El tribunal de sentencias de San Pedro, integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristhian Duarte, condenó a 29 años de cárcel a Édgar Ramón Florentín, encontrado culpable del hecho punible de homicidio doloso del que resultó víctima Manuel García Mereles.
La agente fiscal Irma Concepción Arias Barreto, de la Unidad Penal de la ciudad de Itacurubí del Rosario, pudo arrimar todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.
La representante del Ministerio Público logró demostrar de manera convincente en juicio oral, la participación del ciudadano hoy condenado en el homicidio ocurrido el 8 de agosto del año 2021, en horas de la noche, en el interior de una granja denominada “Las Mercedes”, del asentamiento con el nombre “Nuclear 15 de Mayo”, distrito de San José del Rosario, departamento de San Pedro.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudie y resuelva si corresponde confirmar la sentencia condenatoria para Duarte.
Igualmente si el tribunal de apelación llega a confirmar la sentencia condenatoria, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte.
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CIDH declara cumplidas las medidas de reparación de Paraguay en el caso Yakye Axa
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró el cumplimiento total por parte del Estado paraguayo de las medidas de reparación relacionadas con la publicación y difusión de la sentencia en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. El informe se dio a conocer a través de la Cancillería Nacional al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic).
Mediante la nota VMRE-UGDH Nº 941-2026, se informó que la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería Nacional remitió al Mitic la resolución de fecha 9 de octubre de 2026, notificada mediante la nota CDH-12.313/640 del 21 de octubre de 2026, por la cual la CIDH declara el cumplimiento total de las medidas de reparación ordenadas en el punto resolutivo décimo segundo de la sentencia correspondiente al caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.
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La decisión constituye un nuevo reconocimiento al compromiso del Estado paraguayo con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos, transparencia y acceso a la información, ejecutadas a través de la Comisión de Seguimiento de las Sentencias Internacionales, CICSI, liderada por el propio vicepresidente de la República Pedro Alliana.
El punto resolutivo décimo segundo de la sentencia dispuso la publicación de los hechos probados y de los puntos resolutivos del fallo en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, además de la financiación de transmisiones radiales destinadas a difundir el contenido de la decisión judicial. Tras el proceso de supervisión realizado por la CIDH, estas medidas fueron consideradas plenamente cumplidas por el Estado paraguayo.
Prioridad en política comunicacional
Desde el Mitic señalan que el cumplimiento de estas disposiciones fue una prioridad dentro de la política de fortalecimiento de la comunicación pública y del respeto a los compromisos internacionales del Paraguay. En ese marco, informaron que se impulsaron acciones de difusión, campañas de comunicación, espacios radiales y materiales informativos orientados a garantizar que las medidas ordenadas por la Corte lleguen efectivamente a la ciudadanía y a las comunidades involucradas.
Asimismo, se promovieron espacios de visibilización y participación que permitieron amplificar la voz de los pueblos indígenas, contribuyendo a la difusión de sus derechos, su cultura y las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
La comunicación remitida por la Cancillería reconoce el cumplimiento de estas medidas de difusión y publicación, que forman parte de las reparaciones ordenadas en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa y que constituyen herramientas fundamentales para garantizar la memoria, la transparencia y el acceso a la información pública.
Ratifica compromiso institucional
Desde la vicepresidencia resaltaron que con esta decisión, la CIDH reconoce el cumplimiento de las acciones de comunicación y difusión desarrolladas por el Estado paraguayo, fortaleciendo los mecanismos de acceso público a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reafirmando el compromiso institucional del Paraguay con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
“La declaración de cumplimiento total constituye, además, una muestra del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para honrar los compromisos internacionales asumidos por el país y garantizar que las medidas de reparación ordenadas por los organismos internacionales sean conocidas por la ciudadanía y lleguen efectivamente a sus beneficiarios”, destaca el informe que brindaron dese la vicepresidencia.
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San Alberto: por homicidio doloso fue imputada la mujer que dijo haber actuado en “defensa propia”
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Fernando Galeano, de la Unidad Penal N.º 2 de la unidad zonal de Minga Porã, Alto Paraná, inició proceso por homicidio doloso contra una mujer en el marco de la investigación por la muerte de su expareja, ocurrida en la colonia San Francisco, distrito de San Alberto, el 6 de octubre de 2026. La imputada es Karina Fernanda Custodio (29) y el fallecido es Valdecir Meiners Casiano (52).
De acuerdo al escrito, la mujer y el hombre compartían supuestamente una cena en una vivienda cuando se produjo una discusión, luego una pelea violenta para terminar con una herida mortal en el pecho del hombre con un puñal de cocina, de parte de la mujer.
Según el informe médico forense, la víctima falleció a causa de un shock hipovolémico provocado por la lesión penetrante de arma blanca. En la descripción se mencionó una lesión en el brazo derecho del fallecido, compatible con una mordedura.
