La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
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El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.
La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Juicio oral a Giuzzio sigue con los últimos testigos
Los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo
Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
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Juicio oral contra Arnaldo Giuzzio sigue con los últimos testigos
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien tenía la intención de licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
“Confirmó que fue trasladado ese vehículo hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado. El automóvil, perteneciente a la Senabico y utilizado por el Ministerio del Interior en ese entonces, fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
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Reanudan juicio oral contra Miguel Prieto por el caso “Tía Chela”
Este lunes se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones. La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales.
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio. En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación a los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda. De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la Municipalidad esteña.