La jueza Cynthia Lovera ordenó el arresto domiciliario de Luis Montanaro, imputado por coacción tras las amenazas a la fiscala Ruth Benítez. FOTO: ARCHIVO
Jueza ordenó arresto domiciliario de Luis Montanaro
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La jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, otorgó arresto domiciliario al empresario Luis Augusto Montanaro, imputado por coacción debido al envío, vía arreglo floral, de una amenaza a la fiscala Ruth Benítez, quien investiga a Montanaro por el caso conocido como Duck Sex Games.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo ante la mencionada magistrada quien hizo lugar y ordenó el arresto domiciliario.
El abogado Daniel Schreiber, defensor de Montanaro, sostuvo que su representado tiene arraigo familiar, una actividad laboral lícita y ofreció como garantía un inmueble valorado en G. 990 millones. Además, señaló que las circunstancias que originaron el pedido de prisión preventiva han variado, ya que Montanaro Bedoya ha sido beneficiado con medidas sustitutivas en otras causas.
El juzgado consideró que se ha desvirtuado el peligro de fuga, ya que Montanaro Bedoya ha demostrado arraigo en el país y ha ofrecido una fianza real. Asimismo, no se encontraron méritos para sostener que pueda obstruir la investigación.
Otro proceso
Montanaro enfrenta otro proceso penal por el delito de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.
Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
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La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
La jueza de Curuguaty, Sonia Medina Paredes, fue denunciada ante la Corte por actuar de forma irregular en juicios civiles, otorgando medidas cautelares. Foto: Gentileza
Denuncian ante la Corte a jueza por irregularidades en juicios civiles
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La abogada Gessy Ruiz Díaz presentó una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, solicitando una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por la jueza de Primera Instancia de Curuguaty, Sonia Medina Paredes. La denuncia se centra en el manejo de dos juicios de interdicto y la celeridad inusual con la que se resolvió uno de ellos.
Lo más llamativo del caso es que Ruiz Díaz promovió un juicio de interdicto para recobrar la posesión de un inmueble el pasado 2 de febrero, en representación de colonos de Nueva Durango. Sin embargo, un segundo expediente, caratulado “Abrahan Krahn contra Isaak Wall Schmidt y otros sobre interdicto de retener la posesión”, fue presentado ante la misma magistrada recién el 5 de febrero y recibió un tratamiento privilegiado.
La jueza Medina hizo lugar a una medida cautelar a favor del accionante del segundo juicio en un plazo extremadamente breve, dejando sin análisis el proceso presentado originalmente el 2 de febrero. Según la denuncia, esta “velocidad luz” en el despacho judicial levanta sospechas que deberían ser analizadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).”
“Verificamos que se ha dictado una medida cautelar de forma prácticamente ‘express’, a diferencia de lo ocurrido con la demanda que presentamos con anterioridad. Hemos analizado dos expedientes que tenían básicamente el mismo objeto procesal”, indicó Ruiz Díaz.
Ordenan a la Ande restablecer energía eléctrica a familia en situación de vulnerabilidad
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La defensora pública de Capiatá Andrea Elizabeth Castillo Alvarenga obtuvo un amparo favorable para que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reponga el servicio de energía eléctrica en una humilde vivienda. En el hogar reside una mujer en situación de vulnerabilidad, quien tiene a su cargo el cuidado permanente de su madre y su hermana menor, ambas con discapacidad mental.
La interrupción del suministro mediante el retiro del medidor colocó a esta familia en una situación crítica, afectando directamente su dignidad, salud y calidad de vida. La energía eléctrica, más que un simple servicio, se consideró un derecho esencial para garantizar condiciones mínimas de existencia, especialmente para personas con discapacidad.
En la vivienda, ubicada en la ciudad de Capiatá, la mujer ejerce la función de curadora de sus familiares, quienes fueron declaradas judicialmente incapaces. Ante esta realidad, la defensora Castillo Alvarenga intervino de manera inmediata, promoviendo un amparo constitucional en defensa de los derechos fundamentales de las personas bajo su cuidado.
A pesar de que la ANDE solicitó el rechazo del amparo alegando la legalidad de sus procedimientos comerciales, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral del 5º Turno de Luque, a cargo del juez Alexis María Vallejos Mendoza, resolvió hacer lugar a la acción. En su sentencia, el magistrado subrayó que se trata de una cuestión de derechos humanos que compromete la dignidad humana y la protección de sectores vulnerables, principios plenamente amparados por la Constitución Nacional de Paraguay. La urgencia demostrada justificó plenamente la procedencia de esta garantía constitucional.
En San Alberto anoche fue aprehendido un joven que amenazó a una mujer diciéndole que va a tener relación sexual con ella porque hizo un "pacto con el diablo". Foto: Ilustrativa.
Detienen a un hombre por amenaza de abuso sexual a una mujer por “pacto con el diablo”
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Ciudad del Este. Agencia regional
La comisaría 13 de San Alberto reportó sobre la aprehensión de un hombre denunciado por coacción. Se trata de Henrique Da Silva Sousa, brasileño de 19 años, quien se encontraba en la vía pública sobre la calle Nanawa, del barrio 8 de Diciembre de mencionada ciudad.
El mismo habría intentado ingresar a la casa para el abuso sexual de la mujer. Dijo que hizo un “un pacto con el diablo” para eso.
La víctima, de 30 años, contó que siendo las 20:09 aproximadamente de ayer se encontraba en el patio trasero de su casa, cuando escuchó ruidos en el portón frontal y salió a ver qué pasaba y visualizó al joven tratando de forzar el portón para ingresar al predio.
La mujer le reclamó por qué estaba haciendo eso y el intruso le respondió que hizo “un pacto con el diablo” y tenía que mantener relaciones sexuales con ella. Ante esto, la víctima le pidió que se retire del lugar en reiteradas ocasiones o que llamaría a la Policía Nacional.
Finamente, el hombre se retiró del lugar amenazándola de volver a cumplir su deseo. La mujer avisó a la unidad policial de la zona y los agentes realizaron patrullajes por el barrio, siendo encontrado el calificado como el principal responsables del hecho, quien iba caminando. Una vez detenido, fue comunicado el caso al Ministerio Público.
El fiscal Fidel Figueredo, de la unidad zonal de Minga Porã imputó hoy a Da Silva Sousa por coacción y pidió medidas alternativas a la prisión, como ser la prohibición de acercarse a la denunciante estando fuera o dentro de la casa, hasta una distancia de 500 metros, según el asistente fiscal Luis Díaz Colina de la unidad zonal de Minga Porã.