Ratifican prisión del cantante Pablo Benegas, acusado por abuso sexual en niños
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El tribunal de sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete ratificó la prisión preventiva del cantante Pablo Benegas, acusado por abusar sexualmente de dos menores de 11 y 16 años. La resolución del tribunal se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia. De esta manera Benegas seguirá privado de libertad.
El músico de 38 años enfrenta acusaciones por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación, proxenetismo y pornografía infantil, y se tiene una expectativa muy alta, de acuerdo a las normas legales.
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023 Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.
El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
Debido a una chicana presentada por la defensa de Thiago Gorostiaga, acusado por coacción sexual, se suspendió la audiencia preliminar en la que se debía definir si el proceso penal se elevaría a juicio oral y público, tal como solicitó el Ministerio Público en su acusación.
Una vez que se destrabe el proceso en la Cámara de Apelaciones, el juez Raúl Florentín estará habilitado nuevamente para fijar la fecha de la diligencia judicial. La defensa de Gorostiaga cuestionó que el magistrado difiriera el estudio de la declaración de una persona para el momento de la audiencia preliminar; este tipo de recursos busca dilatar el avance del caso.
El pasado 7 de febrero, la fiscala María Angélica Insaurralde presentó la acusación contra Gorostiaga y solicitó el juicio oral y público, dada la gran cantidad de elementos probatorios recolectados.
La acusación fiscal señala que “los actos sexuales padecidos por la víctima en contra de su autonomía sexual consistieron en manoseos en los pechos, ser besada a la fuerza, el despojo de una prenda conocida como body e intentos de desnudarla al tratar de quitarle el pantalón”.
Chicana posterga definición de juicio por coacción sexual contra Thiago Gorostiaga
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Debido a una chicana presentada por la defensa de Thiago Gorostiaga, acusado por coacción sexual, se suspendió la audiencia preliminar en la que se debía definir si el proceso penal se elevaría a juicio oral y público, tal como solicitó el Ministerio Público en su acusación.
Una vez que se destrabe el proceso en la Cámara de Apelaciones, el juez Raúl Florentín estará habilitado nuevamente para fijar la fecha de la diligencia judicial. La defensa de Gorostiaga cuestionó que el magistrado difiriera el estudio de la declaración de una persona para el momento de la audiencia preliminar; este tipo de recursos busca dilatar el avance del caso.
El pasado 7 de febrero, la fiscal María Angélica Insaurralde presentó la acusación contra Gorostiaga y solicitó el juicio oral y público, dada la gran cantidad de elementos probatorios recolectados.
La acusación fiscal señala que “los actos sexuales padecidos por la víctima en contra de su autonomía sexual consistieron en manoseos en los pechos, ser besada a la fuerza, el despojo de una prenda conocida como body e intentos de desnudarla al tratar de quitarle el pantalón".
Igualmente, la Fiscalía refiere que “Thiago Gorostiaga, quien surge como presunto autor, en todo momento neutralizó a su víctima subiéndose sobre ella; además, trató de ocultar su identidad colocándose una manta en la cara y haciéndose pasar por otra persona”. El Ministerio Público indica que estas conductas constituyen un hecho punible que cumple con todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal mencionado.
Itauguá: condenan a 20 años de prisión a una persona por abusar sexualmente de su hija
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En el marco de un juicio oral y público, la agente fiscal Fátima Britos logró una condena de 20 años de pena privativa de libertad para un hombre hallado culpable de abuso sexual en niños. La víctima fue su propia hija biológica, quien tenía 9 años al momento de los hechos registrados en la ciudad de Itauguá.
La representante del Ministerio Público de Paraguay logró demostrar la autoría del acusado en los abusos sufridos por la menor. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre los años 2022 y 2023 en la vivienda del procesado, ubicada en dicha localidad del departamento Central.
El Tribunal de Sentencia sostuvo que durante el desarrollo del debate se produjeron diversos elementos probatorios, como informes psicológicos y peritajes, que confirmaron la responsabilidad del acusado en este grave hecho.
En caso de que la defensa decida apelar el fallo, un Tribunal de Apelación será el encargado de estudiar el recurso y definir si corresponde ratificar la sentencia dictada en primera instancia.
Integrantes de la OTP y del CEJ se reunieron este viernes para debatir sobre la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas. Foto: Gentile
Con la finalidad de presentar a las autoridades judiciales los resultados de investigaciones de campo realizadas por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), el viernes se desarrolló la segunda jornada de la mesa técnica de trabajo entre integrantes de la la Oficina Técnica Penal (OTP) y del CEJ.
Con la presencia de la ministra de la Corte, Carolina Llanes, se pormenorizaron detalles relacionados con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas mediante el análisis de riesgos procesales en 322 resoluciones correspondientes al primer semestre de 2025.
La jornada tuvo relación con los proyectos del sistema de Justicia Penal orientados a apoyar la labor de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad (PPL) con enfoque de derechos humanos.
La intención principal es detectar posibles debilidades que permitan a la Sala Penal contar con un panorama preciso para orientar políticas judiciales.