Los jueces de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazu, salieron sorteados para entender en el proceso penal que enfrentan 61 personas, entre ellas jueces de paz, actuarios judiciales, ujieres y abogados de firmas de cobranzas, en el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los citados magistrados deberán admitir la imputación del Ministerio Público y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si no presentan las garantías correspondientes podría ordenarse la prisión de los mismos.
El magistrado Estigarribia tiene a su cargo la imputación de los jueces de Paz, Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez. Mientras que el juez Otazú tiene la imputación de Liliana González, exjueza de Paz y de la actual jueza de Paz Natalia Garcete.
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Los delitos que habrían cometido los hoy imputados son prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenidos falsos y uso de documentos públicos de contenidos falsos. Igualmente, la lista de imputados sigue con los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas.
También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora, cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.
Asimismo, la nómina de los imputados continúa con: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.
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Abogada imputada por extorsión junto a policías ya está detenida
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La abogada Blanca Noemí Gauto Fernández (38) se presentó ayer viernes ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, acompañada de su abogado Omar Ortiz Pedrozo, donde fue ordenada su detención. Fue derivada a la comisaría de mujeres.
Gauto Fernández fue imputada por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos, al igual que otros cinco policías por un presunto hecho de privación de libertad y extorsión agravada. La agente del Ministerio Público había pedido al juzgado su detención preventiva al tiempo de presentar la imputación.
El abogado Ortiz Pedrozo indicó que la medida alternativa a la prisión corresponde a su cliente, porque no existen elementos de obstrucción y fue demostrado su arraigo. Informó que su defendida se declara inocente de los hechos y que la misma es abogada del denunciante en una causa por violencia familiar.
Los hechos por los cuales fueron procesados ocurrieron el 3 de junio, alrededor de las 12:40 sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco. La denuncia fue presentada por Fabio Junior Troche Zarza.
El citado y sus acompañantes que se circulaban en un vehículo, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente, fueron supuestamente privados de su libertad y debieron pagar para quedar libres. La denuncia señala que durante cuatro horas estuvieron en poder de los policías en el predio del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.
Relató que fueron liberados después del pago de 30.000 dólares, con el compromiso de completar el pago requerido inicialmente de 50.000 dólares. La abogada, llamada por su cliente para intervenir en el caso, está imputada por supuesta participación en el hecho. La misma habría facilitado a los policías el cobro, antes que defender a su cliente.
Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. Todos están detenidos en la Dirección de Policía. Desde ayer a la tarde se sumó la abogada Gauto Fernández.
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Imputan y piden prisión preventiva para suegro del sospechoso del crimen de María Fernanda
Este jueves, la fiscal Gloria Rojas confirmó que imputaron y solicitaron la prisión preventiva del suegro del principal sospechoso en el crimen de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo. Se trata de Ricardo Villamayor.
Remarcaron que las investigaciones en el caso son bastantes positivas y que esperan el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda donde fue hallada la moto.
La fiscal explicó que ayer se realizaron dos intervenciones muy importantes; una en el penal de Villarrica, donde se logró incautar la campera que llevaba el adolescente de 17 años cuando se trasladaba en la moto con la víctima, y otra en la vivienda donde se encontró el biciclo que está a nombre de Armando Silva, padre del presunto autor del crimen.
“Ayer se dispuso la detención de Ricardo Villamayor y hoy le tomamos su indagatoria. Se presentó la imputación y ya está a cargo del Juzgado de Paz de Garantía. Se solicitó la prisión preventiva del mismo. La caratula de la imputación es por frustración del tan sonado caso”, detalló Rojas.
Explicó que el caso de María Fernanda es muy conocido a nivel y que ninguna persona puede decir que tuvo desconocimiento. “Además, este hombre es alguien cercano al sospechoso y es por eso que también se le atribuye este hecho. Nadie puede alegar que no estaba en conocimiento por la magnitud del caso”, aclaró.
La fiscal refirió que más avances de la investigación no puede dar, pero que actualmente esperan el análisis de más cámaras de seguridad que puedan detallar más situaciones. “Se extrajeron imágenes del domicilio y también del otro lugar donde se allanó. Estamos esperando las diligencias técnicas que están realizando los investigadores”, manifestó.
Agregó que los padres del adolescente ya prestaron declaración y que ya consta en la carpeta fiscal. “Los padres ya estuvieron más de una vez en sede fiscal”, puntualizó.
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México: elección de jueces abre una etapa de incertidumbre
- México, México. AFP.
La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.
Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.
Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.
En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.
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Legal pero no legítima
Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.
La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.
“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.
Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.
Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.
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Sin cambios a la vista
Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).
El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.
“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.
Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.
“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.
Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.
Problema complejo
Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.
Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.
También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
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Mafia de los pagarés: ratifican imputación contra jueza de paz suspendida, Analía Cibils
La Cámara de Apelación integrada por los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera y Silvana Luraghi ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz, Analía Cibils, imputada por prevaricato por el caso conocido como la mafia de pagarés. Días atrás, el juez Rodrigo Estigarribia había admitido la imputación contra la magistrada suspendida en sus funciones.
De acuerdo al acta de imputación del Ministerio Público, la citada magistrada en más de 237 expedientes, entre el 2023 y 2024, habría dictado resoluciones judiciales violando el principio de igualdad que debe regir sus actuaciones.
La magistrada habría tenido conocimiento, consentido y acordado que los expedientes y las actuaciones obrantes en los mismos, fueron elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas.
Extracción de datos
Los jueces de Delitos Económicos, Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, autorizaron al Ministerio Público la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los enjuiciados y suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot, imputados por el caso conocido como la mafia de los pagarés.
Los fiscales Jorge Arce, Leonardi Guerrero y Belinda Bobadilla, fueron los que solicitaron extraer datos de los celulares de los citados magistrados imputados. El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete, y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la exjueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.
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