El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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Durante la sesión ordi­naria de la Cámara de Diputados, el legisla­dor Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irre­gularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para des­viar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del econo­mista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento des­carado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de orado­res.

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobra­ron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sos­tuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la pro­pia municipalidad y presenta­dos como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban che­ques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferen­tes que “acertaban los mon­tos exactos” e incluso pre­sentaban cifras idénticas a las previstas por la adminis­tración, lo que a su juicio evi­dencia una falta total de com­petencia real.

Uno de los casos emblemáti­cos citados fue el de Tajy Ser­vicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la munici­palidad, algo que, según Caste­llano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expa­reja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de ali­mentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encar­gado de cobrar cheques y presentar proyectos, mien­tras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefie­ren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que los trabajos iniciales para la reconstrucción del tramo Pozo Colorado–Concepción, sobre la ruta PY05, ya están en plena ejecución. Esta vía, que comprende más de 90 km, se convertirá en la primera ruta del país hecha con pavimento rígido, con una inversión de G. 611.196 millones.

Las tareas se están desarrollando en dos tramos. El lote A, que abarca desde el km 318,9 hasta el km 372,2 (53,3 km), está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, integrado por las empresas Tecnoedil S.A., Ocho A S.A. y Construpar S.A. Allí, tras la firma de contrato en mayo pasado, las primeras labores consistieron en la movilización, instalación del campamento y mantenimiento de caminos auxiliares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que, de momento, no se registran connacionales afectados por el terremoto en Rusia. Se instruyó a los consulados a dar seguimiento a los países alcanzados por la alerta de tsunami.

La Cancillería Nacional confirmó que, luego del terremoto registrado en Rusia, no se detectaron paraguayos entre las víctimas, al menos, hasta el momento.

El plan piloto de control migratorio unificado en el paso terrestre Encarnación (Paraguay) - Posadas (Argentina), iniciado el lunes pasado, registra más de 20.000 trámites diarios. En el primer día de implementación se tramitaron más de 10.000 ingresos y 11.000 salidas del país, cifras similares al martes, a lo que se suma el servicio del tren internacional, que moviliza a unos 2.500 pasajeros entre ambas ciudades, reportó la Dirección de Migraciones.

Este nuevo Sistema de Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC), acordado entre las direcciones de Migraciones de Paraguay y Argentina, rige para el tránsito de personas que cruzan la frontera en buses, vehículos particulares y a bordo del tren en el Puente San Roque González de Santacruz, y contempla la realización de un solo trámite migratorio en el lado argentino, válido para ambos países.

El trabajo del Ministerio Público y la Policía Nacional continúa en torno al caso del homicidio de la niña Melania Monserrath, en donde hasta el momento están imputados y con prisión preventiva en la cárcel de Villarrica Marcelo Giménez Duarte y su hermano de 16 años de edad.

Si bien se manejaban diversas hipótesis de cómo se habría dado el crimen, una de las que se fortalece ahora es que solo el menor de edad habría estado involucrado en el homicidio, esto debido a que presentaba rastros en su cuerpo que coincidirían con signos de ataque y defensa por parte de la víctima.

La Cámara de Senadores trata este miércoles un proyecto que viene con media sanción de Diputados y plantea modificar un artículo del programa Hambre Cero, a fin de incluir la adquisición de equipos de transportes escolares, entre otras.

En el punto 2 del orden del día figura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la ley que crea el fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en las Escuelas).

La famosa Navidad Sustentable en su primera edición fue otro grosero caso en el esquema desvío de fondos en la administración de Miguel Prieto, burlando procesos de Contrataciones Públicas a través de comisiones vecinales utilizadas como simples intermediarias para endosar cheques, en este caso para facturación de una tienda de ropas y frazadas que de la nada aparece vendiendo materiales de construcción, pinturas, etc. por G. 1.715 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Bien describió el inter­ventor asignado en la Municipalidad de Ciudad del Este “el sistema cuidadosamente planificado para el desvío de fondos públi­cos” en la administración Prieto, en el que según explicó toma relevancia el rol de las comisiones vecinales usadas como intermediarias para el blanqueo del esquema.

Es así que en los años duros de la pandemia por el covid -19 aseguraron facturaciones empresas de maletín crea­das por el entorno de Prieto para asegurar transferen­cias, detrás de comisiones vecinales, principalmente. Surgieron nombres de ope­radores políticos, parientes de su exnovia Vanessa Flo­rentín, actual asesora de la Municipalidad con impor­tantes acopios de contratos que vulneran principios de compras públicas, específi­camente en precios y calidad.

Solo en el 2020 liberaron órdenes de compra por G. 3.042 millones. Comisiones no cumplían su rol comuni­tario, sino sirvieron para elu­dir la Ley de Contrataciones Públicas sin ningún tipo de control ni las garantías de la contraprestación efectivo de las adquisiciones y servicios. Bajo este sistema parientes de la ex de Prieto amasaron millones gracias a contratos de manera directa y hasta cobraban la totalidad de lo adjudicado sin las actas de recepción definitiva en algu­nos casos.

La primera Navidad Susten­table surge como otro caso relevante en el esquema des­cripto. Un “proyecto” que en los papeles se atribuye a los vecinos, en la realidad fue mentado en las oficinas de la Municipalidad, como en las ejecuciones anteriores ya difundidas. Es así que con un ingenioso plan que usó como gancho “la renovación de la imagen de Ciudad del Este como una comunidad”, saca­ron a través de la Comisión de Apoyo a Eventos de Interés Social, Cultural y Deportivos, G. 2.009 millones de las arcas de la institución, de los cua­les G. 1.715 millones otorga­ron a una ropería y tienda de frazadas, esquivando todas las normas de contratación pública en concepto de com­pras fuera de su rubro, con­sistente en materiales de la construcción.

Al mismo estilo de Tía Chela y otros casos, simularon una millonaria compra de mate­riales de construcción como varillas, cementos, arena, perfilería, pinturas, herra­mientas y una extensa lista de artículos de ferretería a L & C Import – Export SA que en la realidad vende frazadas, ropa, toallas, mercería en general. El negocio está representado por Alexis Brizuela y entre los socios figura el nombre de Mario Larroza a quien identi­fican como otro conocido ope­rador de Miguel Prieto, pri­vilegiado con facturaciones a la Municipalidad a través de comisiones vecinales.

El manejo discrecional de estos recursos, sin control, trazabilidad, descarada­mente se ejecutó para la fac­turación de los amigos, ya que toda la estructura municipal fue movilizada para realizar los trabajos. Empleados de la institución fueron los que trabajaron desde el reciclaje de varios de los elementos necesarios hasta el montaje y desmontaje de las piezas y adornos. Se esquivaron principios de calidad, pre­cio y trazabilidad que garan­tice la provisión conforme a los pagos.

Nuestro medio visitó la tienda de toallas L&C y efec­tivamente constató que el responsable del negocio es Alexis Brizuela, según lo mencionado por una amable joven que nos atendió y pro­porcionó sus datos, que coin­ciden incluso con el número de teléfono que obran en las facturas emitidas a la orga­nización de vecinos. Consul­tada sobre los materiales que vendieron a la Municipalidad mediante una comisión veci­nal, la señorita identificada como “la hija de la dueña”, dijo que ella se encarga del negocio de las ropas que “es mi área”, pero que el negocio es enorme y están guardados en otro lugar.