Un hombre fue asesinado a balazos este sábado en un lavadero ubicado en 14 de Mayo y Brasil, barrio Guaraní de Pedro Juan Caballero.

La víctima fue identificada como Edgar Gustavo Pereira (36), alias Bollo, quien intentó correr por su vida, pero recibió varios disparos, se desplomó y murió en el lugar.

Fueron sindicados como supuestos autores del homicidio dos hombres, quienes llegaron a bordo de una motocicleta.

El supuesto hecho de sicariato ocurrió en horas de la tarde en un lavadero denominado MV. El hombre llegó al sitio para retirar su vehículo que había dejado para su limpieza. En ese momento, fue atacado por los desconocidos.

Según el informe policial, el fallecido no contaba con antecedentes. Sin embargo, en diciembre del año 2014 había sido apresado por tener doble cédula de identidad. Además, era investigado por agentes de la Senad por posibles nexos con el tráfico de drogas.

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Agentes policiales acudieron hasta la escena del crimen para el procedimiento de rigor, mientras se aguardan más detalles sobre las circunstancias del hecho y dar con los autores.

“Estaba en la sala de espera aguardando a que terminen el trabajo de limpieza, cuando uno de los ocupantes de la motocicleta ingresó efectuando varios disparos y se mandaron mudar”, refirió a medios locales el comisario Osval Lesme.

Se presume que el arma utilizada era una pistola 9 milímetros. “Recibió ocho impactos en varias partes del cuerpo y principalmente a nivel del maxilar lado derecho con orificio de salida en la zona posterior del cráneo que le produjo la muerte. Todos los disparos fueron a quemarropa”, precisó el médico forense, Gustavo Galeano.

Se desconocen los motivos del crimen. Los investigadores analizan imágenes de circuito cerrado para identificar a los autores del crimen.

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El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas. La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

Mientras que, el lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. “Su defensa deberá arrimar todas las documentaciones que crea pertinente para tratar de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, detalló el periodista del área judicial de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

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De acuerdo con el acta de impu­tación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dóla­res, guaraníes y firmó contra­tos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los con­tratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denun­cia impulsada por la Conmebol se mencionan publicacio­nes periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relaciona­dos con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

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En la mañana de este lunes se llevó a cabo una requisa en un pabellón de miembros del Primer Comando Capital (PCC) de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero ante la información de un plan de fuga de reclusos pertenecientes al grupo criminal.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, señaló en comunicación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media que ante la información recibida se tomaron las medidas correspondientes y se desarrolló una requisa en el establecimiento penitenciario.

“Ayer se obtuvo información de inteligencia de un plan de fuga de los pabellones de Pedro Juan, concretamente el pabellón que está ocupado por integrantes del PCC. Se verificó esa información, se obtuvieron indicios de que el dato era bastante cierto, entonces ya se comunicó a la Policía, se obtuvieron refuerzos y esta mañana se hizo la requisa en ese pabellón”, expresó.

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Maciel dijo que durante el procedimiento se pudo confirmar la existencia del plan eventual de fuga, ya que “en una de las celdas los barrotes fueron cortados”. En el lugar los intervinientes incautaron celulares, estoques, armas blancas, bebidas alcohólicas, parlantes, entre otros elementos.

El viceministro de Política Criminal explicó que “estaban como preparando para evadirse por esa abertura, pero obviamente se frustró, en este caso por eso estamos hablando de que se frustró la planificación, porque no se llegó ni siquiera a ejecutar esa fuga”.

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En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.

El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.

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Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.

El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.

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