La fiscal Mirtha Arévalos se constituyó en el Hospital San Jorge de Asunción ante presunto hurto de 18 tipos de medicamentos de uso controlado, denunciado por la jefa de la farmacia, Mirtha Orrego.

Los funcionarios de dicha dependencia fueron convocados por el Ministerio Público para brindar declaraciones sobre lo ocurrido.

“Lo primero que hicimos es constituirnos, conversar con el director, el doctor César Delmás. Nos autorizó a ingresar acá en la parte de farmacia, conversamos con la doctora Mirtha Orrego. Mayores datos aún no podemos dar”, dijo a Unicanal.

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La agente del Ministerio Público explicó que mediante la constitución en el lugar se busca verificar los hechos denunciados.

“El día de mañana estarían por la unidad fiscal la doctora Mirtha Orrego, la licenciada Jacqueline y otros funcionarios que estuvieron de guardia el día en que supuestamente ocurrió el hurto”, refirió.

En cuanto a la verificación de lo que es el sistema de seguridad de la institución manifestó que no vio “ningún circuito cerrado”.

“Le preguntamos también a la doctora Orrego si contaban con circuito cerrado en la zona anteriormente. Nos manifestó que no, pero que sí tienen circuito cerrado en la parte de Tomografía”, detalló.

La abogada Arévalos adelantó que en prosecución de la investigación, el Ministerio Público estará solicitando “todas las copias del circuito cerrado” a fin de llegar a esclarecer el hecho de hurto.

“El fiscalizador nos mostró más o menos el tipo de caja, esto podría sacarse en un bolso, solamente en un auto. No se necesitaba ningún vehículo de gran porte para ser trasladados estos medicamentos. Son pequeños medicamentos, pero en cuanto al valor económico son bastante altos”, expresó.

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Un nuevo asalto y robo ocurrió en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, siendo víctima un ciudadano de El Salvador, a quien le robaron dos aparatos celulares, tras uso del aplicativo Grindr para concertar una cita.

Es el mismo modo de operación repetido en el citado barrio, después de concertarse una cita por sitios en internet, con el objetivo de robo, según denuncias constantes.

El hecho se dio a las 14:30 de ayer sábado, en la vía pública del barrio San Rafael, zona baja, sector 1. La víctima es Kevin Alexander Velázquez (32), quien está hospedado en un hotel de Foz de Yguazú, Brasil.

Fueron autores tres hombres desconocidos por él, quienes lo despojaron de los teléfonos de la marca Samsung, uno Galaxy Note 9 y otro Galaxy A55. Además de describir sus características físicas no aportó más datos, al personal que intervino en el caso, de la Comisaría 1.ª.

La víctima contó a los agentes que a la mañana había contactado a través de redes sociales, por la aplicación Grindr, para un encuentro con un desconocido, que se hizo llamar Fredy; mediante coordinación entre ambos, el desconocido lo buscó frente a Shopping París del microcentro de Ciudad del Este, a bordo de una motocicleta tipo clásico, color azul, con uso del casco protector en todo momento.

El ciudadano extranjero dijo que abordó dicha moto como acompañante y llegó a Ciudad del Este, hasta la zona baja del barrio San Rafael, ya cerca de un yuyal y un arroyito, momento en que salieron dos hombres y uno de ellos se le acercó con cuchillo en manos y le sustrajo a la fuerza los dos aparatos celulares.

Luego de ese hecho, tanto el que lo llevó hasta el sitio como los otros dos huyeron hacia los pasillos y escalinata del barrio. Agentes de la comisaría y del Grupo Lince iniciaron la búsqueda de los asaltantes. Esta es una práctica delictiva frecuente para incautos que recurren a los aplicativos para citas y terminan siendo robados en asalto.

La justicia uruguaya envió ayer jueves a prisión preventiva a uno de los fundadores de Conexión Ganadera, un fondo de inversión en ganado que colapsó y dejó impagos por cientos de millones de dólares a miles de personas. La caída del fondo, muy popular y con gran reputación en Uruguay, se sumó al colapso el año pasado de otras dos firmas que ofrecían similares alternativas de inversión.

En Uruguay, un país ganadero por excelencia, estas empresas ofrecían altas rentabilidades a los inversores. Su caída dejó a unas 7.000 personas damnificadas, según cifras preliminares. “Se dispuso una medida cautelar de prisión preventiva para Pablo Carrasco, hasta el 10 de febrero", señaló Javier Benech, director de comunicación de la Fiscalía, tras más de cinco horas de audiencia en la que también se imputó al empresario por estafa y lavado de activos.

La justicia también dictaminó la formalización -es decir la investigación formal- de la esposa de Carrasco, Ana Iewdiukow, y de Daniela Cabral, viuda del otro socio fundador del fondo, Gustavo Basso, fallecido en un accidente de tránsito en noviembre de 2024 cuando aún no se conocía la posición deficitaria de la empresa.

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Ambas están acusadas de estafa por su participación en los negocios de la empresa y deberán cumplir arresto domiciliario, con portación de dispositivo electrónico de rastreo, también hasta el 10 de febrero. Con las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva de Carrasco, la fiscalía busca evitar que los acusados entorpezcan los próximos pasos de la investigación y eliminar el peligro de fuga, dado el alto poder adquisitivo que ostentan.

La Justicia dispuso el embargo de inmuebles y vehículos de los acusados por 16 millones de dólares, una cifra menor comparada con los 250 millones de dólares en que se estima el faltante del fondo ganadero.

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“La gente lo llama estafa, pero es un robo, a nosotros nos robaron los ahorros”, dijo a la AFP Silvia Bello, una uruguaya residente en Miami afectada por la caída de la empresa, quien protestó junto a una veintena de personas en la puerta del juzgado. “Aún no se sabe dónde está todo el dinero”, aseveró el fiscal del caso, Enrique Rodríguez.

Además de Conexión Ganadera, también quebraron los fondos República Ganadera y Grupo Larrarte. El sector ganadero, que incluye la producción de carne, subproductos y lácteos, es uno de los motores principales de la economía de Uruguay, un país de unos 3,5 millones de habitantes que en 2023 contaba con un rodeo de casi 12 millones de cabezas de ganado bovino.

Fuente: AFP.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcio­naba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embol­sillarse millonarias sumas per­tenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el pro­ceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo ope­raba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien pla­neado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económi­cos como elementos para seña­larlos por las figuras penales de lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el inten­dente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y plati­llos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgen­cia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se con­cretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publi­cando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba con­trato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se ela­boraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encon­traba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhi­biendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gas­tos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del che­que que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el direc­tor administrativo de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Áva­los a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Mar­tínez, quien ya contaba con millonario contrato de ali­mentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue sola­mente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.

El Departamento de Crimen Organizado realizó verifica­ciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figu­ran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país ale­jados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser con­signadas por los beneficia­rios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simu­lar la entrega de los kits.