El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Tía Chela: juez cita en segundo proceso penal a Miguel Prieto para audiencia preliminar
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, citó por segunda vez al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el proceso penal conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio patrimonial de G. 2.949.650.000. Prieto tendrá que comparecer los días 7, 8 y 9 de octubre, a las 08:00. Igualmente Prieto ya fue citado para los primeros días de octubre por el caso conocido como Tajy.
En la diligencia judicial se definirá si Miguel Prieto y otros procesados van a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
Compras irregulares en pandemia
El proceso penal contra Prieto tiene relación con un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
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La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña.
La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia del covid-19.
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Mafia de los pagarés: Corte informó sobre auditorías, sumarios e imputaciones
En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.
El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.
En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.
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La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.
La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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