Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná activó la alerta sobre la desaparición de una adolescente de 15 años, con su niña de tres meses que huyó de su casa, según denuncia realizada por su abuela. La mujer, de 66 años, tiene a su cargo la guarda de la menor que acababa de ser madre.

La denuncia fue realizada ayer ante la Comisaría 12 de Itakyry. La mujer vivía con su nieta y bisnieta en el barrio Ytororo del citado distrito de Alto Paraná. Se trata de Yesenia Noemí Casco Duarte, de 15 años, y Yessi Casco Barros, de tres meses de vida. La desaparición fue el 26 de mayo desde las 13:30.

La adolescente, con su hija en brazos, habría abordado un taxi de color blanco con destino a Brasil, desde donde horas después se comunicó con la abuela por teléfono para manifestarle que se encontraba en Brasil, en compañía de su pareja, Víctor Barro Benítez, de nacionalidad brasileña, mayor de edad.

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La denunciante indicó que su nieta es de constitución física delgada, cutis blanco, cabello liso negro, ojos claros, estatura mediana y habría salido con un pantalón jeans negro y una campera color marrón.

El oficial Gustavo Saucedo, de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná, informó que recibieron el reporte de la comisaría y activaron el protocolo de búsqueda. Mencionó que el contacto con la Policía de Brasil se hizo a través del Comando Tripartito. También fue informado el caso al Ministerio Público.

En los últimos meses se presentaron casos recurrentes de adolescentes desaparecidas y luego rescatadas de supuestos hechos de trata de personas en Brasil. Las menores de edad con hijos de pocos meses están entre los casos.

La semana pasada fue rescatada en San Paulo una menor de 15 años con su bebé y existe una causa abierta en la Fiscalía por trata de personas.

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La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

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El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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Este jueves, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), reveló que cerca de 3.600 niñas y adolescentes dieron a luz en el país en el año 2025. El informe se dio a conocer en el marco del “Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes”.

Según el reporte dado por el observatorio de la CDIA, el boletín muestra la situación de vulneración de derechos en la que viven miles de niñas, niños y adolescentes en Paraguay. Recordaron que persisten situaciones de violencia sexual, desigualdades y falta de acceso efectivo a mecanismos estatales de justicia, protección y prevención.

“Los datos señalan que durante el 2025, unas 3.591 niñas y adolescentes dieron a luz en el país. De ese total, 345 correspondían a niñas de entre 10 y 14 años”, resaltaron.

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La mayor cantidad de partos de niñas y adolescentes se concentran en Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y San Pedro. En tanto que, las mayores tasas de riesgo o la proporción de nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes se registran en: Amambay, Boquerón, Canindeyú, Presidente Hayes y Concepción.

“La tasa nacional representa a 8,5 niñas y adolescentes (de 10 a 17 años) dando a luz por cada 1.000, sumando un alarmante total de 23.499 nacimientos acumulados por partos de niñas y adolescentes, entre el 2021 y el 2025″, explicaron.

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Así también, informaron que en el 2025 se registraron 3.386 víctimas del hecho punible de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, “lo que equivale a aproximadamente nueve víctimas por día”, según el Ministerio Público.

Cifras que indican que cada 2 horas y 36 minutos una niña, niño o adolescente fue víctima de abuso. Fueron niñas y mujeres adolescentes el 82,8 % y varones 17,2 %.

“Actuar cuando el daño ya ocurrió es llegar tarde. Postergar la prevención tiene consecuencias graves para las NNA. Garantizar derechos hoy es una decisión política. El Estado debe invertir en prevención antes de que estas violencias sucedan”, resaltaron desde el CDIA.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.