El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación por el delito de prevaricato contra la jueza de Paz Analía Cibils, quien está suspendida en sus funciones. La misma presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el magistrado sobre la admisión de la imputación. Ahora, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación debido a que el recurso fue subsidiaria.
La fiscala Belinda Bobadilla sostuvo que el acta imputación cumple con los requisitos establecidos para la admisión. Fue al momento de contestar el recurso plantado por la defensa de la jueza imputada.
Son varios los imputados que ya presentaron incidentes al solo efecto de poder dilatar someterse a los mandatos de la Justicia debido a que se está suspendiendo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el juez Estigarribia rechazó la chicana presentada por la ujier notificadora, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había planteado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.
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Juez admite querella y cita a audiencia de medidas al presidente del banco Atlas
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas. La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Mientras que, el lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. “Su defensa deberá arrimar todas las documentaciones que crea pertinente para tratar de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, detalló el periodista del área judicial de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Fiscalía imputó a tres hombres por trata de personas tras rescate de 46 posibles víctimas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná y Canindeyú, imputó a tres hombres y pidió prisión preventiva de los mismos por la presunta comisión del hecho punible de trata de personas, en grado de tentativa.
En un procedimiento realizado ayer lunes en Ypehu, Canindeyú, fueron rescatados 46 pasajeros que estaban siendo llevados a Brasil y fueron aprehendidos cinco hombres, pero dos fueron liberados y tres detenidos e imputados.
De acuerdo a la investigación, los imputados habrían captado a varios ciudadanos paraguayos mayores de edad mediante la creación de grupos en la aplicación WhatsApp, con el supuesto objetivo de trasladarlos al vecino país para recolectar manzanas, prometiéndoles pagos en reales brasileños. Sin embargo, el fin real habría sido someterlos a un régimen de servidumbre y trabajo o servicio forzado.
El 12 de marzo de 2026, los ahora encausados habrían alojado a aproximadamente 25 personas en un inmueble de alquiler en la ciudad de Dr. Eulogio Estigarribia (Caaguazú), donde permanecieron hasta el 15 de marzo, fecha en que fueron trasladados en ómnibus a Ypejhú, incorporando a más personas durante el trayecto.
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Otros trabajadores llegaron por sus propios medios y se quedaron en otro sitio durante la noche. Asimismo, en los primeros días de marzo, los hoy procesados habrían captado a más personas y entre ellas a quienes pertenecen a comunidades indígenas de Caaguazú, integrándolas al mismo esquema de traslado hacia Brasil bajo idénticas condiciones.
El 16 de marzo de 2026, en horas de la madrugada, los captadores habrían hecho abordar a las víctimas un ómnibus con chapa LC12C89, con destino a Brasil. Alrededor de las 04:50 de esa misma fecha, el vehículo fue interceptado por agentes del Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, cuando intentaba cruzar al territorio brasileño.
El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho a partir de la Nota Policial N.º 49/26, que registró tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento desde Dr. Eulogio Estigarribia hasta Ypehu, incluyendo la localización de los inmuebles utilizados para reunir a las víctimas.
Después de la declaración de las 46 personas y la incautación de celulares para luego iniciar el proceso. Otras personas están en la mira dentro del esquema de captación de los trabajadores.
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Iruña: procesan a cinco presuntos miembros de banda criminal por atraco en Naranjal
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó a cinco supuestos miembros de un grupo criminal que habría perpetrado el millonario atraco tipo comando a la sucursal del banco Sudameris del distrito de Naranjal, ocurrido el 26 de febrero en horas de la madrugada.
Los procesados, cuyas edades oscilan entre 35 y 51 años, enfrentan cargos por hurto agravado en banda y permanecen recluidos provisoriamente en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
Los elementos colectados para la imputación son informes de inteligencia policial y pericias técnicas sobre vehículos que circulaban de manera sospechosa en torno a la entidad bancaria días antes del golpe.
Los ahora imputados, junto a otros miembros de la banda, un total de 25 personas, habrían sitiado el banco portando armas de fuego de grueso calibre. La estructura criminal habría dividido sus funciones, mientras un grupo aseguraba el perímetro para impedir el paso de transeúntes, otros colocaban artefactos explosivos y dinamita en gel.
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La potente detonación destruyó la bóveda de seguridad y parte de la estructura edilicia del local, lo que permitió que los asaltantes se alzaran con una elevada suma de dinero. Durante la huida los criminales utilizaron vehículos de diversas marcas (Toyota Auris, BYD Song Plus, Kia Sportage y Toyota Premio), algunos de los cuales fueron hallados posteriormente incinerados.
Estos hallazgos se produjeron en caminos vecinales y a orillas del río Yñaro. Además, para asegurar su escape, el grupo arrojó clavos miguelito en su trayecto. La agente del Ministerio Público sostiene que los procesados habrían formado parte de la organización criminal, con gran poderío logístico y económico.
Entre los elementos colectados para la imputación están los informes de inteligencia policial y pericias técnicas sobre vehículos que circulaban de manera sospechosa en las inmediaciones del banco, días antes del golpe. También cuentan con las evidencias incautadas en los allanamientos del viernes último, entre ellas armas de fuego y teléfonos celulares.
Considerando la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la alta expectativa de pena, la fiscal María del Carmen Meza solicitó la prisión preventiva de los imputados y pidió un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.
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Procesan por intento de feminicidio al hombre que apuñaló varias veces a su expareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Edgar Rafael Delgado, titular de la Unidad Penal N.º 1 de Presidente Franco, imputó a un hombre de 33 años por la presunta comisión del hecho punible de tentativa de feminicidio. El procesado habría atentado contra la vida de su expareja al atacarla con varias puñaladas de arma blanca y luego se autoinflingió heridas.
La investigación indica que los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2026, alrededor de las 21:00, en el interior de una vivienda ubicada en el asentamiento Caacupemí de Presidente Franco. En esa ocasión, el imputado habría irrumpido en el lugar en aparente estado de ebriedad para realizar reclamos a su pareja de entonces.
De acuerdo con el relato expuesto en el escrito de imputación, el hombre inició un ataque violento utilizando un cuchillo, con el cual agredió repetidamente a la mujer, causándole múltiples heridas punzantes y cortantes localizadas en la cabeza, el cuello, ambos brazos y el pecho. Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco.
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Tras consumar el ataque contra la mujer, el hombre utilizó la misma arma blanca para infligirse heridas a la altura del pecho, siendo derivado al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde permanece internado con diagnóstico reservado y con custodia policial permanente.
Al considerar cada uno de los elementos incriminatorios, el fiscal Edgar Delgado inició proceso contra el hombre por tentativa de feminicidio y solicitó su prisión preventiva. La representación pública fundamentó su pedido en que el hecho constituye un crimen grave, con alta expectativa de pena, existiendo además peligro de fuga y riesgo de obstrucción de la investigación.
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