El abogado Oscar Tuma emitió un comunicado en sus redes sociales en el que realiza una aclaratoria a la opinión pública, en representación del doctor Líbero Antonio Oropallo, mediante el cual niega ser el dueño, accionista, director o responsable administrativo de la clínica de genética ubicada en Asunción, que fue clausurada en la fecha, tras constatarse que operaba sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.

El representante legal del Dr. Oropallo aseguró que la institución pertenece a terceros, quienes son los titulares y responsables de su administración, habilitación, funcionamiento y gestión interna.

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“La vinculación del Dr. Oropallo con dicho establecimiento se limita a la existencia de un contrato comercial celebrado con los propietarios, mediante el cual estos fueron autorizados a utilizar su nombre e imagen profesional con fines de identificación, posicionamiento y marketing institucional”, expresa el comunicado.

El abogado Tuma insiste en nombre de su representado que debe quedar absolutamente claro que no se trata de una clínica de propiedad del Dr. Oropallo, ni de un establecimiento administrado por su defendido.

“El Dr. Oropallo no realiza consultorio médico en dicho lugar, ni tiene intervención en la gestión operativa diaria de la clínica. Por tanto, cualquier afirmación que lo presente como dueño, responsable directo o administrador del establecimiento resulta inexacta y puede inducir a error a la opinión pública”, concluye el comunicado.

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El abogado y dirigente liberal Diego Zavala confirmó que recibió la propuesta de sectores internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para integrar una eventual chapa presidencial de cara a las elecciones generales del 2028.

“Me contactaron algunos amigos que me pasaron esa noticia, me enteré a través de terceros, esa es la palabra. Pero no estaba en los planes, no estaba conversado. Me tomó totalmente de sorpresa”, señaló a la 1000 AM.

Afirmó que fue una idea lanzada por un grupo, aunque aclaró que el tema no está conversado con sus correligionarios ni está en sus planes postularse.

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“Todos tenemos nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Yo no puedo negar que como ciudadano en algún momento integré el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo en cualquiera de las formas. Yo no puedo negar que tenga también ese corazoncito que trata de hacer bien las cosas. Pero no está nada conversado”, remarcó.

Zavala dijo que siempre está siendo requerido por sus amigos para colaborar en proyectos de leyes que puedan convertirse en políticas públicas. “Eso siempre lo hago, lo sigo haciendo desde el sector privado donde estoy, le dedico mucho tiempo a eso. Pero no está en mis planes (postulación), no surgió de algún trabajo en equipo”, insistió.

No obstante, el hermano del exsenador Fidel Zavala aseveró que primero tiene que someter a consideración de su familia y además, contar con el consenso de todos los sectores, en caso de que se insista con la oferta de candidatura.

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La decisión judicial que ordena el retorno de Canela a la familia que la tenía cuando sufrió la explosión que destruyó su mandíbula sigue generando una fuerte reacción ciudadana. Sin embargo, más allá de la resolución en sí, fueron las explicaciones brindadas por la jueza Carmen Román las que encendieron aún más el debate.

Durante una entrevista concedida a Canal 9, la magistrada defendió su decisión argumentando que Canela tiene una familia y que, conforme a su interpretación de la normativa vigente, corresponde que vuelva con ella. “Al contar con una familia es lo que corresponde, que vuelva con la familia”, sostuvo Román.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos inmediatos de los conductores del programa, quienes insistieron en un aspecto que para muchos ciudadanos resulta central: las condiciones en las que se encontraba el animal cuando sufrió la gravísima lesión que conmocionó al país.

Canela perdió parte del hocico tras un brutal episodio y desde entonces su recuperación ha dependido de tratamientos veterinarios especializados, cirugías y cuidados permanentes financiados gracias a la movilización de cientos de personas y de la fundación Olfateando Huellas liderada por Diana Camarasa.

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Uno de los puntos más criticados de la entrevista fue cuando la jueza afirmó que no corresponde privar a la perra de su familia por una cuestión económica. “No podemos nosotros, porque sea de nivel económico bajo, privarle a Canela de su familia”, expresó.

Ante las consultas sobre si el juzgado verificó la capacidad económica de los propietarios para sostener un tratamiento que requiere importantes recursos mensuales, la magistrada respondió que si los dueños se opusieron a entregar definitivamente al animal, se presume que están en condiciones de hacerse cargo.

Esa explicación fue recibida con incredulidad por parte de los entrevistadores y posteriormente por numerosos usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que no se hayan expuesto públicamente evaluaciones concretas sobre las condiciones materiales para garantizar la continuidad del tratamiento.

Otro aspecto que generó controversia fue la explicación sobre las circunstancias que derivaron en las lesiones sufridas por Canela. Román sostuvo que el incidente no ocurrió dentro de la vivienda y que los propietarios no fueron quienes protagonizaron directamente el episodio. “Los dueños no fueron los que protagonizaron ese accidente”, afirmó.

Sin embargo, durante la entrevista se le señaló que la vivienda no contaba con un perímetro de protección adecuado para impedir que el animal saliera a la vía pública, situación que para muchos representa precisamente una responsabilidad de sus cuidadores.

Las respuestas de la magistrada fueron interpretadas por numerosos sectores como una priorización del vínculo familiar por encima de las garantías sobre la recuperación y el bienestar futuro del animal.

Mientras continúa la polémica, organizaciones animaleras, ciudadanos y profesionales vinculados a la protección animal mantienen su preocupación por el futuro de Canela, cuyo caso se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la lucha por una mayor protección de los animales en Paraguay.

La discusión ya no gira únicamente en torno al destino de una perra que logró sobrevivir a graves heridas, sino también sobre cuáles deben ser los criterios que prevalezcan cuando la Justicia debe decidir entre la propiedad formal de un animal y las condiciones reales para garantizar su bienestar.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, tomaron juramento de ley como abogado a Tagüide Picanerai Etacore, integrante de la comunidad indígena ayoreo Totobiegosode del departamento de Alto Paraguay. La ceremonia se realizó en la Sala del Pleno del Palacio de Justicia de Asunción.

Con este acto, se convirtió en el primer abogado de su comunidad y quedó habilitado para el ejercicio de la profesión. Durante el acto, las autoridades resaltaron la importancia del acceso a la educación como herramienta para ampliar oportunidades y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en distintos ámbitos de la vida nacional.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la promoción de los derechos humanos, la inclusión y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.

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Por su parte, Tagüide Picanerai Etacore expresó su satisfacción por haber concluido una etapa importante de su formación profesional y señaló que su experiencia puede servir de estímulo para otros jóvenes indígenas interesados en acceder a estudios superiores. “Creo que se está abriendo una gran puerta para que los jóvenes indígenas también puedan estudiar y desarrollarse personalmente”, manifestó.

Además, destacó el valor de la formación académica como herramienta para el desarrollo personal y comunitario, y valoró el acompañamiento recibido por parte de su comunidad durante todo su proceso de formación.

Señaló que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior continúa representando un desafío en Paraguay. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a perseverar en el cumplimiento de sus metas pese a las dificultades que puedan presentarse.

“Hay que mirar siempre hacia el horizonte. Sabemos perfectamente que la realidad en las comunidades indígenas no es fácil, pero siempre hay que caminar un poco más allá de las dificultades y seguir avanzando”, expresó.

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