El juez penal de Garantía de Pedro Juan Caballero, Édgar Gustavo Ramírez, a través de la resolución N° 336 de fecha 21 de abril del 2021, resolvió hacer lugar a la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de Mariela Rossani Arévalos Rodríguez, en el marco de la causa caratulada “Ministerio Público contra Victoriana Benítez de Ayala, Carlos Alberto de Souza Cano y Mariela Rossani Arévalos Rodríguez sobre amenazas de hechos punibles, asociación criminal y otros”.
La resolución judicial fue arrimada por los abogados Néstor González y Juan Cabral en representación de Mariela Rossani Arévalos, quienes se acercaron hasta el edificio de Nación Media para realizar la entrega de la resolución judicial.
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Arévalos Rodríguez fue detenida, al igual que su esposo y otra mujer, por supuestas amenazas a quien fuera presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El Ministerio Público investigó el hecho y no encontró ninguna vinculación de Arévalos Rodríguez en el hecho, por lo que primeramente pidió el sobreseimiento provisional y luego se solicitó el sobreseimiento definitivo. El fiscal de aquel entonces, Pablo Zorrilla, estuvo de acuerdo con el sobreseimiento definitivo a favor de Arévalos Rodríguez.
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Policía Federal detiene a empleada de universidad paraguaya con millonaria suma en la frontera
Una empleada de la Universidad Interamericana —institución educativa con sede en Pedro Juan Caballero, Paraguay— fue detenida en flagrancia el pasado miércoles en la zona de Ponta Porã (frontera con Pedro Juan Caballero) tras ser interceptada con 800.000 reales en efectivo (unos 902 millones de guaraníes).
De acuerdo con los datos de las autoridades, la universidad pertenece al empresario y candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo (União Brasil).
La semana pasada, una de sus haciendas ubicada en Porto Murtinho, en el estado de Mato Grosso do Sul, fue objeto de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil.
Durante el procedimiento, las autoridades rescataron a 23 trabajadores paraguayos que se encontraban en situación irregular, víctimas de presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Según informó el medio G1, los compatriotas no estaban registrados formalmente, sufrían la retención de sus salarios y tenían prohibido abandonar las instalaciones.
Asimismo, las autoridades brasileñas sospechan que la universidad de Carlos Bernardo —quien es investigado por supuestos vínculos con el Primer Comando Capital (PCC)— habría sido utilizada como fachada por miembros de este grupo criminal para justificar su estadía en la frontera y coordinar sus operaciones.
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El nombre de Aparecido Carlos Bernardo cobró relevancia pública tras el operativo del 23 de marzo de 2021, cuando se capturó a 14 integrantes del PCC durante una “asamblea” en Pedro Juan Caballero.
Entre los detenidos se encontraba Weslley Neres dos Santos, alias “Bebeção”, líder regional de la banda criminal en la frontera, quien en ese momento portaba una credencial que lo identificaba falsamente como estudiante de Medicina de la universidad privada del candidato.
Caso Ypyta
Igualmente, Eusebio Niz Valiente, supuesto testaferro de Aparecido Carlos Bernardo duelo de la Universidad Interamericana y ex CEO de la Universidad Central pretende quedarse con una propiedad perteneciente a la firma Ypyta en un juicio plagado de irregularidades.
Actualmente, el caso está en la cámara de apelación de Asunción a los efectos de su estudio correspondiente. Este hecho demostraría que testaferros de personas presuntamente ligadas al crimen organizado estarían tratando de torcer la justicia.
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Ratifican prisión de dueños de farmacias imputados por venta irregular de medicamentos
El juez Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva de Won Ho Hwang y el arresto domiciliario de Hyin Jin Hwang Lim, propietarios y representante legal de las farmacias “Amigo” y “Amigo II” del Mercado 4, imputados por la presunta venta irregular de medicamentos controlados.
Ambos están procesados penalmente por dos hechos punibles relacionados con el ingreso, tenencia y comercialización irregular de medicamentos como alprazolam y clonazepam, entre otros.
Respecto a Won Ho Hwang, el juzgado dispuso que permanezca recluido durante diez días más en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Posteriormente, salvo una resolución contraria, deberá ser trasladado al Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú) u otro establecimiento acorde al cumplimiento de la medida.
Con relación a Hyin Jin Hwang Lim, el magistrado consideró que debe continuar con arresto domiciliario debido a que persiste el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación del Ministerio Público.
