Un tribunal de sentencia condenó a 27 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. La víctima fue su hijastra, quien sufrió los abusos desde los cuatro años de edad en Asunción. El agente fiscal, Marcial Machado, representó al Ministerio Público y arrimó todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.

El colegiado, presidido por la magistrada Rossana Maldonado, argumentó que durante el desarrollo del juicio oral y público se produjeron pruebas testimoniales, documentales y periciales. Estas demostraron con total certeza la participación del acusado en la comisión del hecho punible. En consecuencia, los jueces decidieron aplicar la pena de 27 años de prisión.

Te puede interesar: Santa Rita: brutal agresión a trabajador genera repudio ciudadano

Asimismo, los magistrados mencionaron que la Fiscalía logró acreditar que el acusado abusó de su hijastra de manera sistemática y continua desde que ella tenía cuatro años, incluyendo el coito en todas sus modalidades. Dichos hechos tuvieron lugar en el interior de la vivienda donde residía la víctima con su madre, el agresor y sus hermanos menores de edad.

En sus alegatos finales, el fiscal interviniente sostuvo que los abusos también ocurrieron posteriormente en otros lugares fuera del domicilio, específicamente en moteles mencionados por la víctima, entre los años 2013 y 2017.Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial. En caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde confirmar la sentencia.

Podes leer: Vecinos redujeron a un joven por golpear a su madre y lo entregaron a la Policía

Lindomar Reges Furtado, presunto narcotraficante que habría estado vinculado en nuestro país con el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue condenado a 37 años de cárcel por liderar una red internacional de tráfico de cocaína. La decisión judicial fue dictada por un Tribunal Federal de Río de Janeiro en el marco de la Operación Turf, ejecutada por la Policía Federal del Brasil.

Según el fallo del Tribunal Federal, Reges Furtado encabezaba una estructura criminal dedicada al envío de cocaína hacia Europa y África, utilizando una compleja red logística que involucraba a varios países de Sudamérica.

Las investigaciones señalan que la organización habría movilizado más de 6,6 toneladas de droga entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, en al menos 14 envíos distintos. El esquema consistía en la sustracción de contenedores con mercaderías legales en puertos brasileños, que luego eran trasladados a depósitos clandestinos —en muchos casos ubicados en favelas—, donde se reemplazaba parte de la carga por cocaína.

Te puede interesar: El otro rostro del día festivo: 8 de cada 10 víctimas de violencia familiar son mujeres

Posteriormente, los contenedores eran devueltos a las terminales portuarias para su envío hacia destinos en Europa y África. La justicia de Brasil sostuvo que Lindomar Reges no solo participaba en la logística del esquema, sino que tenía un rol de liderazgo junto a otro integrante de la organización, con capacidad de negociar tanto con proveedores en Sudamérica como con compradores en el exterior, principalmente radicados en Dubái.

La droga, según la investigación, era adquirida en Bolivia y Colombia, con un paso estratégico por Paraguay dentro de la red de distribución regional. En Paraguay, Reges Furtado residió durante varios años y llegó a utilizar una identidad legal, además de vivir en el Paraná Country Club de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. En 2022, logró escapar minutos antes de un operativo conjunto entre la Policía Federal de Brasil y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), hecho que generó gran repercusión en la región por la posible filtración del procedimiento.

Esto ocurrió durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuyo ministro designado primero para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y luego para el Ministerio del Interior, está siendo juzgado por recibir favores de otro supuesto narco, Marcus Vinicius Espíndola Marques.

El caso volvió a tomar relevancia en el ámbito judicial paraguayo debido a que, en el marco del juicio oral contra Giuzzio por presuntos vínculos con el narcotráfico, la Fiscalía solicitó incorporar como prueba la información extraída de los teléfonos incautados al narcotraficante brasileño. El objetivo es detectar eventuales contactos o vínculos que puedan ser valorados en el proceso por presunto cohecho pasivo agravado.

