El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.

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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.

Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.

Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.

“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.

Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.

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• Por Livia Melgarejo.
• Comunicadora, directora de PRessencia

Ayer, mientras participaba como jurado de los Effie Awards, me quedó dando vueltas una pre­gunta que va mucho más allá del marketing: ¿estamos midiendo los resultados correctos?

En comunicación, los clientes suelen preguntarnos cuántas notas de prensa salieron, cuál fue el alcance, cuántos “me gusta” tuvo una campaña o cuántas personas interactuaron con un contenido. Y está bien. Toda inversión necesita resultados.

Pero hace tiempo entendí que esos números cuentan solo una parte de los resultados.

Una publicación puede hacerse viral y no generar confianza. Una campaña puede llegar a millones de personas sin cambiar una sola conducta. Una empresa puede estar todos los días en los medios y no fortalecer su reputación.

Muchas veces medimos lo que la tecnología nos entrega automá­ticamente y no lo que realmente necesitamos saber.

Antes de elegir un indicador, siempre deberíamos hacernos una pregunta: ¿qué queremos que la gente haga, piense o sienta des­pués de recibir nuestro mensaje? Recién ahí tiene sentido definir qué vamos a medir.

Si buscamos vender, mida­mos ventas. Si queremos generar confianza, midamos confianza. Si queremos educar, evaluemos cuánto aprendió la gente. Si busca­mos movilizar, midamos cuántas personas actuaron.

Pensemos en una campaña de vacunación. Un millón de visuali­zaciones puede parecer un éxito. Pero si no aumentó la cantidad de personas vacunadas, ¿realmente lo fue?

Los números nos muestran hasta dónde llegó un mensaje. El verdadero impacto está en cuánto logró transformar una idea en una acción. Y ese es, al final, el re­sultado que realmente importa.

El clima de negocios mostró una leve recuperación en julio, aunque las empresas paraguayas todavía mantienen una postura prudente sobre la evolución de la economía.

El Indicador de Expectativas Empresariales (IEE) se ubicó en 49,98 puntos, con un incremento intermensual de apenas 0,06 %, resultado que, si bien representa una mejora, permanece por debajo del umbral de 50 puntos, nivel que marca la diferencia entre expectativas optimistas y pesimistas, según el informe de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCSP).

Lo que el indicador refleja es que el sector privado percibe señales de estabilidad en algunas actividades, pero aún no suficientes para consolidar un escenario de mayor confianza. Esto se traduce en decisiones más conservadoras respecto a inversiones, contratación de personal y expansión de los negocios.

El comportamiento fue dispar entre los distintos sectores. Comercio lideró las expectativas con 50,29 puntos, convirtiéndose en la actividad con mayor confianza durante julio. Le siguieron Otros Servicios, con 50,14 puntos, y el sector Financiero, con 50,08 puntos, todos ligeramente por encima del nivel considerado optimista.

En el otro extremo, Construcción y Transporte continuaron reflejando perspectivas negativas, mientras que el sector Inmobiliario se mantuvo en un nivel neutral.

La actividad reciente también mostró diferencias entre rubros. El comercio reportó una recuperación en la percepción de las ventas, alcanzando niveles de equilibrio, mientras que las empresas financieras y de servicios señalaron una mejor evaluación de su situación general, aunque sin cambios importantes en la demanda.

Por el contrario, la construcción volvió a registrar el desempeño más débil del mes, con una menor valoración de la actividad y sin avances en la cartera de pedidos. Transporte e inmobiliario, por su parte, mantuvieron estables sus niveles de facturación y operación.

Las decisiones de contratación también reflejaron la cautela empresarial. Solo el comercio mostró mejores perspectivas de empleo para los próximos meses.

En cambio, los sectores financiero y de la construcción redujeron sus expectativas de incorporar personal, mientras que transporte, inmobiliario y otros servicios optaron por mantener sus plantillas, aunque con proyecciones más moderadas para el futuro.