El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación por el delito de prevaricato contra la jueza de Paz Analía Cibils, quien está suspendida en sus funciones. La misma presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el magistrado sobre la admisión de la imputación. Ahora, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación debido a que el recurso fue subsidiaria.
La fiscala Belinda Bobadilla sostuvo que el acta imputación cumple con los requisitos establecidos para la admisión. Fue al momento de contestar el recurso plantado por la defensa de la jueza imputada.
Son varios los imputados que ya presentaron incidentes al solo efecto de poder dilatar someterse a los mandatos de la Justicia debido a que se está suspendiendo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el juez Estigarribia rechazó la chicana presentada por la ujier notificadora, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había planteado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.
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Decretan prisión en Viñas Cué para exdirector Antidrogas de la Senad
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para Hugo Derlis Baptista, exdirector general Antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), imputado por varios delitos en el caso de filtración de información al “Clan Gomes”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El exjefe antidrogas se presentó este viernes en horas de la mañana, acompañado de su abogado, ante la oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, debido a la orden de detención que pesaba en su contra.
Baptista está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía le atribuye haber omitido la investigación de fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, se lo acusa de participar en la facilitación de la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración. Por este mismo caso, el juez Otazú ordenó ayer la prisión de Helga Solís Gomes, sobrina del exdiputado, quien permanecerá en una sede policial antes de ser trasladada a una cárcel de mujeres.
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Juez desestimó denuncia contra ministros sobre compra de camionetas para la Corte Suprema
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada por el Ministerio Público en la causa originada por una denuncia de supuestos sobrecostos en la adquisición de nueve camionetas para la Corte Suprema de Justicia. Luego de analizar las actuaciones y contrastar los fundamentos fiscales con la documentación incorporada a la causa, señaló que no se advirtió perjuicio patrimonial, requisito indispensable para la configuración del hecho punible de lesión de confianza.
El requerimiento de desestimación fue presentado el 31 de agosto de 2026 por la agente fiscal Soledad González. Durante la investigación, el Ministerio Público reunió declaraciones, informes y documentación vinculada con el procedimiento de contratación, la determinación del precio referencial, la adjudicación, el contrato y la modalidad de adquisición.
De acuerdo con la documentación individualizada en la resolución, la compra se realizó mediante la Subasta a la Baja Electrónica Nacional PAC N.º 71/2025, ID N.º 463277, con un precio referencial de G. 573.500.000 por unidad. En su requerimiento, el Ministerio Público sostuvo que el precio comprendía, además de los vehículos, distintas prestaciones y obligaciones previstas en la contratación, entre ellas servicios de mantenimiento, garantía, seguro, transferencia y matriculación. La Fiscalía señaló asimismo que la adquisición fue realizada a crédito y consideró esa modalidad entre los elementos que incidían en el precio de compra.
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Entre los antecedentes incorporados a la investigación se encontraba también el análisis documental de la Contraloría General de la República. Según lo reproducido en el A.I. N.º 302, el dictamen indicó que, en términos generales, el procedimiento siguió la secuencia formal prevista y que los precios unitarios tendían a ubicarse dentro de parámetros análogos y próximos a otros procesos estatales comparables.
El documento precisó que su examen tuvo carácter eminentemente documental y estuvo limitado al análisis de las actuaciones administrativas, el procedimiento de selección, la adjudicación y la formalización contractual.
Al analizar las actuaciones, el Juzgado verificó la documentación incorporada a la carpeta fiscal y señaló que los fundamentos expuestos por el Ministerio Público concordaban con los antecedentes reunidos durante la investigación. Entre los elementos examinados se encontraban las prestaciones comprendidas en la contratación y la modalidad de adquisición a crédito.
A partir del análisis de los fundamentos fiscales y de los elementos incorporados a la causa, el Juzgado concluyó que no se reunían los presupuestos necesarios para la configuración del hecho punible investigado por lo que corresponde la desestimación de la denuncia.
