existieran mapas digitalizados o sistemas satelitales, el Paraguay ya enfrentaba una tarea muy compleja y decisiva: la de definir, caracterizar, defender y materializar sus fronteras nacionales. Detrás de esta misión, poco visible pero fundamental, se encuentra la Comisión Nacional Demarcadora de Límites (CNDL), una institución cuya evolución histórica refleja los esfuerzos de consolidación de la soberanía territorial paraguaya.

Sus orígenes se remontan a la reorganización del Estado paraguayo tras la guerra de la Triple Alianza. En 1870, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores sentó las bases de su origen institucional. Sin embargo, la cuestión de los límites permaneció entonces como una función dentro de su administración. No será sino hasta comienzos del siglo XX cuando esta adquiera entidad propia: en 1902, los asuntos limítrofes fueron asignados a la Subsecretaría de la Cancillería Nacional.

Un paso decisivo para su institucionalización, se dio en 1920 con la creación de la Sección de Límites, concebida como un espacio técnico orientado a sistematizar información geográfica, cartográfica y jurídica. Este hito revela una transformación conceptual: la delimitación del territorio deja de ser únicamente una cuestión diplomática para convertirse también en un problema de conocimiento, medición y representación del espacio.

Su consolidación llegaría en 1939, cuando la estructura evolucionó hacia la Comisión Demarcadora de Límites, organizada en subcomisiones para los países vecinos. Este cambio supuso el tránsito hacia un organismo más complejo, capaz de articular el trabajo de campo con la producción cartográfica y la negociación internacional.

A partir de 1940, la incorporación de geodestas, cartógrafos y topógrafos evidenció el creciente grado de especialización requerido para una tarea que exigía precisión científica y dominio del terreno.

En 1941, con la creación del Instituto Geográfico Militar, se buscó centralizar la producción cartográfica del país. A partir de entonces, la demarcación de límites se estructuró en dos dimensiones complementarias: una técnica (vinculada a los levantamientos, mapas y trabajos de campo) y otra diplomática (relacionada con la negociación y aplicación de los tratados internacionales).

Esta dualidad, entre ciencia y diplomacia, constituye uno de los rasgos más característicos del proceso demarcatorio paraguayo. Mientras la labor técnica pasó a depender del Instituto Geográfico Militar, bajo la denominación de Departamento de Límites Internacionales, la dimensión diplomática permaneció en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 31 de marzo de 1953, el Estado decidió reunificar estas funciones en el ámbito de la Cancillería Paraguaya, creando formalmente la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, tal como se la conoce en la actualidad.

Hoy, la CNDL continúa cumpliendo una función estratégica: de caracterizar, demarcar y vigilar las fronteras del país. Su historia permite comprender que las fronteras no son simples líneas trazadas en un mapa, sino el resultado de un prolongado proceso que combina saber técnico, decisiones políticas y trabajo humano. Se trata de una labor silenciosa, pero esencial para la existencia misma del Estado y la afirmación de su soberanía.

Gracias al apoyo brindado por el gobierno del presidente Santiago Peña se ha logrado dar un salto cualitativo tecnológico fundamental en defensa de nuestra soberanía, al lograrse la digitalización de los hitos de nuestra frontera, así como del rico patrimonio histórico de su archivo. Debemos resaltar además que en diciembre del 2025 se culminó la demarcación total de la frontera con Bolivia, con la labor de batimetría del Río Negro en la zona de Bahía Negra, tras 87 años de trabajos demarcatorios, constituyéndose ambas naciones, en los primeros países de Sudamérica en tener totalmente demarcados sus fronteras nacionales.

Los trabajos continúan pues con Bolivia se realizar anualmente limpieza de picadas entre los hitos demarcatorios, con la Argentina los estudios para la definición de la soberanía de 74 islas en el río Paraguay y con Brasil la definición del cauce (álveo) del río Paraná.

Nuestros límites se hallan signados por la sangre de nuestros compatriotas, como consecuencia de dos guerras internacionales, lo cual constituye un deber de todos los paraguayos, el defender nuestra soberanía nacional. El compromiso del Gobierno nacional a través de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites es proteger y salvaguardar cada palmo del territorio nacional, defendido por nuestros compatriotas durante toda nuestra historia.

Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Zully Rolón, admitió que ocurrieron filtraciones en el caso A Ultranza Py que habrían evitado la captura de Sebastián Marset en Paraguay. La Nación/Nación Media publica este martes que la gestión abdista tenía informes sobre el uruguayo desde 2019, tolerando que se instalara en el país y fortaleciera su estructura criminal.

“El tema de las filtraciones, de las que se hablaba, en el caso de A Ultranza en especial, nosotros tomamos conocimiento de eso en el 2021 cuando tuvimos el informe de Europol, pero sí en verdad existen (las filtraciones) y eso está en el informe que se remitió al fiscal de la causa, que hubo conversaciones hacia el año 2020 donde nombran a un jefe de la Senad, de un departamento de inteligencia técnica”, dijo la exministra, este martes, en conversación con la 1020 AM.

El 6 de noviembre de 2019, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la Senad ya tenía indicios de la conducta delictiva del uruguayo, cuyo primer ingreso a Paraguay fue el 8 de abril de 2018. Entre agosto de 2018 y enero de 2021, la Senad fue dirigida por Arnaldo Giuzzio, hombre de confianza de Abdo.

Rolón asumió el cargo cuando el exsenador pasó a ser ministro del Interior, hasta su destitución en febrero de 2022 por presuntos vínculos con un capo narco brasileño.

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Según la exministra, en noviembre del 2021 la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) toma conocimiento de estas filtraciones cuando ella misma recibe, como máxima autoridad del Senad, el informe de la Europol. Sin embargo, recién se realizó la denuncia luego de haber ejecutado la operación A Ultranza Py, en febrero de 2022.

“Eso se envía a Asuntos Internos y se espera que se operativice A Ultranza para enviar un informe especial sobre este caso al Ministerio Público, como un informe de inteligencia, porque no podíamos poner en riesgo el gran operativo por denunciar una filtración, y el fiscal que recibió ese informe de inteligencia, que es el fiscal a cargo de A Ultranza, remite eso a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y ese caso fue abierto en el 2022 como persona innominada y yo no sé cómo ha de estar el caso”, explicó Rolón.

La extitular de la Senad admitió también que, durante el mandato abdista, los controles sobre el narcotráfico fueron desguarecidos. Inicialmente argumentó que se trabajó más en inteligencia que en controles físicos, como el levantamiento de controles en puertos, la falta de escáneres y la desmantelación de una dirección de investigación.

“Supuestamente en el año 2020 se había cerrado la dirección de investigación aérea, fluvial y terrestre, que era la que supuestamente luchaba contra el crimen organizado en los puestos. Realmente no se cerró ninguna dirección, lo que se hizo fue crear un departamento de investigación en el comercio internacional en el mismo día en que se cierra esa dirección. No fue una eliminación, fue simplemente un cambio administrativo”, fue la justificación de Rolón.

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