Por: Adelaida Alcaraz

Aunque es preferible evitar el tema por miedo, el riesgo de un apagón digital es una preocupación cierta en todos los gobiernos del mundo. Una falla de energía, un colapso natural, pueden acarrear una pérdida irreversible. Ante este panorama, el CEO Manuel Medina brinda una práctica solución.

¿Y si mañana se apagara todo? Un corte masivo de energía, un ciberataque coordinado, una falla crítica en los centros de datos… ¿Qué pasaría si Paraguay despertara un lunes sin acceso a sus registros civiles, títulos de propiedad, historiales médicos, mapas limítrofes, contratos electrónicos o expedientes judiciales? Esta no es una hipótesis de ciencia ficción, es una pregunta estratégica que se ha venido postergando durante años.

Si bien hoy día Paraguay acelera su digitalización -facturación electrónica, trámites online, banca digital, automatización estatal- aún persiste una confusión y hay que entender que no todos saben que digitalizar no es preservar. Guardar en la nube no garantiza permanencia, así como tampoco respaldar en servidores activos no equivale a proteger la memoria institucional.

En ese vacío opera Ceroone, empresa paraguaya liderada por Manuel Medina, representante y CEO de Piql Paraguay, la tecnología noruega que resguarda información crítica en el Ártico, dentro del Archivo Mundial del Ártico (AWA), ubicado en el archipiélago de Svalbard, en la isla noruega.

“La mayoría de las organizaciones confunde digitalización con preservación”, advirtió el CEO de Ceroone. Agregó que la práctica común es automatizar contratos, expedientes regulatorios, datos energéticos. Sin embargo, no son conscientes de que los sistemas digitales dependen de software, actualizaciones, proveedores, energía y formatos que inevitablemente cambian. “Lo que hoy funciona, mañana puede no existir”, reflexionó.

El riesgo que nadie quiere discutir. Manuel no habla desde la teoría. Él comenzó su carrera a los 14 años en micrografía y le tocó participar en la digitalización de film del Archivo del Terror, en la recuperación de planillas obrero-patronales en la transición digital, en la preservación de mapas limítrofes para la Cancillería, en la microfilmación de periódicos nacionales hasta 1900, entre otros.

Todo ese bagaje de conocimiento hace que hoy pueda dar un diagnóstico, quizás algo incómodo. “Existe un escenario que rara vez se aborda con seriedad estratégica: un apagón digital”, señaló. Y lo ejemplificó con crudeza: “Un día, un funcionario fue a su oficina y no se le prendió el server. Es decir, todo lo que estaba digitalizado, todos los datos, de un día para el otro se perdieron”, recordó.

¿Y entonces, cuál fue la solución? En lugar de una política estructural de preservación, la reacción fue coyuntural. “Se pensó en hacer otra licitación multimillonaria para volver a hacer todo”, señaló.

La historia se repite. Durante la década del 2000, buena parte de la información pública se digitalizó en soportes hoy obsoletos. Disquetes, CDs, cintas magnéticas. “De 2000 a 2010 nadie guardó nada. Esa tecnología era volátil. Hoy ya no puedo meter un disquete o un pendrive o un CD. Ya no funciona”, explicó. Esto acarreó pérdida de trazabilidad, dificultades probatorias, inseguridad jurídica.

Frente a ese escenario, Ceroone implementa en Paraguay el estándar Piql, una tecnología que convierte información digital en código binario impreso sobre film de poliéster (PET), un soporte físico certificado para durar siglos sin depender de software, hardware ni energía continua.

“No es un backup, tampoco es almacenamiento convencional. Se trata de infraestructura de permanencia”, subrayó Manuel. Explicó, además, que el proceso de guardado es conceptualmente simple ya que cualquier base de datos, video o documento se traduce en 0 y 1 -el lenguaje madre de las computadoras- y se imprime en un film similar al de cine analógico. Ese film puede almacenarse en condiciones controladas y ser leído incluso en el futuro sin necesidad de sistemas propietarios. Pero, ¿cuál es el margen de error? Ninguno ya que al momento de recuperar la información se testea si está correcta. ¿Cuánto dura? “Mil años. A no ser que queme”, indicó.

Costo-beneficio. Uno de los mitos más extendidos es que la preservación de largo plazo es inaccesible. Al respecto, el CEO de Ceroone comentó que no es necesario montar una infraestructura monumental ni desembolsar presupuestos extraordinarios para comenzar.

La plataforma de acceso digital tiene un costo accesible mensualmente, para usuarios individuales o pequeñas entidades. Los films pueden compartirse entre varios depositantes. Y el almacenamiento físico no requiere consumo energético permanente.

Comparado con centros de datos que demandan refrigeración constante, renovación tecnológica cada pocos años y protección frente a ciberataques, el modelo híbrido reduce dependencia energética y riesgo sistémico.

Además, libera espacio digital, pues la información histórica se traslada a un soporte pasivo, permitiendo reutilizar servidores para operación activa.

“Nuestra empresa cuenta con lugares de depósitos en Asunción y Ciudad del Este”, reveló Manuel.

La experiencia del Ártico. Recientemente, Manuel visitó el Archivo Mundial del Ártico, para participar del ritual anual de depósito. Este lugar está ubicado en una mina desmantelada en Svalbard, Noruega, que utiliza el permafrost natural para mantener condiciones estables sin alto consumo energético. Allí ya se resguardan datos de gobiernos, Unesco, instituciones científicas y archivos culturales del mundo.

