El tribunal de sentencias de San Pedro, integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Cristhian Duarte, condenó a 29 años de cárcel a Édgar Ramón Florentín, encontrado culpable del hecho punible de homicidio doloso del que resultó víctima Manuel García Mereles.
La agente fiscal Irma Concepción Arias Barreto, de la Unidad Penal de la ciudad de Itacurubí del Rosario, pudo arrimar todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.
La representante del Ministerio Público logró demostrar de manera convincente en juicio oral, la participación del ciudadano hoy condenado en el homicidio ocurrido el 8 de agosto del año 2021, en horas de la noche, en el interior de una granja denominada “Las Mercedes”, del asentamiento con el nombre “Nuclear 15 de Mayo”, distrito de San José del Rosario, departamento de San Pedro.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudie y resuelva si corresponde confirmar la sentencia condenatoria para Duarte.
Igualmente si el tribunal de apelación llega a confirmar la sentencia condenatoria, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte.
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Joven que atentó contra presidenciable en Colombia es sentenciado a 7 años de reclusión
El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.
Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un brutal ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.
El joven “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, dijo la fiscalía en un comunicado. No lo trasladarán a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP.
Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto. Siete días después, Uribe falleció en el hospital.
La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.
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“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor”, escribió en la red social X el abogado de la familia, Víctor Mosquera.
“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, agregó.
El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.
Señalan a guerrilla
Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.
El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza. Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.
El caso es investigado por la fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales.
Además del atacante, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.
Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como la Segunda Marquetalia.
- Fuente: AFP
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Condenan a 5 años de cárcel a expresidente de Afessap, por estafa
Un Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Matías Gárcete y Yolanda Morel, condenó a 5 años de cárcel al exconcejal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (Afessap), Carlos Alberto Franco, hallado culpable por estafa. El perjuicio patrimonial fue de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit.
De acuerdo a los miembros del tribunal colegiado, Franco se valió del convenio firmado entre Fast Credit y la Afessap, que permitía otorgar créditos con descuento automático de salarios, para hacer figurar como beneficiarias a personas que no eran funcionarios públicos ni socios de la asociación. De esa manera, accedieron a préstamos que luego quedaron impagos, generando un perjuicio económico significativo.
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Los jueces de Sentencia mencionaron que en más de 60 ocasiones, Franco declaró falsamente ante Fast Credit que los solicitantes eran funcionarios de la Essap, cuando que en realidad muchos eran jubilados, estudiantes universitarios o trabajadores de campaña política en su entorno.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar y resolver si corresponde confirmar o disponer un nuevo juicio oral para el procesado.
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Caso Status: condenan a 5 personas por ser parte de una red que lavaba dinero del narcotráfico
El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.
Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
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Caso Sol Chávez: ratifican condenas de 4 y 3 años de cárcel a bioquímica y odontóloga
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 4 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, enjuiciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió por intoxicación por flúor.
En el mes de mayo, en un tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, condenó a Espinoza y Hermosa.
El Ministerio Público pidió 5 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión de odontóloga y bioquímica.
Los padres de Chávez se habían encadenado frente al Poder Judicial exigiendo Justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
Por su parte, la madre de la joven Sol Chávez sostuvo que “recibimos la noticia que el Tribunal de Apelación confirmó las condenas dictadas por un Tribunal de Sentencia contra las dos personas condenadas por el fallecimiento de mi hija”.
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