La Cámara de Apelación declaró la prescripción de los hechos y sobreseyó al extitular de la Ande, Carlos Heisele, y otras dos personas, acusadas por lesión de confianza. Foto: Archivo
Caso 500 kV: declaran prescripción y dejan impune perjuicio de G. 9.400 millones a la Ande
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La Cámara de Apelación, en mayoría y con los votos de Andrea Vera y Cristóbal Sánchez, declaró la prescripción de los hechos y sobreseyó definitivamente al extitular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Carlos Heisele, René Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos, acusados por supuesta lesión de confianza.
El Ministerio Público sostenía que los mismos causaron un perjuicio patrimonial de unos G. 9.400 millones. Con esta resolución el caso queda impune a raíz de las innumerables chicanas presentadas en el proceso penal que hicieron que el caso no avance y llegue a sobrepasar más de 12 años de haberse iniciado la investigación.
Según los antecedentes del caso, el extitular de la Ande habría otorgado indemnizaciones irregulares a propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la línea de transmisión de 500 kV, que une la Itaipú Binacional y el departamento de Presidente Hayes.
El proceso judicial se dio inicio tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de transmisión de 500 kV.
En ese marco hay que señalar que el fiscal Leonardi Guerrero había señalado que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que fijó el costo estimado de G. 3.000 millones.
Caso Tía Chela: ratifican juicio oral del exintendente de CDE Miguel Prieto
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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas más van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así confirmó el tribunal de apelación integrado por Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres.
Los citados magistrados declararon inadmisible el recurso que presentó una de las acusadas, quien pretendía dejar sin efecto la resolución del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien decidió elevar en noviembre el caso a un juicio oral y público. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los acusados en el presente caso.
Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social
José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas
Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
Nelson Segovia Acevedo, tesorero
Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto, así como a los demás acusados en el presente caso.
Miguel Prieto y otros, a juicio oral por lesión de confianza
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El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas más van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como Tía Chela donde se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Otazú rechazó el incidente de nulidad del acta de acusación que presentó la defensa de Prieto quien pretendía dejar sin efecto el proceso penal y por ende ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo, pero el incidente fue rechazado por el citado magistrado.
Además de Prieto, están acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo poder juzgar a Prieto así como a los demás acusados en el presente caso.
OTRO CASO
En el caso conocido como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Asimismo el juez Otazú impuso medidas a Prieto como la prohibición de salida del país, así como la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta. Las medidas obedecen a la actitud chicanera que ha tenido Prieto como los demás imputados.
El exintendente, Miguel Prieto, destituido por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.100 millones a la comuna esteña enfrentará un juicio oral por lesión de confianza. FOTO: GENTILEZA
Miguel Prieto y otros irán a juicio oral por lesión de confianza
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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas más van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así lo resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Otazú rechazó el incidente de nulidad del acta de acusación que presentó la defensa de Prieto, quien pretendía dejar sin efecto el proceso penal y por ende ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo, pero el incidente fue rechazado por el citado magistrado.
Además de Prieto, están acusados:
Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social
José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas
Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
Nelson Segovia Acevedo, tesorero
Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas.
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto, así como a los demás acusados en el presente caso.
Otro caso
En el caso conocido como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas se entregó para cumplir su condena
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El exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza decidió entregarse para cumplir la condena. De manera voluntaria, Cárdenas llegó al departamento Judicial de la Policía Nacional.
El exjefe comunal tenía orden de captura firmada por un juzgado de ejecución penal, para cumplir su pena. Cárdenas fue encontrado culpable por el hecho punible de lesión de confianza, tras lo cual fue condenado a 8 años de prisión, pero nunca llegó a pisar la cárcel.
Cárdenas fue llevado a juicio oral, a raíz de una denuncia por un supuesto desvío de más de G. 800 millones durante su administración. Dichos recursos debían destinarse a la construcción de escuelas, en el año 2016.
Antecedentes
El pasado 27 de octubre, la jueza penal de Ejecución Especializada María Wyder dispuso la captura de Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente de Lambaré, condenado a ocho años de prisión por lesión de confianza.
La medida fue adoptada luego de múltiples intentos fallidos para detenerlo y de constatarse que continúa prófugo pese a la vigencia de una orden de captura nacional emitida en marzo y reiterada en octubre de este año.