El juez indicó que la imputación reviste una gravedad “objetiva superlativa” por afectar directamente a la salud pública y que la investigación se encuentra en una etapa incipiente. “Permitir la libertad o una medida de menor intensidad al imputado en esta etapa preliminar generaría un riesgo real e inminente de que el mismo pueda influir en los testigos o destruir e interferir en las diligencias indispensables que aún restan realizar”, sostuvo.
Según la hipótesis fiscal, ambos habrían tenido bajo su dominio y puesto a disposición del público medicamentos sujetos a control especial, como alprazolam de 0,5 mg, 1 mg y 2 mg y clonazepam de 0,5 mg, de presumible origen argentino, sin documentación que acreditara su adquisición, procedencia e ingreso legal al país.
La investigación se sustenta, entre otros elementos, en un procedimiento de Senad del 20 de octubre de 2025 en la farmacia “Amigo”, donde se constató la ausencia del Libro de Registro de Drogas, formularios de compra emitidos por Dinavisa y planillas de informes mensuales.
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Corte definirá si confirma o no al juez en lo Civil Édgar Rivas
El Consejo de la Magistratura conformó la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
Ahora, la terna del juez Rivas deberá ser remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea, en sesión plenaria, de estudiar y evaluar si corresponde confirmar en el cargo al citado magistrado.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) está habilitado para iniciar de oficio una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas. El magistrado habría actuado de forma irregular y al margen de la ley en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, en el que firmó un título de propiedad a pesar de que aún no correspondía hacerlo.
El pasado 21 de agosto de 2026 se cumplió el plazo legal. Ahora, los integrantes del órgano juzgador tienen las facultades para estudiar el caso y enjuiciar al cuestionado juez Rivas Laguardia por su dudosa actuación en el mencionado expediente judicial.
Corte le negó el ascenso a Rivas
Semanas atrás, el pleno de la CSJ negó el ascenso a miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Segunda Sala de la Capital al juez Édgar Rivas, quien es sumamente cuestionado por su dudosa actuación en el juicio civil caratulado “Ypytá SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”. En su lugar, los ministros decidieron elegir por mayoría de votos al magistrado Carlos Escobar para integrar dicha cámara de apelaciones.
El apartamiento de Édgar Rivas Laguardia de la consideración del pleno fue absoluto, al punto que no logró siquiera ser propuesto por ninguno de los ministros para el cargo de camarista. Este rechazo institucional ocurre en medio de fuertes críticas hacia su desempeño en el fuero civil, donde se mencionan presuntas irregularidades en el manejo del mencionado expediente.
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Policía Federal rescató a paraguayos en supuesta situación irregular en una granja de Brasil
En el marco de un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo de Brasil, se pudo lograr el rescate de varios paraguayos que estaban en una granja situada en Puerto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Las autoridades de dicho país sospechan que los compatriotas trabajaban en situación irregular en una granja perteneciente al candidato a diputado federal Aparecido Carlos Bernardo.
De acuerdo con el informe oficial, un total de 23 trabajadores en situación irregular fueron localizados en una propiedad perteneciente al candidato a diputado. Según la publicación del medio G1, los compatriotas no se encontraban registrados como trabajadores de manera formal, además de sufrir una retención de sus salarios y verse impedidos de abandonar las instalaciones.
La Policía Federal recibió una denuncia contra dicho establecimiento por supuestamente reclutar trabajadores extranjeros y mantenerlos en la propiedad en una situación de vulnerabilidad. Durante el allanamiento, los intervinientes también incautaron 14 armas de fuego, incluyendo fusiles de grueso calibre, además de municiones. Dichas armas no estaban registradas y a algunas les habían borrado los números de serie.
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En declaraciones a G1, Bernardo negó las denuncias en su contra, afirmando que sus empleados no se encuentran registrados formalmente por decisión personal. Asimismo, señaló que les brinda todas las comodidades, distribuyendo sus tareas en turnos y proveyéndoles aire acondicionado.
El político y empresario -quien es propietario de la Universidad Interamericana y fue CEO de una universidad de Pedro Juan Caballero- sostuvo que la operación llevada a cabo en su granja es resultado de una “persecución política”, negando la existencia de trabajos forzosos o situaciones fuera de lo habitual. Asimismo, el político estaría ligado a otras actividades presuntamente ilícitas que están bajo investigación del Brasil y de Paraguay.
Igualmente, la sede actual de la Universidad Interamericana pertenece a la firma Ypyta y se encuentra en pleno litigio judicial en Asunción.
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