El fiscal de Emboscada Christian Benítez Cáceres imputó a un profesor de artes marciales (Taekwondo) por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños, en el que resultó víctima una alumna suya de 13 años. El imputado, de 35 años, se encuentra privado de libertad de forma preventiva en la Comisaría 2da. de la ciudad de Altos.
Ahora, el juzgado penal de garantías deberá citar al imputado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si se ordena la prisión del investigado o se le concede medidas alternativas a la prisión.
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En caso de que se decrete la prisión del imputado la defensa del mismo tiene la posibilidad de poder apelar el fallo judicial y si eso sucede será un tribunal de apelación el que definirá si el profesor de artes marciales estará libre o preso.
Teniendo en cuenta los elementos de sospecha con los que se cuenta, el agente fiscal decidió imputar al sospechoso y requerir al juzgado penal de garantías su prisión preventiva. Esta medida cautelar fue solicitada en atención a la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena privativa de libertad que pesaría para el imputado, la cual oscilaría entre un mínimo de 15 años y un máximo de 30, en caso de ser hallado culpable por el hecho punible de abuso sexual en niños en su modalidad agravada.
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Caso Braulio Vázquez en IPS: Fiscalía pedirá exhumación y necropsia
La fiscal Carina Serón solicitará al juzgado la exhumación y necropsia del cuerpo de Braulio Vázquez, fallecido el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS, a raíz de una presunta negligencia médica. Posteriormente, convocará a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras para una declaración.
“Tengo que dar participación a todos los involucrados. Son muchos los profesionales que van a ser llamados”, manifestó la representante del Ministerio Público en declaraciones a la 1020 AM.
Asimismo, se refirió al informe que revela graves negligencias en la muerte del asegurado e identifica a responsables en distintas áreas del IPS, según una última auditoría de la previsional. Incluso se menciona que el expediente fue alterado después de la muerte del hombre de prensa.
“La Junta Médica va a analizar todas las documentaciones y se van a ir contrarrestando las documentaciones que ellos tienen con lo que yo tengo”, manifestó la agente fiscal. En ese sentido, explicó que desde el día que el paciente se presentó a pedir consulta hasta el día de su deceso tiene que ser analizada por una Junta Médica.
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En cuanto a una resolución final sobre la muerte del asegurado tras la exhumación y definir responsabilidades, la profesional admitió que lleva su tiempo.
“Es un proceso largo, tiene su tiempo y proceso, se alarga, muchas veces son varios profesionales, a veces empiezan las chicanerías y van alargando, pero nosotros siempre cuidamos todos los detalles como para tener rápidamente una respuesta”, argumentó.
Van a ser convocados médicos, enfermeras, todos los que estuvieron involucrados en la atención del paciente y forman parte de la investigación. “Primero se va a hacer la exhumación y después se va a convocar a los médicos a declarar”, añadió.
Braulio Vázquez esperó tres días en ayunas por un cateterismo; no aguantó y falleció. Familiares del fallecido siguen de cerca los pormenores del proceso judicial.
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Acusan a “ministro” de secta religiosa por abuso sexual, trata de personas y violación
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel presentó acusación contra un hombre por los hechos punibles de abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores, violación del deber del cuidado, coacción sexual y violación, además de trata de personas. Se trata de Adrián Anselmo Aveiro Silguero (31), supuesto ministro de un culto religioso denominado “Umbanda”.
La agente acusadora es titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes y en la Lucha contra la Trata de Personas.
Según el requerimiento conclusivo, el sospechado habría utilizado su posición dentro del referido culto para captar y someter a varias víctimas (niños, adolescentes y adultos), a un régimen de servidumbre, trabajo forzoso y constantes maltratos físicos y psicológicos.
El relato de hechos señala que, desde diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en el Área 6 de Hernandarias, el procesado habría coaccionado a una de las víctimas adultas a soportar actos sexuales, bajo la apariencia de rituales religiosos, recurriendo a amenazas y al uso de la fuerza.
Asimismo, entre 2023 y 2024, en distintas viviendas de Hernandarias, Minga Guazú y Ciudad del Este, el “ministro” habría captado y retenido a varias personas, a quienes obligaba a realizar trabajos domésticos y tareas pesadas sin remuneración, bajo amenazas de muerte o de daño a sus familiares.
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El escrito de acusación dice que el acusado sometía a las víctimas a condiciones degradantes, incluyendo privación de alimentos, restricciones de comunicación y castigos físicos con objetos como arreadores, machetes o colillas de cigarrillo.
En cuanto a los menores de edad que habrían sido víctimas, el Ministerio Público cuenta que los hechos se remontan al año 2018, cuando una niña de 12 años fue llevada a convivir con el acusado mediante engaños y luego fue sometida a un régimen de servidumbre y maltratos, además de abuso sexual.
