Se confirmó que el martes 20 de mayo, Giannina García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, será extraditada de España a nuestro país. La jueza Rosarito Montanía anunció que se tomarán todos los recaudos de seguridad considerando la peligrosidad de la organización y además brindar la garantía necesaria a la procesada.
“La expectativa de pena es de 5 a 25 años. La verdad que todavía no tengo definido el sistema de seguridad, pero vamos a tomar todos los recaudos necesarios no solamente por la peligrosidad que pueda representar este tipo de organizaciones, sino también nosotros tenemos que darle las garantías necesarias en este caso a la procesada”, señaló la magistrada.
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Montanía explicó que este lunes recibió la comunicación de que la justicia española ha aceptado la propuesta de itinerario del personal que iría a buscar a la mujer, quien estaría llegando el 20 de mayo a los efectos de someterse al proceso que se le sigue en Paraguay.
“Fueron designados agentes policiales del departamento Interpol, son los encargados de ir a buscar a la extraditable. La seguridad del traslado sería a cargo de los agentes del gobierno de España hasta el aeropuerto. Y una vez que se le entrega a los funcionarios de Interpol Paraguay, asumen ellos la responsabilidad hasta llegar a tierras paraguayas”, expresó la jueza en conferencia de prensa.
La jueza no quiso adelantar si dictará la prisión preventiva al alegar que debe someterse a los presupuestos establecidos en la ley, además de evaluar las declaraciones en el día de la audiencia cuando la procesada tenga la posibilidad de ejercer su derecho junto a su defensor y en base a eso tomar la decisión.
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Perú extraditó a “Pequeño J” por un triple homicidio en Argentina
Perú extraditó ayer lunes a Argentina al peruano Tony Valverde, señalado como presunto autor intelectual de un brutal triple feminicidio ocurrido en las afueras de Buenos Aires en septiembre pasado, informó la policía. Valverde, apodado “Pequeño J”, es requerido por la justicia argentina en un caso que las autoridades vinculan con el narcotráfico y que provocó una fuerte conmoción en el país.
El sospechoso de 20 años fue entregado a Interpol Argentina en el aeropuerto de Lima para su traslado a Buenos Aires, tras permanecer recluido desde octubre en una prisión de Lima. “Ya se llevó a cabo la extradición de Pequeño J. Ya está en manos de Interpol Argentina”, dijo a la AFP el coronel Hans Ruiz, jefe de Interpol en Lima, quien lideró el operativo.
Según la fiscalía peruana, será “juzgado por el delito de homicidio agravado”. Valverde es señalado como autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición, enterrados en el patio de una casa en la periferia sur de Buenos Aires.
Según la investigación, las víctimas fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales ante un grupo cerrado de usuarios, en lo que las autoridades argentinas consideran un castigo por un presunto robo de drogas. El caso sacudió a Argentina, donde miles de personas se manifestaron para exigir justicia.
Valverde es además sospechoso de dirigir una banda de narcotráfico en el sur de Buenos Aires. Fue detenido el 30 de septiembre en el distrito de Pucusana, en el sur de Lima. Ese mismo día, un presunto cómplice argentino, Matías Ozorio, de 28 años, fue arrestado al norte de la capital peruana y posteriormente deportado. Otras siete personas fueron detenidas en Argentina.
Fuente: AFP.
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Paraguayo procesado por homicidio de expolicía fue entregado ayer por Argentina
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La delegación paraguaya del Comando Tripartito reportó la entrega, desde Argentina, de un ciudadano paraguayo con órdenes de capturas varias en Paraguay, entre ellas, un hecho de homicidio de un policía retirado, quien trabajaba como taxista por aplicación.
Se trata de Fabián Leiva Ríos (28), quien fue recibido ayer a las 13:30, a través del control migratorio del Puerto Tres Fronteras de Presidente Franco, desde Puerto Iguazú, Argentina. Participaron del operativo de recepción los agentes del Comando Tripartito, de Investigaciones y de la Dirección de Policía de Alto Paraná y personal del Área Naval del Este.
Leiva Ríos tenía una orden de captura por homicidio doloso, emitida el 23 de enero del 2025 por la entonces fiscal de Presidente Franco, Thais García. La agente ejerce hoy en Asunción. Se trata de la causa por el homicidio del suboficial ayudante de la Policía Nacional, Carlos Miguel González, quien había dejado el servicio activo y trabajaba como conductor de taxi por App. Su retiro de la actividad seguía en trámite y no se había finiquitado todavía.
El detenido tiene otras órdenes por hechos de hurto agravado y robo agravado, dictadas por el fiscal Alberto Torres Flores, también de Pdte. Franco. Fue detenido en Puerto Iguazú por un hecho de asalto a mano armada en esa ciudad argentina el año pasado y fue trasladado a la unidad penal de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina.
Teniendo en cuenta las órdenes de captura pendientes en Paraguay desde las unidades fiscales de Presidente Franco, fue ordenada su remisión a territorio paraguayo, por parte de autoridades de Argentina, medida que fue ejecutada ayer.
“Representa un paso importante en el fortalecimiento de la cooperación policial internacional entre la República del Paraguay y la República Argentina, mediante la entrega de un ciudadano paraguayo capturado, a través del mecanismo de expulsión, permitiendo así ponerlo a disposición de la justicia paraguaya”, dice el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decacpy), sobre el procedimiento.
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Piden investigar el tráfico de drogas impulsado por Marset en la era Abdo
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.
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Piden investigar tráfico de drogas impulsado por Marset en era Abdo
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.