Cipriana Romero, esposa de Facundo Torales Argüello de 72 años de edad quien falleció luego de ser arrollado por un automóvil en la zona de Fernando de la Mora, exige justicia por lo sucedido.
El terrible suceso donde el hombre de 72 años de edad perdió la vida ocurrió en el día del Padre y es por ello que su esposa pide al Ministerio Público que el caso no quede en el oparei.
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El rodado iba al mando de un joven de 23 años, quien dio positivo al alcotest. El accidente de tránsito con derivación fatal sucedió a las 15:40 de este domingo en las calles Isla Po`i y Juan José Farías, del barrio Itá Ka`aguy, ciudad de Fernando de la Mora.
Facundo Torales Arguello (72) regresaba a su domicilio cuando fue embestido por un Toyota de color blanco que, según se observa en el video, perdió el control al menos una cuadra antes y terminó en esa esquina.
“Me dejó sola, desamparada, sin él, por eso pido justicia, no quiero plata, él es mi compañero de toda la vida, el que me cuida, cuando tenía 19 años le encontré a él, desde ahí estoy con él”, comentó la viuda de la víctima, en una entrevista con Telefuturo.
El conductor del automóvil fue identificado como Alex Junior Dávalos Brizuela (23) quien dio positivo al alcotest con 0,152 mg y fue aprehendido.
La fiscalía deberá presentar la imputación contra el conductor del rodado y deberá solicitar la medida cautelar que podría ser la prisión preventiva u otras medidas.
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Justicia realizó transferencia de G. 25.000 millones y USD 11 millones a la Senabico que fueron comisados a RDG
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos N.º 1 de la Capital, a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, realizó este viernes 30 de octubre la entrega de certificados de depósito de ahorro (CDA) correspondientes a dos entidades bancarias, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Ramón González Daher y a su hijo. Como parte de esta actuación, la magistrada confirmó la transferencia de fondos a la cuenta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La jueza precisó que la transferencia de fondos comprendió G. 25.000 millones y USD 11 millones. Detalló que, en relación con la suma en moneda nacional, se entregaron seis certificados de depósito como parte de las medidas de ejecución patrimonial dispuestas por el juzgado.
Kirchhofer calificó esta actuación como histórica para la Justicia paraguaya por la magnitud de los recursos involucrados y su vinculación con una causa emblemática en materia de lavado de dinero. Asimismo, señaló que el caso figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Al referirse al alcance de la ejecución del comiso, la jueza manifestó: “Esta es una muestra de que la Justicia no solo impone sanciones de penas privativas de libertad, sino que también privamos de los beneficios del delito, tanto económicos como patrimoniales, a las personas que fueron condenadas por determinados hechos punibles”.
La magistrada destacó que la entrega de los certificados no constituyó únicamente un acto protocolar, sino el resultado de varios años de trabajo del juzgado a su cargo para dar cumplimiento a las decisiones judiciales relacionadas con la recuperación de bienes.
En ese sentido, expresó su expectativa de que estos recursos sean administrados por el Estado de manera responsable, transparente y eficiente, en beneficio de la sociedad. Finalmente, informó que aún quedan 15 certificados de depósito pendientes de transferencia y presentación ante el juzgado en el marco de la misma causa.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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Itapúa: motociclista muere tras colisión con una furgoneta guiada por una menor
Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa.
Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró ayer a las 18:00 horas sobre la Ruta PY06 Dr. Juan León Mallorquín, km 125, en el distrito de Tomás Romero Pereira. El hecho involucró a una furgoneta Toyota Noah, color gris, matrícula NBG 743, al mando de Audeliz Ocampo Ávalos, de 17 años, domiciliada en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, y a una motocicleta Taiga TL200CC roja, guiada por Víctor Milciades Casco Chamorro, de 33 años, domiciliado en el barrio 8 de Diciembre - San Cayetano, quien falleció.
Según las averiguaciones policiales, la furgoneta circulaba hacia la zona céntrica y, al llegar a la altura del km 125, la conductora realizó una maniobra para ingresar a la vía colectora, cruzándose al carril contrario, momento en que colisionó con la motocicleta. La víctima fue auxiliada por Bomberos Voluntarios de María Auxiliadora y trasladada al Hospital Distrital, donde se constató su deceso a las 19:15 horas.
El caso fue comunicado al fiscal de turno, Abg. Walter Castro, quien dispuso la incautación de ambos vehículos. Se aguarda su disposición respecto a la conductora menor de edad. Intervino personal de la Comisaría 16° de María Auxiliadora y Criminalística.
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Cuatro detenidos van a prisión por contrabando de acetato de etilo con destino a Bolivia
La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas, quienes fueron detenidos con una carga de precursores químicos que tenían como destino Bolivia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías de Limpio, Elsa Idoyaga, luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Mariano Roque Alonso, Andrea Soledad Ríos Dos Santos, fue quien presentó la imputación contra
- Francisco Javier Varela Rivas
- Juan Clemente Granje Benítez
- José Félix Cabral
- y Pastor Federico Rojas Figueredo.
Los procesados cumplirán la medida privativa de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
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Los hoy imputados fueron retenidos por agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) con el cargamento de precursores químicos que pretendía ser trasladado a Bolivia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
El primer arrestado fue Varela, quien resultó interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que transportaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo. Lo llamativo del caso es que el Ministerio Público borró el informe enviado a los medios de comunicación. En dicho documento se mencionaba que este componente se despenalizó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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