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Decretan prisión para sobrina de “Lalo” Gomes por filtrar información
El juez de Garantías interino, Humberto Otazú, decretó la prisión preventiva de la exasistente fiscal Helga Lizany Solís Gomes, sobrina del fallecido exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien está imputada por un esquema de filtración de información de procedimientos fiscales en casos de drogas.
La mujer cumplirá la prisión preventiva en el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Trasnacional de la Policía Nacional. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo ante el citado magistrado en el Palacio de Justicia.
Solís Gomes fue asistente fiscal del Ministerio Público entre 2019 y 2023 y, según la imputación, habría actuado como operadora de confianza del denominado “Clan Gomes”, utilizando su posición para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y fiscales, y filtrar información confidencial en beneficio de los integrantes de la organización.
Entre los hechos atribuidos, se menciona que en 2019, durante una causa contra el presunto sicario Kadu Cezar Machado, habría gestionado modificaciones de un acta policial para favorecer la calificación jurídica del hecho y solicitado gestiones para obtener un dictamen pericial favorable. La imputación también señala que Solís Gomes habría realizado gestiones en una causa contra la exfuncionaria del banco BBVA Claudia [apellido omitido] para evitar que Gomes y Alexandre fueran identificados en una investigación por lesión de confianza y estafa bancaria.
Asimismo, en 2021 habría solicitado la intervención de Gomes para obtener la prisión domiciliaria de Jhony Arter Giménez Amarilla y, en 2023, habría direccionado la estrategia procesal en otra causa. En el marco de la Operación Sanctus, ejecutada el 8 de diciembre de 2023, se le atribuye haber filtrado información confidencial del operativo a “Lalo” Gomes y a su hijo Alexandre.
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Minga Porã: fiscal imputa a un hombre por tentativa de feminicidio y coacción grave
- Ciudad del Este. Agencia regional
Ovidio Mereles Paredes (41), denunciado por su pareja por golpearla e intentar matarla con arma blanca, está imputado por el fiscal Fernando Galeano, de la Unidad Penal N.º 2 de Minga Porã, por los supuestos hechos punibles de violencia familiar, tentativa de feminicidio y coacción grave.
La investigación se inició tras un violento episodio registrado en una vivienda del barrio 15 de Agosto, de Minga Porã, ocasión en que el supuesto victimario habría atacado con un cuchillo a su pareja. El imputado se encuentra prófugo y la Fiscalía solicitó su declaración de rebeldía.
El acto violento ocurrió el 12 de septiembre de 2026, entre las 02:50 y las 03:00, después que la pareja regresara a su vivienda, tras participar de un festejo por el aniversario del Partido Colorado. Una vez en la casa, el hombre habría iniciado una discusión con la víctima, motivada por celos y aparentemente bajo los efectos del alcohol.
Luego, en medio de insultos y descalificaciones por parte del hombre hacia su pareja, pasó a la agresión física a la mujer. Tras golpearla, habría tomado un cuchillo de cocina y amenazó de muerte a la mujer, quien se encontraba sentada en el suelo.
De acuerdo con los antecedentes, el agresor habría colocado el arma blanca a la altura del rostro y también del tórax de la víctima, mientras continuaba con las amenazas.
Todo el episodio de agresión y amenaza ocurrió frente a los hijos menores de edad. El pedido de auxilio que hizo la mujer alertó a los vecinos, quienes acudieron rápidamente al lugar.
Ante esta situación, el supuesto agresor habría abandonado la vivienda antes que el personal policial llegara. El acta de imputación también refiere antecedentes de episodios anteriores de violencia y señala que los hechos igualmente habrían sido observados por hijos menores de la pareja.
Asimismo, familiares y vecinos habrían aportado información sobre grabaciones del incidente que fueron difundidas en redes sociales. El Juzgado de Paz de Minga Porã dispuso medidas de protección para la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento y cualquier forma de violencia.
El fiscal Fernando Galeano pidió la prisión preventiva del hombre, una vez que sea capturado, al considerar que existen presupuestos para sostener la existencia de los hechos investigados y riesgos procesales.
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