El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, condenó a tres años de cárcel a la abogada Cinthia Pérez Toranzo, luego de ser encontrada culpable por los delitos de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad, por intentar mentir al justiciar en una carta de naturalización de ciudadanos extranjeros.
Los magistrados de sentencia Juan Carlos Zárate y María Fernanda García de Zuñiga votaron por la sentencia condenatoria de tres años, mientras que el juez Héctor Capurro votó por condenar a solo dos años y seis meses de prisión.
El magistrado Zárate sostuvo que luego de la presentación de ambos extranjeros, se produjo la suplantación por otras personas a los efectos de rendir los exámenes, por parte de un adolescente y el señor Mohamed Ali Kanso.
Por su parte, la actual exsecretaria de la Sala Civil de la Corte y camarista Pierina Ozuna, indicó que a partir de lo sucedido se replanteó lo referente a los controles para evitar situaciones como la acontecida con la abogada Cinthia Pérez Toranzo, condenada hoy a 3 años de pena privativa de libertad, indico la magistrada a Cuarto Intermedio a través de El Observador Radio TV.
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Condenan a 19 años de cárcel a un hombre encontrado culpable por abuso sexual en niños
Un tribunal de sentencia dictó la condena de 19 años de pena privativa de libertad contra un hombre hallado culpable del hecho punible de abuso sexual en niños, cuyas víctimas fueron dos menores de edad.
Durante la audiencia oral y pública, la acusación del Ministerio Público fue sostenida de manera firme por el agente fiscal Fidel Walter Castro Bogarín, de la sede fiscal de María Auxiliadora, en el departamento de Itapúa.
Durante el desarrollo del juicio oral, la representación fiscal presentó y produjo un sólido caudal probatorio compuesto por testimonios claves, informes psicológicos especializados y otros elementos científicos y periciales que permitieron acreditar de forma fehaciente tanto la existencia del hecho punible como la plena responsabilidad penal del acusado.
De acuerdo con los antecedentes recopilados en la carpeta de investigación, los abusos se perpetraron en reiteradas ocasiones a lo largo del año 2022.
La rigurosidad en la recolección de evidencias y el trabajo articulado con profesionales del área psicológica fueron determinantes para esclarecer el caso ante el órgano judicial, logrando finalmente que el Tribunal de Sentencia imponga una condena ejemplar en resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Igualmente, la defensa del condenado tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien definirá si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o dispone que se realice un nuevo juicio oral.
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Condenan a 16 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños
Un Tribunal de Sentencia dictó una condena de 16 años de pena privativa de libertad para un hombre penalmente responsable del hecho punible de abuso sexual en niños.
La acusación y el sostén probatorio durante el juicio oral y público estuvieron a cargo de la agente fiscal María Angélica Insaurralde, representante de la Fiscalía Barrial n.° 8 de Asunción.
A lo largo del debate oral, la fiscala presentó un conjunto sólido de elementos probatorios recabados durante la etapa preparatoria.
Estas evidencias científicas, testimoniales y periciales permitieron al colegiado judicial comprobar con certeza legal la existencia del hecho, así como la autoría y la reprochabilidad del encausado.
Ante las pruebas introducidas por la Fiscalía, los magistrados determinaron que correspondía aplicar la sanción penal de 16 años de encierro.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, el agresor formaba parte del círculo de allegados de la familia de la víctima.
Esta condición de cercanía le facilitó el acceso al entorno íntimo de la menor. El ahora condenado aprovechó deliberadamente un momento de vulnerabilidad en el que quedó a solas con la niña para consumar los actos de abuso.
Por expreso mandato del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, que busca salvaguardar la integridad psicológica, la intimidad y la dignidad de las víctimas menores de edad, se omiten la identidad del sentenciado y cualquier otro dato que permita identificar de forma directa o indirecta a la niña.
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Condenan a tres años y medio de cárcel a exgerente bancario por fraude millonario
Un tribunal de sentencia condenó a tres años y medio de cárcel a un hombre que se desempeñaba como gerente de un banco, tras ser encontrado culpable de ocasionar un daño patrimonial de G. 4.823.218.534 mediante un esquema fraudulento de transferencias y cuentas corrientes, según la acusación fiscal demostrada en el juicio oral.
El condenado fue identificado como Sergio Andrés Olmedo García, responsable del perjuicio económico en detrimento del Banco Continental. Aunque el fiscal Julio Ortiz solicitó una pena de seis años de prisión, el Tribunal de Sentencia —integrado por las magistradas Ana Rodríguez (presidenta), Karina Cáceres y Yolanda Morel— resolvió condenarlo a tres años y medio.
El sentenciado ocupaba el cargo de gerente en una de las sucursales de la entidad bancaria cuando cometió los ilícitos. El esquema comenzó a descubrirse mediante una auditoría interna presentada en agosto de 2022, la cual evidenció inconsistencias en libradores de cheques sin solvencia patrimonial, documentación con datos falsos y operaciones vinculadas entre varios clientes y el propio condenado, quien resultaba el principal beneficiado de las transferencias.
Asimismo, otra auditoría detectó irregularidades en las actividades económicas de varios clientes. Estas personas realizaban transferencias vía SIPAP a uno de los implicados, utilizando créditos irregulares otorgados por otro banco y provenientes de otras entidades bancarias. La investigación judicial confirmó la existencia de este esquema fraudulento diseñado para la obtención de préstamos, apertura de cuentas corrientes y transacciones ilícitas.
El esquema
Los fondos obtenidos de manera irregular eran transferidos a uno de los involucrados, quien posteriormente los redistribuía entre los demás miembros de la red. Estas operaciones consumaron el perjuicio patrimonial de G. 4.823.218.534 contra la entidad bancaria.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.