• Karina Rios

Cada 30 de agosto se conmemora el Día del Agente de Poli­cía. Esta fecha fue instau­rada con la intención de reconocer el trabajo que realizan para brindar pro­tección a la sociedad para­guaya, además de celebrar a Santa Rosa de Lima, patrona de todos los policías.

En homenaje a estos héroes de la sociedad, relatamos la historia de servicio de Car­los Miguel Ruiz, quien desde hace 8 años es efectivo de la Policía Nacional, carrera que eligió para ayudar y ser­vir a aquellos que lo nece­sitan.

Pero la labor de Carlos va más allá de eso. Cuando no está trabajando en las calles para resguardar la seguri­dad, está rescatando anima­les indefensos, abandona­dos a su suerte. “Mi primer rescate fue hace tres años, un perrito que estaba en la lluvia, con una herida en el hocico”, contó el oficial a La Nación/Nación Media.

Recordó que para su primer rescate no tenía dinero y que atendiendo a la gravedad de la herida, el animal necesi­taba asistencia urgente, por lo que lo llevó a la veterina­ria de su perro. Allí, gracias a la comprensión de la doctora Dalia, pagó por la asistencia recién a fin de mes. Ese pri­mer rescate fue el inicio de una cadena de ayuda para los animalitos más vulne­rables.

El perro tuvo una recupe­ración lenta, pero encontró un hermoso hogar, recordó. “Lo entregué en adopción y luego ya vi otra perrita en la calle, no tenía un solo pelo, entonces la llamé Campa­nita. Ella está muy viejita ya y sigue conmigo hasta ahora. Así se fue dando un rescate tras otro, cuando eso solo con mi dinero y recur­sos”, indicó.

Carlos no pudo despe­garse del amor de 10 perri­tos rescatados, pero no los podía tener a todos en su casa. Entonces, decidió que cinco se quedarían con él y los otros cinco serían adop­tados por su mamá. “Pasó el tiempo y ya me quedé sin lugar, fue ahí donde conocí a ña Eugenia, una mujer con un corazón noble, que me dio una parte de su terreno para construir un pequeño refu­gio”, manifestó a LN.

En Año Nuevo de 2022, cuando el agente rescató a Coco, un perrito que tenía las patas agusanadas y estaba muy enfermo, nació el refugio Los Pikilines, que es sostenido gracias a la ayuda de personas parti­culares, amigos y camaradas de Carlos.

“De a poco más gente se va sumando, empresas donan alimentos y el año pasado funcionarios de empre­sas privadas nos hicieron una donación que permitió cerrar totalmente el refu­gio. Estoy muy agradecido con ña Eugenia, quien cuida, cocina y mima a todos los perritos del refugio”, refirió.

Carlos agradeció al equipo de Azuvet y al doctor Tomás, quienes siempre están para los rescatados y a todas las personas que colaboran. “Sin ellos, reha­bilitar y salvar a tantos ani­malitos sería imposible”, afirmó.

El oficial Carlos ahora se está preparando para ser médico veterinario y al ter­minar su carrera sueña con tener una clínica en la que ayudará a los animales de forma gratuita, especial­mente a los que fueron rescatados.

Entre sus pro­yectos también está crear una fundación que permi­tirá recibir más apoyo de las empresas para aumen­tar los recursos y ayudar a más animales. Se puede hacer seguimiento de cada caso en TikTok, Instagram y Facebook como @un_poli­cia_que_rescata.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) junto a la Policía Nacional y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron este jueves varias toneladas de cocaína mezcladas en un cargamento de alimentos en el puerto privado de Villeta. La droga estaba mimetizada en un cargamento de 24 toneladas de maíz, arroz y poroto, y fue detectada por scanner y el can antidrogas.

Según Óscar Orué, director de Aeropuerto de la DNIT, se trata de una cantidad muy importante de cocaína y que aún se debe determinar la totalidad de droga decomisada.

“El control se realizó mediante scanner y se tuvo que abrir la carga. El total es 24 toneladas, hasta el momento no se pudo determinar cuánto pesa la droga que tenía como destino Holanda. Creemos que es algo importante”, dijo Orué, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que también se contó con la presencia de un can antidrogas que olfateó las bolsas que contenían maíz, arroz y poroto, y dio la alerta de que podría contener sustancias ilegales. “Nosotros ya confirmamos que se trata de cocaína y debemos determinar cuanto pesa”, aseguró.

Confirmó que en el puerto se viene realizando un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la Secretaria Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. “Hasta el momento ya sacamos de circulación más de 8.300 kilos en zona primaria”, puntualizó.

El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.

Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un brutal ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.

El joven “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, dijo la fiscalía en un comunicado. No lo trasladarán a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP.

Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto. Siete días después, Uribe falleció en el hospital.

La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

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“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor”, escribió en la red social X el abogado de la familia, Víctor Mosquera.

“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, agregó.

El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza. Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.

El caso es investigado por la fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales.

Además del atacante, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.

Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

• Fuente: AFP

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Un Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Matías Gárcete y Yolanda Morel, condenó a 5 años de cárcel al exconcejal de Yuty y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (Afessap), Carlos Alberto Franco, hallado culpable por estafa. El perjuicio patrimonial fue de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit.

De acuerdo a los miembros del tribunal colegiado, Franco se valió del convenio firmado entre Fast Credit y la Afessap, que permitía otorgar créditos con descuento automático de salarios, para hacer figurar como beneficiarias a personas que no eran funcionarios públicos ni socios de la asociación. De esa manera, accedieron a préstamos que luego quedaron impagos, generando un perjuicio económico significativo.

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Los jueces de Sentencia mencionaron que en más de 60 ocasiones, Franco declaró falsamente ante Fast Credit que los solicitantes eran funcionarios de la Essap, cuando que en realidad muchos eran jubilados, estudiantes universitarios o trabajadores de campaña política en su entorno.

Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que estudiar y resolver si corresponde confirmar o disponer un nuevo juicio oral para el procesado.

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