La Cámara de Apelación, en mayoría y con los votos de Andrea Vera y Cristóbal Sánchez, declaró la prescripción de los hechos y sobreseyó definitivamente al extitular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Carlos Heisele, René Aranda Cáceres y Ángel Javier Galeano Barrientos, acusados por supuesta lesión de confianza.
El Ministerio Público sostenía que los mismos causaron un perjuicio patrimonial de unos G. 9.400 millones. Con esta resolución el caso queda impune a raíz de las innumerables chicanas presentadas en el proceso penal que hicieron que el caso no avance y llegue a sobrepasar más de 12 años de haberse iniciado la investigación.
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Según los antecedentes del caso, el extitular de la Ande habría otorgado indemnizaciones irregulares a propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la línea de transmisión de 500 kV, que une la Itaipú Binacional y el departamento de Presidente Hayes.
El proceso judicial se dio inicio tras varias publicaciones periodísticas que señalaron un sobrecosto en el pago a los propietarios de los terrenos que fueron afectados por la construcción de la línea de transmisión de 500 kV.
En ese marco hay que señalar que el fiscal Leonardi Guerrero había señalado que la Ande pagó a los 17 dueños de inmuebles montos superiores a lo establecido por el dictamen de la Dirección de Topografía, que fijó el costo estimado de G. 3.000 millones.
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Caso Tajy: confirman segundo juicio oral para Miguel Prieto por corrupción
El exintendente de Ciudad del Este y dirigente opositor aspirante a la presidencia de la República, Miguel Prieto, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso judicial conocido como “Tajy”, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones.
Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Humberto Otazú. Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.
El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fueron entregadas, lo que constituye un hecho de corrupción y un perjuicio a las arcas del municipio.
“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19. La imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la calidad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de panificados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.
Otros acusados
En esta causa también se encuentran acusados:
- • Sebastián Martínez Insfrán
- • Robert Osmar Florentín Silvero
- • Alex Yamal Samhat González
- • Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
- • Emili Vanessa Florentín Páez
- • Higinio Ramón Acuña
- • Nelson Alexis Segovia Acevedo
- • Maggi Elizabeth Fariña Almada
- • Buena Ventura Morínigo
- • Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez
Juicio en el caso “Tía Chela”
De igual manera, Miguel Prieto y otros procesados ya están siendo juzgados por lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”, por ocasionar un presunto perjuicio de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, ese juicio se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales, donde el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el esquema irregular.
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Fijan para el 14 de octubre la audiencia preliminar para Rafael Filizzola
El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.
En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.
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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.
La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.
De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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Tercer caso de Prieto: suman siete los procesados con suspensión condicional tras admitir hechos de corrupción
El juez Humberto Otazú otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Cinthia Noelia Alén Guerrero, quien admitió su complicidad en el delito de lesión de confianza. El caso también involucra al exintendente Miguel Prieto por el pago de obras inexistentes, financiadas por el Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, lo que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.
Tras la admisión de los hechos, el magistrado resolvió aplicar la salida procesal. Alén Guerrero deberá abonar la suma de G. 50 millones como reparación del daño social en un plazo de 10 días hábiles, una vez que la resolución quede firme.
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El dinero será destinado a la Municipalidad de Ciudad del Este. La defensa de la procesada se allanó al pedido de suspensión formulado por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle.
Semanas atrás, durante una audiencia preliminar, otros seis procesados también admitieron los hechos de corrupción ante el juez Otazú, devolvieron un total de G. 300 millones y obtuvieron el mismo beneficio.
Los procesados que recibieron la suspensión son: Lucía Lisboa (exsecretaria del Consejo de Salud), Salem Esgaib Zugaib (extesorero), y Karen González, Fredy Guzmán, Sonia Barrios y Hugo Benítez.
El juzgado estableció reglas de conducta que deberán cumplir por el plazo de un año, incluyendo la donación de G. 50 millones cada uno como reparación del daño. Además de Miguel Prieto, otras dos personas siguen acusadas en la causa.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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