El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, destacó el cumplimiento de la Ley 7524/25 de Financiamiento Político que en su artículo 66 establece que cada partido, movimiento o alianza deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el balance de ingresos y gastos de campaña electoral.

La fecha tope de presentación de las declaraciones de los ingresos y gastos de campaña por cada candidato y movimiento vence este lunes 20 de julio.

“Nosotros ya terminamos esa tarea de recibir y de traspasar a la Justicia Electoral lo que nos corresponde. Ahora ya es todo lo que es financiamiento político con miras a las elecciones municipales”, señaló a La Nación/Nación Media.

Aclaró que internamente no se realiza ningún análisis, sino que el procedimiento consiste en la recepción y remisión de las declaraciones a la Justicia Electoral.

El doctor Brizuela mencionó que la legislación prevé que los tribunales de conducta tienen que hacerse cargo de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, en cada partido.

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Sin embargo, consideró “inaplicable” ese punto de la normativa. “Porque el Tribunal de Conducta no tiene funciones competentes ni coercitivas porque no son organismos públicos. Si bien los partidos políticos están regidos por el derecho público en parte, no dejan de ser organismos privados. Es decir, con qué fuerza un Tribunal de Conducta le va a obligar a alguien a pagar la multa. No tiene esa potestad”, expresó.

Sobre el punto, el titular del TEP del Partido Colorado cuestionó que “la ley no es operativa”. “Eso debería trasladarse a la Justicia Electoral en todo caso para que a través de la Fiscalía Electoral se impulse la acción de cobro de multas”, refirió.

Aseguró que desde el Partido Colorado se hace todo el trámite y se comunica, así como estipula la ley. “Nosotros inclusive como Tribunal Electoral después de las internas del 2022, está ahora en la Secretaria Ejecutiva, una lista donde tenemos movimientos que cumplieron con la Ley de Financiamiento Político y quienes no cumplieron”, recordó.

Explicó que a los movimientos que incumplieron la ley se les impidió el reconocimiento de personería en esta ocasión. “Pero forman otro movimiento, cambian y ya está, porque la ley no prevé esa inhabilitación tampoco”, manifestó.

A criterio de Brizuela, la Ley de Financiamiento Político “tiene que ser pulida”. “Se puede impulsar a nivel partidario, pero en realidad está en el campo legislativo”, remarcó.

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Los magistrados evidenciaron la inconsistente acusación fiscal con argumentos sólidos que dieron la razón a la defensa del extitular de la Seprelad.

Un Tribunal de Sen­tencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Sepre­lad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresa­rio Darío Messer.

Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el cole­giado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresa­rio fue imputado y sus activos fueron incautados.

Durante la lectura de la senten­cia, el presidente del Tribunal, Darío Báez, explicó que la Fis­calía no logró demostrar los ele­mentos necesarios para soste­ner la acusación. “No se probó el resultado típico ni el nexo cau­sal”, afirmó el magistrado.

Los magistrados explica­ron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acu­sación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces pusieron en evidencia que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación contrarios al gobierno de Horacio Car­tes para perjudicar al Boida­nich, al frente de la Seprelad durante esa gestión.

Durante el juicio oral, fun­cionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener nin­gún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad corres­pondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sus­tentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.

El Ministerio Público, a cargo del agente Francisco Cabrera, había solicitado la semana pasada una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich.

Tras conocerse el fallo, el exministro de la Seprelad Óscar Boi­danich aseguró que se pone fin a ocho años de un proceso que no tuvo que ser llevado ante la justicia porque siempre hubo transparencia. “Siempre se respetó la institucionalidad de Ser­prelad, institución que tuve el honor de dirigir durante varios años”, indicó.

Por otra parte, recalcó que aquí hubo un intento de instalar un relato falso. “Lógicamente, en un momento dado empezó lo que yo llamo un tiroteo mediático. Se empezó a mediatizar el caso a través de un sector de la prensa hacia mi persona, tratando de involu­crar también al expresidente de la República (Cartes) e, incluso, al actual presidente. En varias foto­grafías aparecí en medio, se intentó instalar una vinculación y llevando el caso del ámbito judicial al campo político”, destacó. “Actué siempre de manera técnica y transparente. Entonces, hubo una mala intención de un sector de la prensa de tratar de involucrar al expresidente”, dijo.

Claudio Lovera, abogado de Óscar Boidanich, se mostró con­forme con la absolución de su cliente y aseguró que la acusa­ción del Ministerio Público era abstracta. “El tribunal, además, señaló que la hipótesis acusatoria era muy abstracta” dijo, para agregar luego que esa abstracción “quedó en evidencia porque no resistió la prueba producida durante el juicio”, añadió.

Luego explicó que también hay que rescatar que, entre todas las actuaciones y documentos anali­zados, quedó demostrado que Óscar Boidanich “no dio ninguna instrucción para realizar un manejo irregular de la labor de inteligencia financiera. Ese también es un aspecto que debe destacarse en el marco de esta absolución”, recalcó el abogado. “Se reconoció que a partir del informe remitido por la Seprelad (a cargo de Boidanich) fue posible concretar el comiso de los bienes, algo que también quedó acreditado durante el juicio”, dijo.