Un niño de 9 años y un adolescente de 15 años también serían víctimas del acusado entre los años 2020 y 2021, en diferentes inmuebles vinculados a esta persona.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes indicios sobre la existencia de los hechos y la participación del acusado, por lo que solicitó al juzgado penal de Garantías la apertura de juicio oral y público.
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Condenan a 10 años de cárcel a un hombre encontrado culpable por abuso sexual en niños
Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 10 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Sussy María Riquelme Brizuela, titular de la Unidad Penal n.° 2 de la Fiscalía Barrial N° 5.
La denuncia refiere que los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2019, cuando la madre de la víctima presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público. Según el relato, la niña, que en ese entonces tenía cuatro años, manifestó a su madre que su progenitor la había sometido a varios manoseos.
Tras la denuncia inicial, el Ministerio Público activó los protocolos de protección y recolección de pruebas, que incluyeron traslado a la Clínica Forense, realización de la entrevista en sede de la Cámara Gesell, evaluaciones especializadas en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. En todas estas instancias, la víctima mantuvo un relato coherente sobre lo sucedido, lo cual fue fundamental para sostener la acusación.
Ya en un primer juicio oral un tribunal de sentencia absolvió de culpa y pena al acusado, pero el tribunal de apelación anuló dicho fallo disponiendo el reenvío del caso para que otro colegiado pueda juzgar el presente caso donde se tuvo una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel.
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Dalia López alegó haber recibido amenazas de muerte para no presentarse ante la Justicia
El fiscal Federico Leguizamón, de la Unidad 1 Fiscalía Barrial N° 2 del barrio Herrera, de Asunción, brindó algunos detalles del operativo que culminó con la captura de la empresaria Dalia López, luego de 6 años de permanecer en la clandestinidad, pese a contar con orden de captura nacional e internacional en su contra.
Durante una entrevista en la radio 1020 Am, mencionó que López había manifestado al momento de su detención que no se había presentado ante la Justicia durante todo este tiempo, porque recibió supuestas amenazas de muerte que habrían condicionado su decisión.
El fiscal explicó que la mujer manifestó que su intención en un principio fue ponerse a disposición de las autoridades judiciales, pero que una advertencia recibida a último momento cambió el rumbo de los hechos.
“Ella dijo que se iba a presentar, pero que la noche anterior le llamaron a decir que, si pisaba una comisaría, estaría muerta. La señora señaló que tenía toda la intención de presentarse, pero cuando recibió esas amenazas retrocedió por miedo”, expresó.
Un operativo tranquilo
En lo que respecta al operativo, destacó que fue muy tranquilo, ya que justo al momento de realizar el procedimiento, una persona se predisponía a salir de la casa.
“Coincidió que justo al abrirse el portón ya nos encontrábamos ahí en frente, por lo que no se forzó ni el portón ni las puertas. Les informamos sobre el operativo, y todas las personas en la casa se sometieron tranquilamente, confirmando que la señora Dalia López se encontraba en la habitación de la casa y se procedió a la detención de la misma”, precisó.
Mencionó que al momento de su detención la mujer se encontraba lúcida, colaboradora, pero se la veía decaída. Informó que solicitó la constitución de paramédicos para corroborar que todo estaba en condiciones respecto a su salud, ya que se encontró gran cantidad de medicamentos en su habitación y manifestó una serie de enfermedades de base.
“Ella manifestó ser diabética, con presión alta y de tener algún tipo de arritmia. Se encontraron mucha cantidad de medicamentos en la habitación”, añadió.
Incautación de evidencias
En cuanto a las evidencias incautadas indicaron que se levantaron una importante cantidad de documentos, así como una millonaria suma de dinero en efectivo tanto en guaraníes como en dólares americanos. El fiscal Federico Leguizamón detalló que el monto alcanzaba los G. 440 millones y 220.000 dólares, distribuidos en distintos sectores de la habitación, principalmente en el placard y diversos armarios de la casa incluso en frascos de cafés.
“Según manifestaron, el origen de ese dinero es de sus actividades comerciales de la empresa”, dijo el fiscal. “Expresaron que a partir de la orden de captura de la señora Dalia las cuentas de la empresa fueron congeladas y que no tenían forma de bancarizar, pero que estaban todo contabilizados, registrados y que tenían forma de justificar. Eso manifestaron”, sostuvo.
Leguizamón señaló que fue el departamento de Inteligencia el que manejó la investigación para dar con el paradero de López, y que el Ministerio Público actuó en el momento que recibió la información de que la policía contaba con alto indicio del lugar de su paradero.
Informó, además, que su función como fiscal, culminó el jueves por la noche cuando finalizó la primera indagatoria donde López se abstuvo de declarar.
Confirmó además, que el caso ahora ya quedó a cargo de la Unidad de Crimen Organizado, a cargo del equipo de fiscales que ya cuenta conlourdes la causa, que son los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo y Juan Sandoval.
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