El Ministerio Público, a partir de investigaciones preliminares, sostiene la hipótesis de que Hugo Javier González habría sufrido una caída accidental, la noche del domingo 6 de setiembre, en el sanitario de su celda de reclusión en la Penitenciaría Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción. El exgobernador de Central resultó con un trauma craneoencefálico y fue internado el lunes en el Hospital Nacional de Itauguá.

El órgano extrapoder manejaría dicha hipótesis de acuerdo a las diligencias realizadas con la recopilación de informes, testimonios, vídeos y fotografías. Entre los elementos considerados por los investigadores se encuentra el desnivel existente en el sanitario, poca iluminación en el sitio, así como la ausencia de heridas defensivas, circunstancias que, de manera preliminar, serían compatibles con la hipótesis de una caída accidental.

No obstante, la Fiscalía no descarta otras hipótesis que puedan surgir durante el avance de las indagaciones. Las diligencias siguen con el fin de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar si existió algún otro factor que pudiera haber contribuido al hecho.

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A la vez aclara que las conclusiones definitivas dependerán de la valoración integral de los elementos reunidos en la investigación. Gonzaléz actualmente se encuentra en coma inducido en el Hospital Nacional de Itauguá tras ser intervenido quirúrgicamente ayer lunes para la colocación de un catéter dentro del cerebro a través de un orificio en la cavidad craneal.

El catéter permanecerá al menos 48 horas con la finalidad de medir la presión intracraneal. En caso de detectar un aumento de la presión, se dispondrá una cirugía mayor.

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Luego de que Hugo Javier González fuera trasladado de urgencia este lunes al Hospital Nacional de Itauguá (HNI), el Ministerio de Justicia informó que dieron participación al Ministerio Público y que no apañarán eventuales irregularidades en el caso.

En principio, ingresó por un presunto accidente cerebrovascular (ACV) y luego se confirmó un traumatismo craneoencefálico, además, de múltiples hematomas y lesiones en varias partes del cuerpo.

El ministro de Justicia Rodrigo Nicora indicó que aún no recibieron un informe detallado sobre la condición de salud de Hugo Javier y que esperan el reporte médico del HNI, ya que hasta el momento solo se manejaba que sufrió un ACV, según el informe del Hospital de Barrio Obrero.

“Se dio aviso e intervención al Ministerio Público, que es muy importante para investigar y tener todos los hechos dilucidados. Aquí no vamos a apañar a nadie si es que hay hechos irregulares y ponemos a disposición todos los elementos necesarios para saber la verdad”, expresó Nicora, en entrevista con la 780 AM.

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Afirmó que el hecho se registró cerca de las 23:00 de ayer domingo en el pabellón D en el baño de la celda 2. Tras detectarse sobre su situación, fue llevado hasta la sanidad, donde el médico indicó que debía ser derivado a un centro asistencial y que media hora después ya se encontraba en el hospital de Barrio Obrero.

“Hugo Javier solamente estaba compartiendo prisión con una persona, porque la otra estaba con medidas transitorias. Una vez que la persona privada de libertad, de nombre Juan Antonio Arguello, da aviso, el personal interviniente toma la acción y la posta para que sea atendido”, resaltó.

Aclaró que hay una dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción que, en paralelo al trabajo del Ministerio Público, realizará una serie de preguntas lógicas a los intervinientes y a los que acompañaron a la víctima en ese momento. “Se tienen las imágenes con Hugo Javier que ingresa a su celda, con solamente esa persona que dio la alerta y después cuando ya es retirado del lugar”, puntualizó.

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Un hombre denunció este jueves que desconocidos están ofreciendo su vivienda en alquiler sin su autorización. Según manifestó, los responsables incluso promocionan el inmueble a un precio muy inferior al valor real, situación que le genera preocupación y sospechas de una posible estafa.

Desde hace unos meses don Alberto Funes decidió poner en alquiler su vivienda en Asunción mediante una inmobiliaria, pero hace unas semanas vio que la misma propiedad es ofrecida por varias personas que desconoce. Estas comparten fotos y vídeos, pero presume que fueron captadas por personas que se hicieron pasar por clientes.

Además, denunció que retiraron el cartel que fue puesto por la inmobiliaria y que en redes sociales figuran varios números telefónicos, pero que ninguno es de una persona conocida o de la empresa encargada de administrarla. La casa es ofrecida por G. 6 millones al mes en alquiler, sin embargo, los extraños lo están ofreciendo por G. 3 millones.

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“Estas personas muestran todas las dependencias y publicaron fotos de todo tipo, se puede ver que pidieron ingresar a la propiedad para captar las imágenes. Además, comparten una serie de números de teléfonos, intenté hacerme pasar por interesado, pero no tuve retorno”, detalló don Alfonso, en entrevista con canal Trece.

Afirmó que junto a la inmobiliaria ya realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes. “El único requisito que piden estos desconocidos, en las publicaciones que circulan en redes sociales, es que deben abonar los 3 millones de guaraníes y ya la casa estaría disponible para la persona o familia”, indicó.

Confirmó que hasta el momento se desconoce si existen víctimas de estos estafadores e instan a la ciudadanía a realizar la denuncia en la comisaría 15 de Asunción en el caso de que hayan abonado por el falso alquiler para seguir con las investigaciones e intentar dar con los estafadores.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.

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De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.

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La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.

Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.