La hipótesis acusatoria no logró demostrar que existiera una maniobra para favorecer a Darío Messer, dejando sin respaldo la construcción fiscal.

La absolución unánime de Óscar Boidanich, extitular de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes en el caso Messer, dejó sin sustento la acusación del Ministe­rio Público, cuya tesis de una supuesta demora deli­berada del informe CHASA de la citada institución no se acreditó durante el juicio oral. Tras la producción de las pruebas y la declaración de 11 testigos, el Tribunal concluyó que no existió conducta puni­ble por parte del extitular de la Seprelad.

La sentencia determinó que Boidanich nunca intervino en las tareas de análisis de inteli­gencia financiera ni impartió instrucciones para retrasar el trabajo técnico. Incluso, el analista responsable declaró que jamás recibió órdenes para influir o demorar la ela­boración del informe. La evi­dencia también confirmó que el documento siguió el procedimiento interno pre­visto, incluyendo la revisión jurídica, que recomendó dili­gencias adicionales antes de su remisión al Ministerio Público.

Otro aspecto que derrumbó la acusación sin sustento del Ministerio Público fue que, durante parte del proceso, Boidanich se encontraba con reposo médico por una grave afección de salud y la institución quedó a cargo de un encargado de despacho. Al reincorporarse, el primer día hábil firmó el envío del informe de inteligencia a la Fiscalía.

El juicio también estable­ció que el documento llegó oportunamente al Ministe­rio Público y fue utilizado para impulsar las primeras diligencias del caso Messer y posteriormente el comiso autónomo. Asimismo, se com­probó que las medidas cau­telares fueron dictadas en tiempo y forma y que todos los bienes fueron alcanzados por la acción fiscal.

La Policía Nacional detuvo a un árbitro asistente en medio de un encuentro de fútbol de la liga limpeña, este contaba con orden de captura por deuda alimentaria y tuvieron que suspender el partido. Durante la jornada de hoy se tendrá que presentar para declarar ante el Juzgado Penal de Garantía.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la tarde de ayer miércoles, mientras se disputaba un encuentro de fútbol de la categoría inferiores. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad que portan los policías, en que se puede ver cómo los agentes actuaron a la hora de la detención.

“Estábamos prestos para brindar nuestro servicio para el encuentro deportivo de categoría inferior de la liga limpeña, hasta que llegó una tercera persona facilitando los datos de que uno de los integrantes de la terna arbitral estaba con una orden de captura”, expresó el comisario José Acosta, en entrevista con canal Trece.

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Resaltó que al corroborar los datos se pudo constatar que contaba con una orden de captura y que no podían dejar que sigan en el campo. “No podemos ofrecer servicio de seguridad para el encuentro y sería anti ético brindarle seguridad al alguien que tiene orden de captura y que nosotros estemos avalando esa situación”, apuntó.

Agregó que el hombre fue llevado hasta la comisaría y que pasó la noche en el calabozo. Durante la jornada de este jueves deberá presentarse ante el Juzgado Penal de Garantías de atención permanente para prestar declaración indagatoria.

“En todo momento, él manifestó que tenía un abogado y que se estaba encargando de realizar los trámites para evitar este tipo de situaciones. No presentó ningún documento que acredite que ya llegó a un acuerdo con la madre del menor y con eso se debería levantar la orden de captura”, puntualizó.

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Un colectivo de larga distancia se incendió completamente este jueves en inmediaciones del Parque del Guairá en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá. Se presume que el incendio sería por problemas en la parte eléctrica del bus. No se reporta ningún herido, solo daños materiales.

Según el reporte dado por los intervinientes, el hecho se registró cerca de las 13:30 frente al Parque de Guairá y las llamas comenzaron en la zona del tanque de combustible. En el siniestro se incendió por completo un bus de la empresa Cardozo Hermanos que llevaba unas 12 personas junto con el conductor y el guarda.

El bus estaba al mando de Elvio Arrúa, conductor, quien iba acompañado de Roberto Oliver, guarda. Ambos se percataron del incendio luego de que un motociclista les advirtiera de que salía humo de la parte de abajo. Rápidamente, el chofer detuvo la marcha y evacuo a sus pasajeros.

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“Se presume que el incendio se originó por un cortocircuito, que fue controlado por los bomberos voluntarios de la ciudad y actualmente se está realizando el enfriamiento del sitio”, confirmó el subjefe de la comisaría Juan Servin, en entrevista con el portal La Voz Guairá.

Afirmó que la zona esta despejada y se están haciendo desvíos porque existe el riesgo de explosión del tanque de combustible. “El chofer confirmó que tenía unos 10 pasajeros que fueron evacuados rápidamente antes de que las llamas se expandan. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar”, puntualizó.

Agregó que solicitaron la presencia de una ambulancia para asistir a los afectados y descartaron que hayan sido afectados por la intensa humareda. Hasta el momento, ninguna persona tuvo que ser derivada a un centro asistencial y solo se reportaron daños materiales.

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