El fiscal Gabriel Segovia presentó imputación por lesión de confianza contra Wisam Osmar, presidente de la firma Macedonia, quien habría desviado sumas millonarias de la referida firma. El Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.
De acuerdo al acta de imputación, el 17 de abril del 2024 la Fiscalía recepcionó una denuncia sobre varios delitos presentado por Kassem Ali Osman, de nacionalidad libanesa, quien denuncio a Wisam Osman, quien ejercía la presidencia y control administrativo de la firma Macedonia.
Al parecer, el denunciado siempre declaraba nula ganancia, lo que dejaba al denunciante sin recibir ninguna parte de los beneficios de la empresa a pesar de su participación y contribución, lo que motivó a la denuncia.
Posteriormente, el denunciante se percató que el negocio tenía un registro paralelo de ventas y la firma en verdad generaba más ganancia que la declarada, hecho que coincidió con la oficina habilitada por Wisam en la que operaban Lisa Ibarrola y Sarah Kassen, bajo los registros de ventas reales ocultando ingresos y declarando pérdidas o empate, es decir, en el piso superior en una habitación herméticamente cerrada se contaba el subregistro con los que justificaban todos los años una suerte de empate o ganancias mínimas.
El Ministerio Público realizó varias diligencias entre ellas declararon varias personas en la presente investigación. Asimismo, se realizó un allanamiento al estudio contable que realiza trabajos para Macedonia, de donde se incautaron documentos que comprobarían la responsabilidad del imputado en el delito.
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Es urgente reconstruir la confianza ciudadana
El nuevo jefe de Estado, Pedro Alliana, quien asciende al cargo desde la Vicepresidencia de la República ante la destitución de Santiago Peña por la vía del juicio político, tendrá que actuar con rapidez y firmeza para devolver la tranquilidad a una población muy agitada por la indignación provocada, a su vez, por el despojo de sus ahorros depositados en un banco de plaza.
Deberá, además, restituir con urgencia la credibilidad a las instituciones del Estado para que la vida cotidiana retorne a la normalidad.
La confianza ciudadana tendrá que ser sostenida con una agenda pública clara y práctica, honestidad en el manejo de los recursos del Tesoro y una política de diálogo permanente con todos los actores políticos y sectores sociales del país. Tendrá por delante poco más de veintiún meses de gobierno para reencauzar la República y anteponer los propósitos de la nación ante cualquier otro interés.
Por otro lado, Santiago Peña cayó del poder por propias manos. No hubo conspiración de grupos poderosos ni se adulteraron pruebas para incriminarlo. Las repetidas campañas de algunos medios corporativos –que no ocultaron su animadversión al ahora exmandatario, incluso, antes de que asumiera el cargo el 15 de agosto de 2023– no tuvieron impacto en la sociedad porque carecían de fundamentos sustentados en hechos verificables.
Sin embargo, con una torpeza que es incomprensible para alguien que exhibía títulos académicos de prestigiosas universidades extranjeras, él mismo se encargó de ofrendar su cabeza en bandeja de plata a raíz de maniobras financieras fraudulentas que dejaron un rastro indeleble, fácilmente detectable, mediante el simple cotejo de datos con otras empresas involucradas en este esquema de estafa que afecta a millones de paraguayos y paraguayas.
Su conexión con este diagrama ilícito también es absolutamente demostrable, habida cuenta de su antigua conexión como accionista de la entidad financiera que fue la privilegiada receptora de fondos públicos.
Y esa torpeza de la que hablamos en líneas precedentes le llevó a convertir en presidente del Banco Central del Paraguay a un profesional transportado desde el banco privado en cuestión. Lo que nos induce a concluir que muchos se creen intocables bajo la protección del poder, por más temporal que sea.
La soberbia suele ser el primer síntoma que asoma con rapidez desde el Palacio de López. Acostumbra a decirse que el cargo no cambia a las personas, sino que las muestra tal como son. Tampoco contó –hay decirlo– con un equipo de asesores con testimonios de integridad y solvencia intelectual.
