El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.
Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.
Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.
Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.
Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.
Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.
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Presentaron libelo acusatorio para expulsar al senador Erico Galeano
Senadores de la oposición presentaron el libelo acusatorio para la expulsión vía de pérdida de investidura de su colega Erico Galeano, quien finalmente no presentaría la renuncia a su banca por recomendación de su abogado Ricardo Estigarribia, tras ratificarse la condena de 13 años de prisión en un proceso judicial vinculado con la causa A Ultranza Py.
En la exposición de motivos, los legisladores refieren que la permanencia en el Senado de un legislador con dos sentencias por lavado de activos y asociación criminal compromete la dignidad del Poder Legislativo y la credibilidad de las instituciones democráticas. Así como el compromiso del Estado en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como el principio republicano de probidad en el ejercicio de la función pública.
“El Congreso Nacional le facilitó o autorizó a Galeano un permiso para que pueda ejercer su defensa, la justificación para eso fue que la sentencia no estaba firme. Existe una confirmación en la segunda instancia, pero hoy en día la sentencia sigue sin estar firme”, argumentó Estigarribia ayer a la 650 AM.
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El abogado acotó: “Por lo menos que los senadores nos permitan volver apelar o ir con recursos en área de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Me parece que existe una incongruencia en el razonamiento de ese cuerpo colegiado ya que no vario el argumento fundamental referente a que la sentencia quede firme".
Ayer miércoles, los senadores aprobaron la derogación del permiso concedido a Galeano el pasado 11 de marzo y su inminente salida se dará la próxima semana tras la ratificación de su sentencia a 13 años de prisión. Igualmente, la bancada de Honor Colorado ratificó su postura a favor de la expulsión del parlamentario.
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Caso Atlas: abogado subraya la rigurosidad de la investigación fiscal por lavado de dinero
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.
Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.
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Antecedentes
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Llevan a juicio al abogado y dos hermanas de Maradona por administración fraudulenta de su marca
Un juzgado argentino resolvió este martes elevar a juicio una causa contra dos de las hermanas de Diego Maradona, su abogado y otras tres personas por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020.
El juzgado dio por cerrada la etapa de instrucción de la causa iniciada en 2021 y decidió que los acusados enfrenten juicio por “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos” de Maradona, es decir sus cinco hijos, según la disposición judicial a la que tuvo acceso la AFP.
La imputación sostiene que quien fuera abogado del exfutbolista, Matías Morla, y dos de sus asistentes se lucraron con la marca “Diego Maradona” y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del “10”.
Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho.
De acuerdo con la investigación, por instrucciones de Maradona y para proteger sus bienes del fisco italiano, Morla había creado en 2015 una sociedad llamada “Sattvica S.A.” para la administración de las marcas.
Morla y otro de los imputados, Maximiliano Pomargo, eran los directores de dicha sociedad, pero actuaban por órdenes de Maradona.
Cuando el ídolo falleció en noviembre de 2020, a Morla se le exigió ceder la propiedad de “Sattvica S.A.”, pero en lugar de entregarla a sus hijos realizó la “presunta cesión de acciones” en favor de Rita y Claudia Maradona, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.
“Morla, burlándose de la Justicia, las explotó para él hasta el fin de 2021 y después las cedió a las hermanas, que la continuaron de explotar hasta el 29 de diciembre pasado, cuando (...) la justicia dispuso una medida cautelar para que dejen de operar con las marcas”, dijo este martes a la AFP el abogado Félix Linfante, que representa a una de las hijas de Maradona, Jana.
Linfante aseguró que una tasación oficial cifró el valor de las marcas en “alrededor de 100 millones de dólares”.
- Fuente: AFP
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Caso Dalia López: estado de salud de la recluida está muy deteriorado, según abogado defensor
El abogado defensor de Dalia López pediría la revisión de medidas y su traslado del Complejo Penitenciario de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE) atendiendo su estado de salud, alegó. “Su salud es muy frágil. Está muy deteriorada y no está en las condiciones que debería estar”, expresó el abogado Álvaro Cáceres en la 1020 AM.
A fin de solicitar la revisión de medidas, están documentándose en base a la salud de la imputada y las garantías reales a ofrecerse, indicó el defensor. “El estado de salud de la señora es muy frágil. Es una señora relativamente joven, pero que tiene varias enfermedades de base”, apuntó.
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Sin embargo, no entró en detalles atendiendo un pedido de la familia, señaló. “Nosotros respetamos mucho siempre las solicitudes, posturas y deseos de los clientes. La familia de la señora Dalia nos pide que tengamos mucha discreción en cuanto a su salud”, refirió.
Añadió que presentarán eventualmente una revisión, buscando que la mujer esté en un lugar en el cual tenga un acceso a centros asistenciales. “Y sobre todo, una capacidad de respuesta superior al lugar donde se encuentra ahora mismo”, argumentó.
Mencionó que durante una visita hace una semana la vio “bastante deteriorada de salud”. En ese sentido, cuestionó las condiciones en que se encuentra actualmente la imputada.
“En ese lugar, no está en las condiciones que debería estar una persona que tiene su edad. Ella está en un lugar relativamente limpio, pero a 45 minutos, a una hora, de un puesto de salud. Gracias a Dios que en este tiempo no tuvo ningún tipo de urgencia”, manifestó el entrevistado.
Ante ese motivo, pedirían su traslado a otro sitio de reclusión, porque “nosotros consideramos que, si bien ella tiene las cuestiones básicas de salud y de supervivencia, no se encuentra en un lugar idóneo para una persona con su problema”, indicó Cáceres.
La empresaria se encuentra en la penitenciaría de mujeres de Emboscada desde el pasado 13 de abril, luego de que se descubriera que la misma contaba con bastantes privilegios en la celda de Judiciales Femenino de la Policía Nacional, donde se encontraba recluida.
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