La defensa del acusado Marcelo Cabaña recusó al juez Miguel Palacios y por tal motivo se tuvo que suspender la audiencia preliminar de los demás acusados. Foto: Archivo
Por décima vez se suspendió audiencia preliminar de Cucho Cabaña
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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, acusado con 26 personas más por delitos relacionados al narcotráfico. Esta vez, la diligencia judicial se pospuso porque el procesado Marcelo Cabaña, hermano de Cucho, recusó al juez penal de Garantía Miguel Palacios.
El hermano del principal acusado alegó imparcialidad del magistrado Palacios, por confirmarle la prisión preventiva y no ordenar su tratamiento médico. Ahora el expediente tendrá que ser remitido al tribunal de apelación para que estudie la nueva recusación contra el magistrado y una vez que se defina su competencia y en caso de ser confirmada, se deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, donde se tiene que definir si los 27 acusados van a un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público.
El juez Miguel Palacios ya elevó su informe al tribunal de apelación pidiendo que se rechace la nueva recusación que se presentó contra el magistrado.
Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
Fijan audiencia preliminar para Prieto y leales por el caso Tajy
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La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.
Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un constructor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid -19.
Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposición de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se confirma tras dos años de continuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus leales que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.
Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia por el covid -19 que llevaron adelante Prieto y funcionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Florentín. Don Morínigo en la realidad se dedicaba a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, puestos por el mismo en “cargos de confianza” clave, maniobraron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipulado en contrato.
El fraudulento proceso licitatorio fue ejecutado en connivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferentes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipalidad. (Ver infografía)
En la factura de compra aparecen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc. Sin embargo, la Fiscalía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.
Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Francisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Florentín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad. Otros subordinados de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se encuentra en Nueva York para presidir el debate abierto de la ONU sobre Oriente Medio. Foto: Angela Weiss/AFP
Prohíben a Petro usar red social con fines electorales ante balotaje de Colombia
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Un juez de Colombia prohibió el martes al mandatario Gustavo Petro utilizar su cuenta de X con fines electorales, a cuatro días del balotaje presidencial entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. El presidente, muy activo en redes, ha realizado publicaciones relacionadas con las elecciones del domingo.
Al admitir un recurso legal presentado por un ciudadano, un juez de Medellín estimó que los mensajes de Petro sugieren una desobediencia a una orden previa del máximo tribunal contencioso-administrativo, que le ordenó no hacer alusiones electorales en su cuenta de X. El juez ordenó al mandatario que “se abstenga” de “difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a favorecer o desfavorecer” a cualquiera de los candidatos.
La medida cautelar regirá hasta las 16:00 locales (21:00 GMT) del domingo, cuando cerrarán los centros de votación. Además de la cuenta de X, el juzgado le prohibió utilizar los canales oficiales de la presidencia para temas relacionados con las elecciones, así como hacer referencias en eventos nacionales e internacionales.
Petro ha respaldado abiertamente a Cepeda, un senador de su agrupación Pacto Histórico. También ha lanzado dardos contra De la Espriella. Sin mencionarlo, Petro aseguró el martes que uno de los candidatos comete un crimen al “perseguir” a la izquierda. “Solo he hablado de gente que está en campaña porque hacen crímenes y mi obligación, como funcionario público, es denunciarlo”, dijo en reacción a la decisión de juez durante un consejo de ministros televisado.
Juzgado de Ejecución Penal entregó vehículo a la Senabico
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El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado N° 3, a cargo del magistrado Carlos Luis Mendoza Peña, a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), oficializó la entrega de un vehículo comisado en una causa penal a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), proveniente de causas relacionadas con el crimen organizado. El bien decomisado fue utilizado para la comisión de hechos ilícitos.
La transferencia se realizó en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 5876/17, De administración de bienes incautados y comisados, y por la Ley N° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”.
El magistrado Mendoza Peña explicó que el vehículo comisado ya se encuentra bajo la administración de la Senabico, libre de todo gravamen, y destacó la celeridad, seguridad y transparencia de los trámites actualmente establecidos para la entrega de la documentación correspondiente al bien comisado mediante el Registro Unificado Nacional, gracias al importante avance tecnológico aplicado a estos procedimientos.
La entrega tuvo lugar en la causa “Roberto Lezcano Martínez y otros s/Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340”, en la cual se dictó el A.I. N° 169, de fecha 9 de octubre de 2025, por este juzgado, se dispuso llevar adelante la ejecución de la S.D. N° 01, de fecha 6 de enero de 2022, dictada por el Juzgado Penal de Sentencia, que ordena el comiso de un vehículo de la marca Toyota Hilux, color beige, con matrícula BJN 208.
Acompañaron la entrega de la documentación la abogada Nadia Ramírez, en representación de la Senabico; Melissa González, responsable de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la CSJ; y el actuario judicial del juzgado, abogado Cristian Marcelo Martin Ojeda.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la adecuada guarda, custodia, administración y disposición de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
Justicia dio trámite a demanda civil y embargó bienes de exdiputado por deuda millonaria
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El juez en lo Civil y Comercial de Lambaré, Javier Rodolfo Gómez Arce, resolvió tener por iniciado el Juicio Ejecutivo por la suma de G. 120.850.000 presentado por Pedro Germán Vera Silva contra el exdiputado Orlando Arévalo. A su vez, el juzgado decretó el embargo ejecutivo inicialmente hasta cubrir la suma de G. 12 millones sobre el exparlamentario.
Arévalo fue diputado e integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo al que tuvo que renunciar luego de que su nombre apareciera en los chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.
Igualmente, la Justicia dio por reconocida la firma del documento en el que se le reclama el monto millonario al exlegislador Orlando Arévalo. El mismo tendrá la oportunidad de ejercer su defensa en el presente juicio civil.
Del mismo modo, el juez civil Gómez Arce decidió intimar al pago a la parte deudora, haciéndole saber a Arévalo que deberá abonar el capital reclamado más los intereses y costas en el acto de requerimiento o, en su defecto, al tercer día.
Ante la presente resolución firmada por el juzgado mencionado, el representante legal del exdiputado puede recurrir el fallo judicial. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación de Central el que tendrá que definir si corresponde confirmar la determinación adoptada por el magistrado de primera instancia o revocar la misma.
Arévalo imputado
Días atrás, el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado destrabó el proceso penal de Orlando Arévalo, imputado por cohecho pasivo. La cámara declaró inadmisible el recurso de reposición con apelación en subsidio planteado por la defensa del exdiputado. Este había presentado una reposición contra la providencia que lo convocó a su audiencia de imposición de medidas ante el juez de Garantías Humberto Otazú.