Nadie le empujó al precipicio a Santiago Peña. Se lanzó él solo. Desperdició la oportunidad que le dio la ciudadanía otorgándole casi 1.300.000 votos, la mayor cifra histórica de unas elecciones presidenciales hasta ahora. Había generado mucha expectativa por su juventud y por su formación en economía, materia clave para el desarrollo integral de un país.
Después de la desastrosa gestión de su antecesor, tenía todo a su favor para lucirse. Sin embargo, su improvisación política, lejos de superarse con la experiencia, fue deteriorándose notoriamente, al punto que empezó a resquebrarse su conexión con el círculo político que hizo posible su ascenso al poder.
Nunca tuvo una estrategia comunicacional de gobierno y se expuso constantemente a una relación siempre áspera y molesta con los periodistas acreditados tanto en el Palacio de López como en Mburuvicha Róga.
Aunque algunas áreas de su gabinete demostraban irrefutables falencias en su funcionamiento, esa no es la razón principal de su caída, sino, insistimos, su grado de complicidad –por omisión o acción– con la crisis financiera que hoy lleva al límite de la angustia a miles de familias paraguayas. Fue innegable su actitud caprichosa para remover a aquellas piezas que decepcionaron en el cumplimiento de sus altas y delicadas funciones.
El ahora presidente de la República nunca ocultó su posición crítica respeto a la gestión de muchos de los ministros del gabinete. Hoy tiene una inmejorable oportunidad para poner en marcha todo aquello que no pudo hacer por las limitaciones que le imponían su anterior función.
El nuevo gobierno, repetimos, tiene la urgencia de reconstruir la confianza ciudadana hacia sus autoridades. Para ello solo tienen que hacer lo correcto y es lo que la ciudadanía aguarda con mucha ansiedad e impaciencia.
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Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
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Intento de feminicidio en Aba’i: sospechoso quemó una vivienda donde estaban su pareja e hijos
El Ministerio Público investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio reportado en la comunidad de Arroyo Morotí, distrito de Abaí, departamento de Caazapá.
El principal sospechoso, identificado como Agustín Yaspe Sotelo (43), fue aprehendido tras ser acusado de ser el causante de un incendio que consumió por completo una vivienda, donde se refugiaron su pareja e hijos.
Según explicaciones del fiscal José Alberto Núñez, de San Juan Nepomuceno, el incendio habría sido provocado intencionalmente en medio de un ciclo de violencia contra su pareja. Alrededor de las 22:00 del lunes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, quien posteriormente huyó de la vivienda que compartían junto con sus dos hijos menores.
Se refugiaron en una casa vecina perteneciente a Bernardino Sotelo Giménez (63), con la intención de ponerse a salvo.
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Sin embargo, el sospechoso habría continuado amenazándolos de muerte y luego habría llegado hasta el inmueble, rociando combustible y prendiendo fuego a la vivienda ajena.
La madre logró escapar junto con los dos menores, evitando que el hecho terminara en una tragedia. No obstante, el fuego consumió por completo la casa y sus pertenencias, generando importantes pérdidas materiales para el dueño de casa, quien sería tío del sospechoso.
El supuesto autor fue detenido a unos 500 metros del lugar, con un machetillo en su poder. El Ministerio Público considera que, por los antecedentes de violencia y las amenazas previas, el sospechoso habría tenido la intención de matar a su pareja y a los niños. El fiscal Núñez imputó al hombre por tentativa de feminicidio y producción de riesgos comunes, solicitando su prisión preventiva.
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Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de la Contraloría ante errores de carga
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos. Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso.
“A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
“De la lista oficial lo que sí se pudo identificar es que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas se correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias y fueron distribuidos en su mayoría en algunas municipalidades. De esas son unas 35 instituciones académicas las involucradas, entonces ya se hizo en esa lista inicial una distribución para hacer lo correspondiente de oficio, ya sea a las instituciones públicas como posteriormente a las instituciones educativas”, comentó.