El fiscal Gabriel Segovia presentó imputación por lesión de confianza contra Wisam Osmar, presidente de la firma Macedonia, quien habría desviado sumas millonarias de la referida firma. El Ministerio Público pidió seis meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.
De acuerdo al acta de imputación, el 17 de abril del 2024 la Fiscalía recepcionó una denuncia sobre varios delitos presentado por Kassem Ali Osman, de nacionalidad libanesa, quien denuncio a Wisam Osman, quien ejercía la presidencia y control administrativo de la firma Macedonia.
Al parecer, el denunciado siempre declaraba nula ganancia, lo que dejaba al denunciante sin recibir ninguna parte de los beneficios de la empresa a pesar de su participación y contribución, lo que motivó a la denuncia.
Posteriormente, el denunciante se percató que el negocio tenía un registro paralelo de ventas y la firma en verdad generaba más ganancia que la declarada, hecho que coincidió con la oficina habilitada por Wisam en la que operaban Lisa Ibarrola y Sarah Kassen, bajo los registros de ventas reales ocultando ingresos y declarando pérdidas o empate, es decir, en el piso superior en una habitación herméticamente cerrada se contaba el subregistro con los que justificaban todos los años una suerte de empate o ganancias mínimas.
El Ministerio Público realizó varias diligencias entre ellas declararon varias personas en la presente investigación. Asimismo, se realizó un allanamiento al estudio contable que realiza trabajos para Macedonia, de donde se incautaron documentos que comprobarían la responsabilidad del imputado en el delito.
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Imputan a exdirector de la Cámara de Diputados por cobro indebido de honorarios
El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.
El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.
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El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.
La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.
El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
Otro proceso por estafa
Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.
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Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
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La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
- alteración de datos
- acceso indebido a sistemas informáticos
- alteración de datos relevantes para la prueba
- lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
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Transporte público: nueva ley apunta a mejorar calidad, control y accesibilidad
El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Reforma Estructural del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Ejecutivo al Congreso nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.
Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avanzar hacia un servicio que recupere la confianza ciudadana. La presentación se realizó en Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas autoridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolucionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.
La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.
“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una iniciativa para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.
El presidente de la Republica, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la Nación, para que le den celeridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.
“Esto nos dará la posibilidad, de contar con la herramienta lo antes posible, porque la aprobación de la ley va a ser el inicio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.
Componentes de la legislación
Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran operar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.
Asimismo, promueve la competencia para elegir a operadores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.
Ahora, con esta ley se separan los contratos:
- Operación; empresas especializadas en prestar el servicio de transporte y encargada de toda la dinámica de la operación y mantenimiento de buses.
- Flota: empresas encargadas de proveer con un modelo de financiamiento que propicie la inversión privada en flota.
- Infraestructura: empresas responsables de terminales, paradas y depósitos
A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuencias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas.
Otro de los puntos que contempla la propuesta, es la creación de un fideicomiso que administrará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabilidad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.
Establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes accesibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determinado. Así también, contempla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuanto van a demorar y cómo llegar más rápido.
Implementación gradual
En otro momento de su intervención, la ministra Centurión sostuvo que la implementación de la reforma será gradual y transitoria, con avances sostenidos hacia un nuevo sistema de transporte más eficiente.
Como medidas inmediatas, mencionó la ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.
La secretaria de Estado insistió en la necesidad de custodiar esta transformación en el tiempo, evitando retrocesos en políticas que impactan directamente en la vida de las personas.
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Consulado de Seychelles: Abdo firmó decreto que une a Paraguay con el paraíso fiscal
En mayo de 2021, el entonces presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto N.º 5.324, mediante el cual el Estado paraguayo reconocía oficialmente a Luigi Paolo Picollo como cónsul honorario de la República de Seychelles. ¿Para qué necesitaba Paraguay un cónsul de Seychelles, un país insular situado en el océano Índico, al noreste de Madagascar y al este de la costa de África continental, específicamente frente a Kenia y Tanzania?
Días pasados, el portal argentino, PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla, reveló que el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, tendrían cuentas ocultas en las que habría USD 21 millones en bancos de las islas de Seychelles.
Tras salir a la luz que Abdo Benítez y su esposa tendrían dinero en un paraíso fiscal, en redes sociales pronto comenzó a circular la copia del decreto presidencial, por la cual él se aceptaba y reconocía al el nuevo Consulado honorario de la República de Seychelles en nuestro país.
Llamativamente, el reconocimiento de Picollo se daba 18 meses antes de que se abriera la presunta primera cuenta millonaria, oculta en el sistema financiero de Seychelles, considerado como paraíso fiscal y conocido por su opacidad.
Esta primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12,316,108.44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
Contratos con el Gobierno de Abdo
Otro dato interesante que destacaron algunos usuarios de redes sociales, sobre esta llamativa relación bilateral con el cónsul de Seychelles, es que este está ligado a contratos millonarios con el Estado durante el gobierno de Abdo.
En la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Seychelles menciona que el señor Luigi Picollo estableció el consulado de la República de Seychelles, en el hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Luque, Paraguay, lugar donde el representante del país africano tiene una empresa.
Esta firma vinculada a Luigi Picollo logró ganar una importante cantidad de licitaciones durante el Gobierno anterior, sobre todo en servicios de helicópteros y logística aérea, así como de mantenimientos y reparación de helicópteros y aviones de las Fuerzas Aéreas, por montos varias veces millonarios.