El juez Rodrigo Estigarribia deberá decidir si hace lugar a la desestimación solicitada por la Fiscalía para el exministro Arnaldo Giuzzio en la investigación penal por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
El viernes pasado, el Ministerio Público había pedido que el caso se archive atendiendo a que durante la etapa investigación no se encontró ningún hecho punible.
Ante este escenario, el juez podría oponerse a desestimar la denuncia y, en caso de suceder eso, será el Fiscal General del Estado quien tendrá la última palabra para el presente caso.
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Corte debe evitar impunidad y destrabar proceso penal a Giuzzio
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar el proceso penal que enfrenta Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior de Mario Abdo Benítez, quien debe ser juzgado por cohecho pasivo agravado (coima), por por sus vínculos con el sindicado narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Los ministros de la máxima instancia judicial Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos deben resolver la recusación que presentó Giuzzio contra los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, quienes son los magistrados que deben decidir sobre la competencia de los jueces de sentencia Adriana Planás y Matías Garcete, que a su vez fueron recusados por el exministro del Interior y quien busca impunidad en el proceso por cohecho pasivo agravado.
Con las chicanas presentada por Giuzzio, el juicio oral y público no puede desarrollarse desde marzo de este año. El expediente está en manos del ministro de la Corte Víctor Ríos, quien deberá votar y destrabar el presente proceso penal.
INFORME CON SUPUESTO NARCO
La Fiscalía solicitó al tribunal de sentencia al inicio del juicio oral que se incluya como prueba los datos extraídos del celular del narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado. El pedido fue realizado al tribunal de sentencia especializado en delitos económicos conformado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto de 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contactar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua.
Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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Seprelad: acusados vuelven a trabar caso y va a la Corte
La causa que investiga la filtración de documentos y falseamiento de información de Seprelad tropieza nuevamente con una paralización. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.
Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apelación general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cuestionan la resolución del tribunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los procesados en el presente caso.
CHICANA
Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apelación de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exministros de Abdo.
Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación integrado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos colaboradores de Abdo Benítez.
Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes planteados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.
La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
CORTE ADVIERTE SOBRE MALA FE
En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.
En aquella oportunidad los ministros de la Corte mencionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el presente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en dificultar el normal desarrollo de la administración de justicia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.
ALTOS MAGISTRADOS
De la misma manera, los altos magistrados mencionaron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.
Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.
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Tribunal rechaza otra chicana y destraba el caso Seprelad
La Cámara de Apelación integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.
El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición planteados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acusados en el presente caso.
Los abogados de los exministros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admitió la imputación contra los excolaboradores del expresidente de la República.
Lovera en su resolución indicó que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pendientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese contexto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.
SEPA MÁS
Acusación
El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.
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Hipótesis de Giuzzio fue derribada por la Fiscalía
El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente, y para esto utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.
“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.
El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.
“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.
Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.
El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.