“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.

Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.

“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.

Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.

El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.

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Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.

Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.

Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.

El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

El encuestador Adolfo Grau dijo que los votos a favor de los candidatos a concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ampliarán la brecha de preferencia electoral que mantiene el candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez contra su principal contrincante la opositora y exministra de Viviendas, Soledad Núñez.

“La suma de todos los votos de la concejalía colorada supera a la de Camilo unos 3 o 4 puntos, es decir Camilo por una cuestión simple va a subir más, se ampliará su brecha que tiene con Soledad Núñez. Después está el día D, la estructura, los recursos humanos y económicos que inciden mucho en la fase final de una campaña política y pareciera ser que los margenes serán muy superiores a lo que estamos manejando hoy. Yo creo que se llegará a un 18 % o un poco más (de diferencia en preferencia electoral)”, refirió al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.

En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.

El Departamento de Investigaciones localizó y detuvo en el microcentro a una de las personas investigadas por lesión de confianza en el caso que involucra a los expresidentes Jorge Brítez y Vicente Battaglia.

Rosa Concepción Colmán, con orden de captura en la causa por supuesto hecho de lesión de confianza, en el IPS, fue detenida ayer durante un operativo en el barrio Catedral de Asunción. La derivaron al Departamento de Investigación de Asunción, desde donde la llevarán a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria hoy.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, confirmó que la estatal no variará sus precios esta semana, mientras continúa analizando la situación. El titular de la petrolera estatal aseguró que la firma seguirá siendo la más competitiva, incluso de darse alguna eventual suba.

“Todavía seguimos analizando cómo está el mercado, acabamos de cerrar el mes de julio, la segunda quincena, y realmente la cotización internacional no baja del promedio de USD 1.000 el metro cúbico”, dijo en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) destacó el avance en obras de infraestructura que serán de alta relevancia en el desarrollo del país. El puente del corredor Bioceánico, la defensa costera de Pilar y la conexión de Puerto Indio con la ruta PY07 están tomando forma conforme a las labores realizadas.

Con relación al paso sobre el río Paraguay, para unir las localidades de Carmelo Peralta con Puerto Murtinho (Brasil), el gremio cita que se encuentra en su etapa decisiva para unir ambas márgenes y destaca que se trata de una estructura clave para consolidar al Paraguay como centro logístico multimodal.

Los jubilados que pertenecen al sistema previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) exigieron hoy durante una manifestación frente al Congreso Nacional, la aprobación del proyecto de ley que declara emergencia sanitaria en el IPS, presentado por el senador Juan Afara.

El Licenciado Elvio Brun, vicepresidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), mencionó que el principal reclamo es que el Estado cumpla con la deuda histórica con el IPS mediante la emisión de bonos perpetuos.

En ese marco, el gremio amenazó con presentar una demanda internacional que afectaría la calificación crediticia del país.

“No estoy satisfecho de ninguna manera con el resultado de hoy en la reunión del Senado entre las autoridades del IPS y la comisión de Hacienda. El Estado debe honrar su deuda, vemos que el Estado no quiere honrarla por el problema del déficit fiscal.”, dijo Brun.

“Ese grado de inversión tiene el riesgo de perderse, y al gobierno le interesa más el pergamino, si pagan la deuda al IPS se va a superar el nivel déficit fiscal sobre el PIB”, sostuvo.

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Igualmente, el directivo gremial exigió a las autoridades del IPS que expliquen el significado y los alcances de esa reingeniería financiera planteada hoy el titular de la previsional, Dr. Isaías Fretes.

Por su parte, el presidente de la UNJP, Gustavo Canata aclaró que si el proyecto de ley de emisión no bonos no es aprobado “haremos una demanda internacional para el cobro del IPS y esto le va a dar mayor problemas porque una vez que el Estado paraguayo no cubra su deuda interna se le van a cerrar los créditos internacionales”, dijo.

Afirmaron que el Gobierno tiene para construcción de rutas, sin embargo hace caso omiso a la vida. “Este problema de IPS está trayendo muertes sucesivos, debido a la falta de atención y medicamentos”, remarcó Canata.

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