En el marco de la segunda edición de Datos Py, que se desarrollará en el mes de octubre, el especialista Stephan Vysokolán analiza los retos que enfrentan las empresas paraguayas ante la nueva Ley 7593/2025 y el avance de la inteligencia artificial.

El nuevo componente de la competitividad. La protección de datos dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico para convertirse en una cuestión estratégica para las empresas.

En Paraguay, la entrada en vigencia de la Ley 7593/2025 abre una nueva etapa, marcada por la necesidad de ordenar, gestionar y proteger la información que manejan las organizaciones.

En el marco del Congreso Datos Py, que se desarrollará este mes, Stephan Vysokolán, especialista en Derecho Financiero, Empresarial y Protección de Datos, plantea que las compañías deben pasar de una lógica centrada únicamente en “proteger el dato” a una gestión integral de su ciclo de vida.

Esto supone identificar qué información se recopila, con qué finalidad, durante cuánto tiempo se conserva, quiénes pueden acceder a ella y con qué terceros se comparte.

Para el especialista, una adecuada gobernanza de datos puede convertirse incluso en una ventaja competitiva, al generar confianza entre clientes, colaboradores y socios comerciales.

Riesgos para la privacidad y los datos. La adaptación a la nueva normativa adquiere relevancia mientras las empresas avanzan también en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial.

Al respecto, Vysokolán advierte que introducir información empresarial, de clientes o trabajadores en plataformas de IA sin una política previa puede generar riesgos vinculados con la privacidad y las transferencias internacionales de datos.

Aunque la Ley 7593/2025 contempla un periodo de adecuación hasta fines de 2027, el especialista considera que las empresas no deberían esperar para comenzar el proceso. En sectores vinculados con información crediticia y financiera, además, ya existen obligaciones bajo la Ley 6534/2020.

Entre las primeras acciones recomienda identificar y clasificar los datos existentes, depurar aquellos que ya no son necesarios, establecer políticas internas y evaluar los tratamientos que puedan representar mayores riesgos.

El desafío, sostiene, trasciende el cumplimiento normativo. “Un marco sólido de protección de datos no es una carga hacia adentro, es un pasaporte hacia afuera”, afirma, al señalar que una gestión confiable de la información puede contribuir a reducir incertidumbres y facilitar la inserción de las empresas paraguayas en mercados internacionales.

Blanca Beatriz Caballero, viuda de Barrios, exige justicia y pide a las autoridades que se continúe investigando varios hechos punibles presuntamente cometidos por el exsíndico de Quiebras, hoy condenado, Blas Velázquez. La denuncia también salpica a jueces, rematadores públicos y camaristas, quienes habrían avalado el despojo irregular de 1.000 hectáreas de tierras valuadas en millones de guaraníes, ubicadas en el departamento de San Pedro.

Caballero apeló la resolución del juez Humberto Otazú, quien había hecho lugar al pedido del Ministerio Público para desestimar la denuncia contra Velázquez, el rematador Mario Person, el exjuez y actual camarista Miguel Ángel Rodas, y el excamarista Carmelo Castiglioni, entre otros.

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El abogado Andrés Casati, representante legal de la denunciante, sostiene que la investigación penal archivada incurrió en graves omisiones al no determinar la secuencia de uso de los documentos cuestionados, los cuales continúan produciendo efectos jurídicos en juicios civiles en curso. Asimismo, argumenta que la prescripción no puede utilizarse para beneficiar la inactividad del órgano investigador; motivo por el cual se ha accionado paralelamente contra la representación fiscal asignada por presunta frustración de la persecución penal.

La apelación deberá ser resuelta por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos. En caso de revocarse el fallo del juez de primera instancia, se ordenará la reapertura de la causa para continuar la investigación contra los implicados y determinar sus responsabilidades penales.

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La jueza de Ejecución Penal, Liz Rosana Bogarín, ordenó la captura de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada a 4 años de cárcel, y de la bioquímica Sandra Hermosa, sentenciada a 3 años de pena privativa de libertad. Ambas fueron halladas culpables por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez, quien murió el 9 de abril de 2021 a causa de una sobredosis de flúor.

Ambas profesionales deberán cumplir sus condenas en la cárcel de mujeres de Emboscada. La orden judicial se emitió luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia, quedando firme la resolución de que vayan a prisión.

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“Para nosotros, hoy es un día de gloria en nombre de nuestra hija María Sol. De alguna manera, se hace un poco de justicia, porque nada me va a devolver a mi hija y el dolor de su ausencia para mí es eterno. No hay un día que no la recordemos. La forma en que ella murió en estos días se me vino a la mente; no pude salvarle”, comentó al canal Gen María Edith Franco de Chávez, madre de la víctima. Esta confirmación llega tras un largo proceso judicial desde el fallecimiento de la universitaria.

De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 tras consumir cuatro cápsulas de flúor de 500 miligramos cada una, conforme a la prescripción realizada por la odontóloga, totalizando 2.000 miligramos. Según expuso la Fiscalía durante el juicio, la cantidad administrada superaba ampliamente los parámetros señalados por la ciencia médica.

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Los padres de María Fernanda Benítez Martínez, la adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo el 31 de mayo de 2025, pidieron hoy la pena máxima para los acusados del horrendo crimen ante el Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo.

“Son unos monstruos y tienen que pagar hasta lo último por lo que hicieron”, expresó Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, a los magistrados encargados de dictar sentencia en la fecha. Asimismo, solicitó una fuerte condena para los demás involucrados por haber encubierto el caso. “Los padres deben pagar también por ser cómplices”, sentenció.

Hizo hincapié en que los autores del hecho actuaron de manera premeditada, atendiendo las evidencias recabadas durante la investigación. “Fue intencional lo que hicieron, porque un mes antes planearon lo que le iban a hacer a mi hija y cometieron un doble crimen, ya que le mataron a mi hija y a mi nietito. Y se merecen que vayan 30 años a la cárcel para que no vuelva a pasar esto a otra familia”, manifestó.

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Igualmente, doña Nilda Martínez, mamá de la joven víctima, solicitó que se aplique la “cadena perpetua” para los responsables de la muerte de su hija por el terrible daño que le causaron a su familia. “Me hicieron un daño físico y emocional”, lamentó.

Por otro lado, cuestionó el actuar de los padres del menor, principal sospechoso del homicidio. “Cómo van a ayudar a un asesino”, exclamó. También se refirió a la amiga del presunto autor material. “Mikaela le mandó matar a mi hija, ella sabía y también merece la pena máxima”, apuntó.

Por su parte, el padre del adolescente acusado dijo de manera breve: “Una vez más le pido perdón a los familiares”. Este martes se dictará sentencia para cinco acusados por el crimen de la adolescente.

Según explicaciones del fiscal Fermín Segovia, el juicio corresponde a los adultos, que presuntamente intentaron entorpecer la investigación y ocultar evidencias.

Entre los acusados se encuentra Mikhaela Rolón, amiga del adolescente, quien habría dado instrucciones sobre cómo matar a una persona. También enfrenta juicio Franco Acosta, propietario de una farmacia, quien habría proveído medicamentos abortivos.

Asimismo, está acusado Ricardo Villamayor, quien presuntamente habría ocultado en su domicilio la motocicleta utilizada por el principal acusado para trasladar a María Fernanda. También son procesados los padres del adolescente, quienes habían presentado una denuncia por la supuesta “desaparición” de su hijo.

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