“Si hay una catástrofe y sobrevive esa zona, vamos a poder decir que esto era Paraguay antes. Pero por documentación que se guarda”, anticipó. Comentó también que entre los proyectos que busca llevar adelante se encuentran la salvaguarda de los mapas limítrofes paraguayos, archivos históricos y documentación estratégica.

Seguridad jurídica e inversión extranjera. En un país que aspira a recibir flujos crecientes de inversión, la preservación no es un lujo cultural. Un inversor necesita saber que sus contratos, registros médicos, títulos de propiedad y antecedentes regulatorios tendrán trazabilidad verificable dentro de 30 o 50 años. “Perder información crítica no es un error técnico, es una falla institucional”, afirmó el CEO.

Por eso, la propuesta de Ceroone va más allá del almacenamiento. Incluye una futura plataforma de verificación de veracidad apoyada en blockchain, orientada a certificar autenticidad en un entorno de sobreinformación y manipulación digital. “El dinero de hoy en día es saber qué información es verdad”, aseveró.

Promover la cultura de anticipación. Si hay algo en lo que, probablemente, todos estemos de acuerdo es que Paraguay carece de una política nacional de preservación. “No tenemos cultura de anticipación. Siempre estamos con parches”, remarcó la idea.

Teniendo como precedente esto, Manuel impulsa un anteproyecto de ley para crear una Secretaría Nacional de Preservación de Información. El argumento fuera de ser alarmista es más bien estratégico. Las hidroeléctricas preservan sus datos porque comprenden su valor generacional. El resto del aparato público aún no internaliza esa lógica.

Mientras tanto, Ceroone opera en Paraguay y Estados Unidos, con alianzas europeas y asiáticas, y un equipo de profesionales nacionales e internacionales entrenados en gestión de información, automatización y preservación de datos.

La memoria como poder. Paraguay puede seguir ampliando servidores y nubes, o puede construir una capa de preservación estructural que lo proteja frente a apagones, obsolescencia y ciberataques. El debate muy pronto será decidir entre operar y gobernar. Para ello, será necesario pensar en décadas, no en presupuestos anuales.

“La tecnología cambia. La energía puede fallar. Las redes pueden caer. La información crítica no puede depender exclusivamente de lo digital”, subrayó.

Y si mañana se apagara todo, ¿estaría el país dispuesto a perder su historia, sus derechos y su identidad por no haber invertido a tiempo en infraestructura de permanencia? Con esta reflexión, Manuel invita a ver que “la información es poder, pero solo si sobrevive”.

En un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA), llevarán a cabo la Encuesta Agropecuaria Chaco 2026 con el fin de contar con más datos que posibiliten articular trabajos más enfocados al desarrollo del área en distintos niveles.

Desde la cartera estatal explicaron que la ENA CHACO 2026 es un estudio enfocado a las características productivas de la región, que busca actualizar la producción agropecuaria y generar indicadores de gestión ganadera, midiendo carga animal, reproducción, preñez, destete, finalidad, sanidad animal, entre otros muchos indicadores.

La encuesta abarcará los tres departamentos del Chaco, incluyendo a los productores de las tres grandes cooperativas: Fernheim, Chortitzer y Neuland. Se visitará aproximadamente a 1.500 productores entre los meses de marzo y abril del corriente año y estará movilizando a unos 130 personales en campo.

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Los datos relevados permitirán analizar el contexto de la producción a fin de fortalecer la planificación y evaluación de políticas públicas para el sector, logrando por medio de la misma conocer y comprender la dinámica productiva del Chaco y orientar decisiones con base en evidencia.

Si bien instituciones como el Viceministerio de Ganadería del MAG y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) apoyan este proyecto, también cuentan con el respaldo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las cooperativas de la zona, lo que permitirá una mayor cobertura territorial y temática de la encuesta.

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El juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas, y actual precandidato presidencial por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, por el presunto delito de lesión de confianza. Asimismo, fijó para el próximo 12 de marzo a las 8:45 la audiencia para llevar adelante la imposición de medidas.

De acuerdo al documento firmado por el magristrado, la admisión es solo respecto al hecho de lesión de confianza, no así en relación al de daños a obras o medios técnicos de trabajo.

En tanto, el Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, libertad ambulatoria mientras dure el proceso judicial.

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El juez de Delitos Económicos admitió parcialmente la imputación que fue ratificada por los fiscales Giovanni Grissetti, Natalia Silva y Yeimi Adle, quienes ratificaron la imputación, argumentando que el acta es válida y cumple con todos los requisitos necesarios para el inicio de una investigación formal.

El exministro Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones. Según la imputación, este no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.

Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.

Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.

Esta imputación había sido rechazada por el juez Osmar Legal, que había reemplazado a Otazú de forma interina, alegando que los fiscales no especificaron los incisos de los tipos penales señalados. Sin embargo, la devolución se da ahora de la misma manera.

Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo para el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez. En este caso, la audiencia para el análisis de esta solicitud quedó marcada para el 16 de marzo.

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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, destituido por corrupción, logró suspender de nuevo su audiencia preliminar recusando al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el marco del caso Tajy. El líder del Partido Yo Creo, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, suma así otra chicana.

La audiencia se encontraba fijada para este miércoles 4 y jueves 5 de marzo, donde se debía resolver si la causa se eleva a juicio oral y público. El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

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“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.

También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos.

La audiencia preliminar ya viene siendo suspendida desde el año pasado. El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19 y la imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez.

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