El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.
Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.
Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.
Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.
Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.
Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Ya suman siete candidatos para la Defensoría del Pueblo
Ya suman siete candidatos que aspiran a ocupar el cargo de defensor general del Pueblo, en reemplazo de Rafael Ávila, cuyo mandato vence el próximo 10 de noviembre. El plazo de inscripciones inició el pasado 27 de julio y se extenderá hasta el 10 de agosto del 2026.
La lista de candidatos para la defensoría general se encuentra conformada por Federico Génez, Isidro Miño, Alejandro Magno Castillo, Álex Benítez, Alicia Alvarenga, Gilberto Maldonado y Mónica Alejandra Villalba Cabral. Los mismos también pujan por ocupar la defensoría adjunta.
El defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Dura cinco años en sus funciones, coincidente con el período del Congreso Nacional y podrá ser reelecto.
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De conformidad con el artículo 278 de la Constitución Nacional, quienes aspiren al cargo de defensor del Pueblo deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser diputado. Esta exigencia también se aplica para el cargo de defensor del Pueblo Adjunto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley n.° 631/1995.
La Carta Magna refiere que para ser elegido defensor del Pueblo se requiere la nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
El defensor del Pueblo goza de inamovilidad y solo cesa en sus funciones por las siguientes causas: renuncia, presentada ante la Cámara de Diputados; expiración de mandato; muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por la Corte Suprema de Justicia; haber cumplido la edad de 75 años; y juicio político en los términos establecidos por la Constitución Nacional.
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“Esta es una reivindicación de la justicia”, dice Ovelar por el viaje de Cartes a EE. UU.
“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.
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Reconocimiento ciudadano
La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.
El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.