- Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Anticorrupción de Asunción, Silvio Corbeta, estuvo hoy en el Hospital Regional de Ciudad del Este, como parte de las diligencias investigativas sobre un supuesto hecho de sobrefacturación en la construcción del pabellón de contingencia en el año 2020, durante la pandemia del coronavirus. El principal investigado es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
El equipo fiscal y técnico recorrió parte del pabellón que hoy funciona como UITI Infantil, en el predio del Hospital Regional. “Es un acto de investigación, es una verificación de las obras porque hay una denuncia abierta sobre una supuesta sobrefacturación del hospital de contingencia y de las refacciones que se hicieron para este hospital”, dijo el fiscal Corbeta.
“Hemos invitado a todas las partes a que participen y que colaboren, los arquitectos y los técnicos de cada empresa que participó en la construcción y que aporten los datos a la Fiscalía y a los ingenieros del laboratorio forense, que vienen a verificar y que ayuden con la investigación “, indicó también el agente del Ministerio Público.
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Se trata de comprobar las especificaciones técnicas con la presencia de las empresas, es una de las diligencias necesarias en una investigación abierta, donde todavía hay mucho por verificar porque son varias empresas involucradas en la construcción, sobre las cuales debe corroborarse la denuncia.
El fiscal Corbeta informó que llegó a Ciudad del Este, en esta oportunidad, solo para este caso, pero está a cargo de su equipo 29 denuncias contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, de las cuales, dos tienen acusación contra el jefe comunal, en espera de juicio oral. Son 42 denuncias por supuestos hechos de corrupción en contra el administrador municipal de Ciudad del Este.
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Puente de la Integración: Receita verificó obras para aduanas con miras a su operatividad
- Ciudad del Este. Agencia regional
Las obras del Puente de la Integración siguen teniendo visitas técnicas de diversas instituciones, tanto de Paraguay como de Brasil, para la verificación en terreno del avance de las obras y la recolección de datos sobre necesidades de logística e instalación.
Una comitiva de la Receita Federal de Brasil visitó el martes las infraestructuras edilicias donde funcionarán las aduanas en las zonas primarias del citado paso fronterizo, entre Presidente Franco de Paraguay y Foz de Iguazú, Brasil, sobre el río Paraná. Esto fue confirmado por el director de comunicación de la Receita Federal, en Foz de Iguazú, Neri Parcianello.
Los técnicos recorrieron la zona para los análisis posteriores de operatividad y levantamiento de datos de requerimientos para la puesta a punto con miras a su funcionalidad. La comitiva estuvo integrada por Fabio Eduardo Boschi, superintendente y Marcio Luiz Zamian, superintendente Adjunto, ambos de la novena región fiscal de la RFB.
También Cezar Augusto Vianna, delegado de la Aduana en Foz de Iguazú y Andrey Soares de Oliveira, coordinador general de Programación y Logística, además de otros varios técnicos de la misma institución, como Rodrigo Leal Viana, asesor de la subsecretaría corporativa.
La comitiva de la RFB pasó a la margen paraguaya del puente para observar también la estructura que será sede de la aduana, donde se sumaron técnicos del Ministerio de Obras Públicas, de la Aduana y de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
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“Les informamos que estamos listos para una aduana única integrada en el lado paraguayo”, explicó la ingeniera Laura Arévalos, jefa del Corredor Metropolitano del Este. Esto, ante la propuesta de habilitación del puente de manera transitoria, antes que esté operativa la aduana brasileña, que plantean sectores civiles.
En Foz de Iguazú, la obra para la aduana brasileña concluirá en noviembre próximo, pero se prevén nuevas licitaciones para mobiliarios y demás insumos necesarios para su funcionamiento, según refirió la ingeniera Arévalos. En Pdte. Franco, la estructura edilicia de la zona primaria concluyó, pero falta la recepción de obras.
Con ella estuvieron igualmente Alcides Ramón Brizuela Pererira, administrador de Aduana de Ciudad del Este y coordinador de Área de Control Integrado de Ciudad del Este en el Puente de la Amistad, además de Jorge Portillo Melgarejo, administrador de la Terminal Portuaria de la ANNP .
El Puente de la Integración concluyó hace dos años y existen propuestas en la Comisión Mixta entre ambos países para la habilitación temporal a vehículos livianos, de turismo y camiones en lastre (Sin carga), hasta tanto puedan concluir todas las obras viales y civiles, para su funcionalidad total.
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Nicaragua encarcela a histórico comandante sandinista acusado de corrupción
El comandante sandinista Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega, fue encarcelado este jueves luego de que el gobierno anunciara que lo investigaba por corrupción, informaron medios nicaragüenses en el exilio.
Arce, de 76 años, cayó en desgracia en una purga interna en los círculos del poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, esta criba está encabezada por Rosario Murillo, la poderosa copresidenta esposa de Ortega, con el aval de éste.
El comandante sandinista fue arrestado en la madrugada después de que “decenas de policías irrumpieran por la fuerza” en su residencia en Managua, indicó el diario digital Confidencial.
El medio Divergentes, que citó a “fuentes policiales y cercanas” a Arce, agregó que fue detenido tras el allanamiento de la residencia, donde estaba bajo arresto domiciliario desde el domingo.
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La Procuraduría General de la República (PGR), controlada por el gobierno, lo acusó el jueves de “transacciones y negociaciones” de bienes ilegalmente. La PGR dijo haber abierto “investigaciones sobre propiedades y sociedades vinculadas con intereses del Estado”, que no detalló.
Según esa entidad, Arce no quiso explicar ni presentar documentos sobre las transacciones de los bienes. Por el caso fue detenido el miércoles Ricardo Bonilla, asistente del comandante, por negarse a “rendir cuentas”.
Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que ha sido puesto en arresto domiciliario. Henry Ruiz lo está desde marzo pasado y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.
Arce y Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.
Ortega, de 79 años, se mantiene en el poder desde 2007 tras reelecciones cuestionadas por la comunidad internacional. En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.
- Fuente: AFP
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Prieto busca desvirtuar su corrupción con populismo, afirma abogado esteño
“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.
“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.
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Principales falencias detectadas en la gestión de Prieto
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.
Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustibles con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.