El equipo de defensa del senador Erico Galeano presentó este martes la recusación de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, en el marco de la causa A Ultranza Py. El abogado Álvaro Cáceres, uno de los representantes legales del legislador, explicó que la recusación de ambos agentes fiscales se da por una “falta de objetividad”.
“Sabemos que en una instancia de juicio oral un agente fiscal busque una condena porque es la función del Ministerio Público como órgano acusador, pero consideramos que esa labor debe llevarse con un criterio de objetividad y consideramos que esa objetividad se perdió”, expresó el abogado.
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El letrado indicó que la pérdida de objetividad quedó en evidencia por las declaraciones formuladas por los agentes fiscales una que vez que, en su momento, lograron el arresto domiciliado con permiso para trabajar para el legislador.
“Ellos manifestaron que Erico Galeano debe perder su libertad, siendo que eso es un derecho constitucional, el segundo derecho más importante después de la vida y siendo que la prisión preventiva debe ser de última instancia que tiene que recurrir un juzgador a los efectos de asegurar el sometimiento de una persona, y al haber declarado de esa manera, nosotros consideramos que perdieron totalmente el criterio de objetividad y en ese sentido, planteamos la recusación”, apuntó.
Este martes, se debía iniciar el juicio contra el senador Galeano en el marco de la causa A Ultranza Py, bajo la acusación de lavado de dinero y asociación criminal. El inicio estaba previsto para las 07:30, diligencia que quedó suspendida hasta que se resuelva la acción presentada por los abogados.
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Comisión Bicameral analiza presupuesto para la UNA
Las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) fundamentaron sus necesidades en diferentes ámbitos para el próximo año ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) en el marco del estudio del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN 2027).
Solicitaron prever recursos para dar continuidad a obras de infraestructura, así como para el escalafonamiento docente. Además pidieron contemplar una asignación presupuestaria para inversión, equipamiento tecnológico y mantenimiento de laboratorios, entre otros puntos.
Específicamente para el rubro de recursos humanos, la asignación presupuestaria solicitada es de G. 79.095.063.050 para crecimiento vegetativo; G. 48.643.472.763 para nivelación salarial; y G. 34.142.360.630 para contrato colectivo.
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Bajo la presidencia del senador Silvio Ovelar, la Comisión Bicameral debatió este jueves sobre los planteamientos de las autoridades académicas.
El equipo técnico de la UNA acudió al Congreso Nacional para la defensa del presupuesto para la institución, para el ejercicio fiscal 2027.
Durante la audiencia, se analizaron los lineamientos, montos y prioridades del proyecto, en cumplimiento del rol constitucional de la CBP de estudiar y dictaminar el Presupuesto General de la Nación- (PGN2027).
Para el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, se solicita tomar las previsiones presupuestarias que demandarán la continuidad de obras en las áreas de pediatría y anatomía patológica.
Se precisa igualmente fondos para el mantenimiento de equipos médicos de alta complejidad y de la tecnología del hospital escuela.
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Defensa de Hugo Javier pidió cumplir su condena en su domicilio por secuelas físicas y neurológicas
Este martes, la defensa legal del exgobernador de Central, Hugo Javier González, formalizó el pedido del arresto domiciliario para continuar con un tratamiento ambulatorio debido a su cuadro clínico. La Justicia dispuso la realización de una junta médica para dictaminar si corresponde modificar su reclusión penitenciaria.
Hugo Javier estaba cumpliento una condena de 10 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde el 6 de setiembre pasado sufrió un traumatismo de cráneo en su celda, los médicos del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que está listo para recibir el alta hospitalaria, pero aún presenta secuelas luego del fuerte golpe.
“Hemos presentado un incidente de prisión domiciliaria a favor de Hugo Javier atendiendo a su situación médica. Nosotros consideramos que corresponde la prisión domiciliaria porque si es bien cierto que tuvo un buen avance en su estado de salud, el problema es con la parte neurológica”, expresó Guillermo Gayoso, abogado defensor, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que el juez de la causa pidió que se conforme una junta médica con un peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la defensa, para hacer una inspección médica exhaustiva en el Hospital Nacional de Itauguá y determinar en qué situación de salud se encuentra el exgobernador.
“El juez ya trasladó esto al Ministerio Público que no se opone a que esto prospere, por ello el juez ordenó a una junta médica que se realizará el 8 de octubre en el Hospital Nacional de Itauguá. Por momentos él esta 20 años atrás en el tiempo, pregunta por su difunto padre, tiene episodios de histeria. Son muchas situaciones delirantes que requieren cuidados”, detalló.
Afirmó que también se solicitó que cuente con una enfermera que lo asista todos los días en tanto siga con su tratamiento ambulatorio. “Hemos propuesto también a una enfermera 24/7 y un médico de cabecera más un traumatólogo terapista para los cuidados del mismo, esto sería en la casa de su actual pareja que reside en la ciudad de Emboscada”, puntualizó.
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Defensa critica pedido fiscal y dice que desorden de la universidad y del MEC no es culpa de Rivas
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.
Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.
Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).
También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.
Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.