El cuerpo tendido boca abajo fue hallado el 7 de octubre en la sala de la vivienda. Durante la inspección, los intervinientes observaron rastros de sangre en distintos sectores del piso y sobre un sofá, además de mechones de cabello, fragmentos de vidrio y posibles manchas de vino.
En el marco de las diligencias, los investigadores localizaron la camioneta Chevrolet S10 blanca, propiedad del fallecido, que fue abandonada en un sojal. Habría sido utilizada por la mujer para escapar del lugar del homicidio. A una distancia aproximada de 1,5 kilómetro del sitio de hallazgo del vehículo, fue encontrada una bolsa con un pantalón negro, una blusa, un cuchillo y mechones de cabello.
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Tras estar prófuga cinco días, la mujer se presentó el lunes 12 de octubre ante el Ministerio Público. Durante su declaración ante la Fiscalía, la hoy imputada reconoció que estuvo con el hombre esa noche y que las prendas halladas eran suyas, pero sostuvo que actuó en defensa propia ante una agresión física y amenazas de parte del hombre.
También manifestó que se retiró del lugar en la camioneta y que posteriormente buscó atención médica por las lesiones sufridas. La defensa de la mujer incluyó el informe médico en el expediente. Antes de su presentación ante la Justicia, Karina Fernanda ya había divulgado en redes las imágenes de cómo quedó lesionada.
El fiscal Galeano formuló la imputación por homicidio doloso y la imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantías que le concedió el arresto domiciliario.
Como antecedente del caso existe una denuncia realizada por la hoy imputada en contra de su expareja (hoy fallecida) por quema de vivienda y vehículo, ocurrido en abril pasado.
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Tía Chela: tribunal advierte a Miguel Prieto que será juzgado también por estafa y otros
El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos —integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros diez acusados que deben preparar sus defensas ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso “Tía Chela” sean calificados también como estafa y producción de documentos no auténticos.
La acusación actual corresponde a los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia fue realizada por el colegiado durante el juicio oral por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Con relación a Prieto, el Tribunal de Sentencia indicó que debe preparar su defensa ante una eventual calificación de estafa en calidad de coautor y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Para los demás procesados, la advertencia contempla los mismos hechos punibles, pero con distintos grados de participación.
En la fecha, la audiencia oral prosiguió con la lectura de las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público. Por el momento, no está prevista la declaración de testigos. La Fiscalía sostiene que probará que Prieto habría causado el millonario perjuicio al encabezar un supuesto esquema de desvío de recursos municipales en el que habrían participado funcionarios de su administración.
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Condenan a 25 años de cárcel a la “Viuda Negra” de Curuguaty y a sus cómplices por sicariato
Un tribunal de sentencia condenó a 25 años de cárcel a María Liliana Velázquez Villasanti, considerada la “Viuda Negra”, tras ser encontrada culpable del homicidio de su cónyuge en calidad de autora intelectual.
En la fecha finalizó el juicio oral por el hecho de sicariato ocurrido en octubre de 2023 en Curuguaty, donde un hombre fue ultimado a tiros mientras realizaba una caminata junto a su esposa y su madre.
La investigación fiscal demostró que la propia esposa planificó y financió la muerte de su marido con la ayuda de su amante. Ante esto, el Tribunal determinó condenar a 25 años de cárcel a los tres procesados en el caso.
El suceso conmocionó a todo el departamento de Canindeyú, ya que la víctima, Alfredo Jara, era un conocido taxista y comerciante, además de hermano del presidente de la Junta Municipal de Curuguaty. El crimen se habría originado por la ambición de la mujer de quedarse con todos los bienes para luego unirse a su amante.
Asimismo, los jueces de sentencia condenaron a Rubén Darío Benítez Gómez a 25 años de pena privativa de libertad en calidad de autor material del hecho punible de sicariato; a María Liliana Velázquez Villasanti a 25 años en calidad de instigadora; y a Rubén Rodas Portillo también a 25 años por su participación como intermediario en la planificación y ejecución del delito.
Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó que, una semana antes del crimen, Rubén Rodas Portillo contactó desde la penitenciaría a Rubén Darío Benítez Gómez para proponerle el asesinato por encargo. El 13 de octubre de 2023 se reunieron en Curuguaty y, posteriormente, mantuvieron un encuentro con María Liliana Velázquez Villasanti, quien encargó la muerte de su pareja por la suma de G. 25.000.000.
Al día siguiente, Velázquez Villasanti entregó a Benítez Gómez un adelanto de G. 10.000.000 y un chip telefónico que sería utilizado para coordinar el momento y el lugar del ataque. El 17 de octubre de 2023, alrededor de las 06:40, Benítez Gómez se trasladó hasta el lugar acordado y efectuó varios disparos contra la víctima, provocándole la muerte. Posteriormente, huyó del sitio y entregó el arma utilizada junto a otras evidencias a Rodas Portillo.
Tras la valoración de las pruebas producidas durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia declaró la responsabilidad penal de los tres acusados e impuso las penas de 25 años de privación de libertad.