El Tribunal de Apelaciones integrado por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla ratificó la competencia del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien fue recusado por uno de los acusados en el proceso penal que enfrenta el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia.

Ahora el expediente tendrá que bajar nuevamente al juzgado de Otazú, quien tendrá que fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público.

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Días atrás, la defensa del procesado Higinio Ramón Acuña recusó al juez Otazú y logró suspender la audiencia preliminar.

Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este sería de alrededor de G. 300 millones, en un esquema encabezado por Prieto y otras 10 personas para desviar fondos de la entidad municipal a través de licitaciones públicas que eran direccionadas a empresas afines o funcionales a Prieto.

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