El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, compartió hoy una guía para no caer en estafas y explicó en qué consiste la “ingeniería social”.

“Ingeniería social es cuando el delincuente tiene un cúmulo de información acabada de la persona para poder atacar”, detalló este martes en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En ese sentido, mencionó que el estafador sabe tu nombre y apellido, número de teléfono, tiene tu fotografía, conoce lugar de trabajo, quienes son tus compañeros de trabajo, incluso a qué colegio van tus hijos o donde trabaja su señora o tu esposo. “Tiene información privilegiada”, indicó.

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Incluso sabe qué telefonía usás. “Por eso cuando llama, le llama por su nombre y se presenta como funcionario de dicha telefonía y ofrece un gancho apetecible como saldo ilimitado, internet con alta velocidad, no pagar por tres meses, bajar la promoción”, señaló.

El segundo paso consiste en hacer confirmar el código de seguridad. Te dice que para acceder a la promoción vas a recibir un código por mensaje.

“Es para que la persona pueda recibir un código de seguridad que luego utilizan ellos para quedarse con el WthasApp la cuenta bancaria u otro servicio que envía un token al usuario para activarse posteriormente”, precisó el experto.

El código se recibe en el correo electrónico o en el WhatsApp y ese código es lo que el ciberdelincuente necesita para “secuestrar” el WhasApp, añadió.

De manera a no caer en engaños, recordó que están las llamadas gratuitas de las telefonías con las cuales se pueden llamar a confirmar si existe dicha promoción. Pero nadie llama a confirmar la veracidad del ofrecimiento.

“Yo tengo que cortar toda llamada en ese momento, porque nadie garantiza que sea de la telefonía o la entidad o de la empresa que te están llamando”, apuntó el especialista.

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Agentes de la Comisaría 17.ª Central fueron víctimas de un violento incidente en el barrio San Isidro, conocido como Pantanal, de Lambaré, cuando vecinos y familiares de tres aprehendidos intentaron impedir que la patrullera se llevara a los sospechosos hasta la comisaría.

Fueron atacados por una turba durante un procedimiento realizado alrededor de las 18:00 del domingo por un presunto hurto de una motocicleta en inmediaciones de las calles San Ignacio y Saraví. Un hombre que sufrió el robo de su motocicleta siguió a los supuestos delincuentes hasta la entrada del barrio Pantanal y ahí dio aviso a la policía.

Cuando llegaron los agentes, pidieron refuerzos e ingresaron al sitio y visualizaron a algunas personas transportando dos biciclos de dudosa procedencia. Uno de los ocupantes, que estaba remolcando la moto, cuando los agentes se acercaron, abandona la motocicleta aparentemente hurtada.

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A partir de eso, los intervinientes ingresan a la zona y logran la aprehensión de tres sospechosos: Cristofer Garcete Delvalle (19), Cristian Nahuel Reyes (23) y Hernán Salvador Benítez (19).

El problema se originó cuando la policía intentó sacar a los aprehendidos del barrio; tanto los familiares como los vecinos se opusieron al procedimiento e intentaron evitar que los agentes se lleven a dichas personas.

Golpearon el móvil de la policía, pusieron una motocicleta como obstáculo, arrojaban piedras y se colgaban de la patrullera que sufrió daño en una de sus puertas. Los agresores también intentaron romper el parabrisas.

Debido a la presión de la turba, los policías optaron por retirarse y levantar las evidencias. Además, trasladaron a los aprehendidos a la sede de la Comisaría. Pero por seguridad, luego fueron derivados a la Comisaría 1.ª. de San Lorenzo.

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La motocicleta denunciada como hurtada es una Leopard HB 110 Buzz, de color gris, año 2021, matrícula 272AAKE, que fue recuperada durante el procedimiento. También fue incautada una motocicleta Kenton GL 150, modelo 2019, de color rojo, con matrícula 723HEF.

Según el reporte policial, los agentes acudieron tras una alerta del Sistema 911 y, con información proporcionada por la víctima, localizaron a los sospechosos cuando circulaban por la zona. Uno de ellos abandonó la motocicleta hurtada y huyó hacia un pasillo, ingresando posteriormente a una vivienda.

Los intervinientes lograron aprehenderlo luego de una persecución, aunque durante el procedimiento se produjo la resistencia de varias personas del lugar, quienes intentaron impedir el traslado del sospechoso. Posteriormente, rodearon la patrullera policial, lanzando objetos contra el móvil y colocando una motocicleta detrás para bloquear su salida.

Finalmente, los agentes lograron salir del lugar y aprehendieron a los otros dos sospechosos, trasladando a los tres hasta la sede policial junto con las evidencias. El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal n.º 01 de Lambaré, Nora Cubilla.

Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.

La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.

El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.

Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.

• Fuente: AFP

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El comisario Eladio Martínez, nuevo jefe de Prevención y Seguridad de San Pedro, dio detalles del caso de un policía que habría disparado accidentalmente a la hermana de un camarada.

Aseguró hoy, en declaraciones a la 1020 AM, que el disparo se produjo de manera accidental mientras un suboficial manipulaba su arma de fuego frente a familiares. Ocurrió en la localidad de Yrybucuá, departamento de San Pedro.

“Según los intervinientes, según algunos testigos y de acuerdo con la investigación fiscal, se trató de un disparo accidental”, expresó.

Resultó víctima Liz Salinas Rojas (25), quien sufrió una herida de arma de fuego en la zona púbica y llegó inconsciente al hospital, donde fue sometida a cirugía y permanecía con pronóstico reservado, según el reporte médico.

Añadió que el disparo se produjo cuando manipulaba el arma. “Por su inexperiencia y su impericia, se le escapó un tiro”, agregó el entrevistado.

Inmediatamente, junto a familiares trasladaron a la víctima hasta el Hospital Distrital de Santaní. “Es vecina y amiga, porque es hermana de otro camarada de él y se descarta completamente un posible intento de feminicidio, como se dijo al principio”, aclaró el jefe policial.

En ese sentido, Martínez mencionó que el sindicado estaba mostrando el arma a la familia, cuando ocurrió el incidente. Se trata de Wilson Agustín González (23), suboficial ayudante de Prevención y Seguridad con destino en la Comisaría 32° de Yrybucuá.

“Es un joven recientemente egresado, perteneciente a la última promoción, había cambiado recientemente su arma de fuego, y según los datos recabados, él estaba mostrando el arma a la familia”, señaló el jefe policial.

Intervino en el caso, la Comisaría 8va de San Estanislao. La fiscal Lilian Ruiz ordenó su libertad, pero no la desvinculación. Es decir, la investigación sigue su curso.

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