El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.
Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.
Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.
Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.
Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.
Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.
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Detienen a un sospechoso del crimen de delivery en Caaguazú
La Policía Nacional detuvo a uno de los implicados en el asalto con derivación fatal contra un joven abogado cuando realizaba el servicio de delivery en Caaguazú. Los delincuentes fueron identificados gracias a imágenes de circuito cerrado de una vivienda, y ahora buscan dar con el paradero del cómplice.
Según el reporte policial, durante un allanamiento realizado ayer sábado se logró detener a Lidio Ramón Espínola, de 38 años, que cuenta con antecedentes por hurto agravado y violación a la patria potestad. Su descripción física coincide con los videos que fueron recolectados por los investigadores.
En la vivienda donde fue detenido el sospechoso incautaron una motocicleta Kenton, modelo CG 150cc de color negro, que no portaba chapa. Además de un cuchillo, una campera con capucha y pantalón jeans color claro, evidencias coincidentes con las utilizadas por uno de los atacantes.
El procedimiento fue encabezado por personal del Departamento de Investigaciones de Caaguazú, que se encargó de reunir imágenes de cámaras de circuito cerrado y realizaron un seguimiento para ubicar al primer sospechoso.
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Antecedentes
El viernes pasado, pobladores del barrio Empalado Ari de Caaguazú encontraron el cuerpo sin vida de Roque Bogado Romero, de 31 años, sobre la calle Domingo Martínez de Irala. Este se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta de la marca Honda, de color negro, pero fue interceptado por los delincuentes.
Eran dos hombres que le exigieron la entrega de su moto, pero uno de ellos lo hirió con un arma blanca a la altura del pecho. La víctima intentó correr, pero a unos metros se desvanecido y luego fue encontrado por pobladores ya sin signos de vida. El hombre acababa de recibirse de abogado y hacía trabajos de delivery en horario nocturno.
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Era abogado, trabajaba como delivery y lo mataron para robarle: conmoción en Caaguazú
Este viernes, pobladores del departamento de Caaguazú se mostraron indignados tras el asesinato de un hombre de 31 años que era abogado, pero trabajaba como delivery. El cuerpo presentaba una puñalada a la altura del pecho y se presume que fue víctima de un violento asalto.
Según el reporte policial, el cuerpo sin vida de Roque Bogado Romero fue encontrado por vecinos al costado de un camino que conduce hacia el barrio El Triunfo. El trabajador era muy querido por los pobladores, que conocían su trabajo y todo el sacrificio que hacía a diario.
Bogado luchó mucho para concluir sus estudios y lo hizo con honores en la Universidad Tecnológica Intercontinental (Utic). Era el orgullo de su familia y pese a ser un abogado, no encontraba trabajo en su profesión y tuvo que dedicarse al servicio de entregas.
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El doctor Félix Manuel Flores, médico forense, explicó que el cuerpo presentaba una puñalada a la altura del pecho con dirección al corazón y la causa de muerte sería un shock hipovolémico como consecuencia de la brutal agresión.
Los investigadores no encontraron la moto de la víctima, pero si portaba casco, por lo que presumen que fue víctima de un violento asalto. La Fiscalía ordenó que se verifique si existen cámaras de circuito cerrado en la zona para reunir los videos que puedan proporcionar pistas de lo ocurrido.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Falsa denuncia de Giuzzio es “congruente” con filtración de Seprelad, señala abogado
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.