El abogado Julio Alonso, en representación de la expresidenta del Banco Central del Paraguay (BCP), Mónica Pérez, explicó que debe ser rechazada la demanda por indemnización de daños y perjuicios que presentó el abogado Roberto Amendola contra Pérez.
El juez de primera instancia en lo civil y comercial Walter Mendoza es quien debe estudiar el presente litigio judicial.
La representación legal de Pérez sostiene que la demanda debe ser rechazada porque el citado profesional del derecho ya cobró en su totalidad el monto inicialmente reclamado en un juicio civil, por lo que la presente acción judicial debe ser admitida.
Alonso indicó que esto sucedió aún teniendo conocimiento de la existencia de resoluciones transaccionales entre el BCP y el abogado Amendola, por las que se acepta por cifras multimillonarias el patrimonio del BCP a favor de abogados que representan depositantes en negros, en este caso del quebrado Banco Mercantil y se expone parte de las resoluciones citadas.
Asimismo, el citado profesional del derecho, quien ejerce la representación legal de la extitular del BCP sostuvo que Amendola ya cobró todo lo que la Justicia resolvió en la regulación de honorarios profesionales con las actualizaciones que tuvo en instancias superiores, donde recibió una suma multimillonaria, atendiendo a que la regulación solo se inició con G. 24 millones pero terminó cobrando más de G. 321 millones.
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Abogado de Hugo Javier: “Descarto que se haya tratado de un atentado dirigido”
El defensor del exgobernador de Central, Hugo Javier González, el abogado Bernardo Villalba descartó que el incidente traumático que sufrió su cliente en su celda “se haya tratado de un atentado dirigido”. Además, detalló la acción de inconstitucionalidad promovida hace dos meses en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el en el proceso judicial que llevó a la condena de 10 años de prisión de su cliente por supuestas obras fantasmas.
“En este momento está en la Sala Constitucional con una acción de inconstitucionalidad que hemos planteado en contra de la sentencia condenatoria y en contra del acuerdo y sentencia que confirmó esa sentencia el tribunal, en eso estamos y estamos esperando una reacción de la Corte en ese sentido”, explicó este luines al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Detalló que “la Sala Penal rechazó in limine al considerar que no estaba fundamentado, lo que se fundamentó muy bien. Yo creo que eso se hizo a los efectos de no tener que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, pero la Sala Constitucional al notar este defecto en la Sala Penal, abrió la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidades contra esto”, por lo que se ha recurrido a estas instancias antes que Hugo Javier se haya presentado para cumplir con la condena dictada.
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Dictamen de perito
El abogado aludió sobre las declaraciones de Hugo Javier en una entrevista televisiva donde habla de la existencia de un dictamen de un perito de la fiscalía que corroboró que las obras están y se pagó lo que se debía, y el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que avala que no se enriqueció en el cargo.
“La defensa puede generar, crear pruebas y eso podemos poner en dudas porque tiene un interés legítimo, pero en este caso son pruebas producidas de la Fiscalía. El perito al que se está refiriendo es el arquitecto Nakayama, el hermano del senador, que recorrió las 14 obras, encontró las 14 obras, peritó las 14 obras y el resultado de su pericia es que que esas obras existen y que valen lo que se pagó”, refirió Villalba.
No hubo enriquecimiento ilícito
Contó también que la fiscalía “contrató con recursos especiales a un perito contador para hacer la pericia en los documentos respaldatorios de estos pagos y este contador encontró que estaba justificado hasta el último centavo gastado por las empresas adjudicatarias de estas obras. Se justificaron los 5.105.000.600 guaraníes con documentos, aprobado por la Contraloría y por el Ministerio de Hacienda”.
El abogado mencionó que se aguarda la resolución de la Sala Constitucional. “Yo digo que si esta empatía que hoy generó Hugo Javier y esta realidad que se hizo público, no es posible sostener ya una sentencia por 14 obras fantasmas, y cómo van a ser fantasmas si está verificado por la Contraloría, fue verificado por auditoría del Poder Ejecutivo, fue verificado por el Ministerio público, el tribunal sigue diciendo que es obra fantasma. Es una barbaridad esto”, sentenció.
Ratificó la postura de que la sentencia a Hugo Javier se dio por una presión mediática. “No es que no se probó nada, ellos probaron la inocencia de Hugo Javier, ellos, el Ministerio Público probó, y realmente la condena fue una condena para dar una satisfacción mediática y para tratar de zafarse de la situación”, puntualizó.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Dario Messer. Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo, la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
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Absolución de culpa
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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Hugo Javier muestra mejorías: abrió los ojos y reaccionó a estímulos médicos
El abogado del exgobernador de Central, Hugo Javier González, confirmó que este experimenta mejorías, abrió los ojos y respondió al pedido de la enfermera que lo atiende, tras el retiro de la sedación en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde se encuentra internado. Su cuadro sigue siendo crítico, pero estos signos representan un avance ante un grave traumatismo craneoencefálico.
Guillermo Gayoso, abogado defensor y amigo cercano de Gonzélez, explicó que durante un procedimiento de rutina en la terapia del HNI, Hugo Javier respondió favorablemente a estímulos propuestos por la enfermera y esperan que la recuperación sea lenta y completa.
“Hoy, hace un par de horas Hugo Javier abrió los ojos y mordió la cánula o sonda por la que se alimenta mientras una licenciada le realizaba una limpieza en la boca. Es una señal más que importante para la vida y la salud de Hugo”, confirmó Gayoso, en entrevista con la 1020 AM.
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Afirmó que la enfermera le pidió que no muerda la sonda y que el paciente dejó de hacerlo, lo que demuestra que está respondiendo a los estímulos. “La licenciada le dijo: no muerdas eso Hugo y él dejó de morder la cánula, esa es una noticia increíble y para mí es lo primordial”, puntualizó.
Ayer viernes, el doctor Richard Escobar Decoud, jefe de Terapia del HNI, indicó que Hugo Javier tiene impulsos respiratorios, pero que el problema neurológico es el que está impidiendo que pueda respirar por sí solo. Está en una etapa que se denomina daño axonal en grado 3, que sería el peor pronóstico y condiciona un estado de recuperación más lento.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.