La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.
La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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Senadores evalúan declarar en emergencia al IPS para compras directas de medicamentos y equipos
Un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el año presupuestario 2026.
Con esto se pretende por vía de la excepción de la Ley N° 7021/2022 a fin de autorizar la compra directa de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados e incluso contratación temporal de personal médico.
La propuesta fue presentada por los senadores colorados Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, quienes plantean como método de financiación los recursos de bonos del Estado hasta USD 304 millones a 5 años plazo; empréstitos con organismos multilaterales/bilaterales; adelantos del BCP, y los recursos serán imputados a cuenta de la deuda histórica del Estado con el IPS.
En su exposición de motivos señala que la propuesta de declaración de emergencia es como respuesta a la crítica situación financiera, operativa y asistencial, informada públicamente por el actual presidente de la institución, el Dr. Isaías Fretes, respecto a la situación de dicho fondo, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social en la República del Paraguay.
En este contexto, el documento menciona que la declaración de emergencia se configura como un mecanismo jurídico excepcional que permite dotar al IPS de herramientas administrativas, presupuestarias y financieras extraordinarias, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud, evitando el colapso operativo del sistema.
Uso exclusivo de fondos
Además, señala que permite adecuar y ordenar sus deudas contables con los recursos ordinarios, estableciéndose que los fondos obtenidos mediante estas disposiciones deberán limitarse a los objetivos bien especificados en el presente proyecto.
En tal sentido, uno de sus articulados se establece expresamente la exclusividad de los fondos que solo podrán ser utilizados para fortalecer el Fondo de Enfermedad-Maternidad, prohibiendo el uso para deudas anteriores.
En cuanto al régimen excepcional de contrataciones públicas, el proyecto se establece dentro del marco de la Ley N° 7021/2022, con el fin de agilizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.
En cuanto al control, la propuesta normativa establece que el IPS deberá publicar todas las contrataciones. Además de presentar informes mensuales a Contraloría General de la República, que ésta a su vez deberá llevar adelante auditoría concurrente con informes bimestrales al Congreso.
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Agujero de G. 126.000 millones reaviva polémica por millonario fideicomiso IPS-Atlas
El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.
El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.
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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.
Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.
Obligaciones pendientes
A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.
Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la ejecución del contrato de fideicomiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la construcción de cuatro hospitales.
Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.