Giuzzio habría recibido beneficios del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua, actualmente detenido en Brasil, quien a su vez mantenía un vínculo con el hoy condenado a 37 años de prisión. En ese contexto, la Fiscalía sostiene que Lindomar Reges Furtado también podría haber tenido algún tipo de contacto o conexión con el exministro, lo cual pretenden comprobar a través de los mensajes extraídos del celular del sentenciado.

Podes leer: Trasladan a Ciudad del Este a presuntos sicarios del clan de “Macho”

Dos hombres identificados como Javier Martínez Ferreira y Guido Martínez Ferreira fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Los sujetos están sindicados como presuntos sicarios al servicio de la organización criminal liderada por el prófugo Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Antes de su traslado, los hermanos Martínez Ferreira permanecían recluidos en la Comisaría 1.ª de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. El traslado al centro penitenciario de Alto Paraná se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación abierta en su contra por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso.

En el mismo procedimiento de traslado, los agentes custodiaron la remisión de Ismael Emilio Gauto Barrios, de 35 años. Este tercer recluso enfrenta un proceso judicial independiente en el cual se lo investiga por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

Te puede interesar: Feminicidio: 12 vidas truncadas y 16 menores huérfanos en lo que va del 2026

La movilización de los internos requirió un estricto despliegue de las fuerzas de seguridad pública. El operativo civil y penitenciario contó con el apoyo directo de personal de la Dirección de Prevención y Seguridad, junto con fuerzas tácticas de élite pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Con respecto a la estructura criminal afectada, la captura del líder Felipe Acosta sigue figurando como una tarea pendiente para la Policía Nacional. No obstante, fuentes oficiales aseguran que los constantes operativos desplegados en las zonas de influencia de Canindeyú han logrado reducir la capacidad de acción de dicha banda.

Podes leer: Condenan a 6 años a ingeniero por robo de pagarés a punta de arma a oficial de Justicia

La cárcel de Tacumbú cambia de nombre y pasa a denominarse Centro Nacional de Prevenidos, dando la bienvenida al nuevo modelo de sistema de gestión penitenciaria. Según Resolución del Ministerio de Justicia, dejará de albergar a condenados y será un centro para procesados. Por lo tanto, ya no recibirá a personas privadas de libertad con condenas firmes.

Para ello, se realizó el traslado gradual, progresivo y planificado de todos los reos con condenas firmes alojadas en la penitenciaría de Tacumbú hasta su totalidad y la desocupación total de la población condenada.

En ese marco, se dispuso que las personas condenadas trasladadas sean reubicadas en establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas.

Se estableció además que las medidas adoptadas tienen por objeto dar cumplimiento estricto a la Constitución Nacional, al Código de Ejecución Penal del Paraguay y a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Te puede interesar: Escuela del Poncho Para’i sostiene legado de nuestras artesanas en Piribebuy

Se encomendó al Viceministerio de Política Criminal la elaboración de un plan operativo de distribución y traslado que garantice el respeto a los derechos humanos, la seguridad institucional y la continuidad del tratamiento penitenciario.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, se da un paso sin precedentes de la reforma del sistema penitenciario nacional. “Un paso importantísimo para la seguridad del país”, resaltó el secretario de Estado.

También se brindó detalles sobre el operativo Umbral 3.0 que se desarrolló en la noche de ayer y madrugada de este lunes que consistió en el traslado de casi 500 personas privadas de libertad a la cárcel de Emboscada.

“Con el operativo Umbral 3.0 nos despedimos de la vieja penitenciaría de Tacumbú y le damos paso a la transformación y al nuevo Centro Nacional de Prevenidos, un sitio más seguro con la anhelada separación de las personas privadas de libertad procesadas y condenadas”, precisó el titular de Justicia.

Destacó el trabajo coordinado de varias instituciones para llevar adelante este trabajo. “Era impensable llevar a cabo un trasladado de más de 500 personas en dos horas y media, en orden, sin inconvenientes”, apuntó el secretario de Estado.