La jueza penal de garantía, Cynthia Lovera, otorgó arresto domiciliario al empresario Luis Augusto Montanaro, imputado por coacción debido al envío, vía arreglo floral, de una amenaza a la fiscala Ruth Benítez, quien investiga a Montanaro por el caso conocido como Duck Sex Games.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo ante la mencionada magistrada quien hizo lugar y ordenó el arresto domiciliario.
El abogado Daniel Schreiber, defensor de Montanaro, sostuvo que su representado tiene arraigo familiar, una actividad laboral lícita y ofreció como garantía un inmueble valorado en G. 990 millones. Además, señaló que las circunstancias que originaron el pedido de prisión preventiva han variado, ya que Montanaro Bedoya ha sido beneficiado con medidas sustitutivas en otras causas.
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El juzgado consideró que se ha desvirtuado el peligro de fuga, ya que Montanaro Bedoya ha demostrado arraigo en el país y ha ofrecido una fianza real. Asimismo, no se encontraron méritos para sostener que pueda obstruir la investigación.
Otro proceso
Montanaro enfrenta otro proceso penal por el delito de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, por supuestamente compartir imágenes y videos íntimos sin consentimiento de su pareja.
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Jueza ordenó bloquear cuentas de cuatro procesados por el caso Narcojet
La jueza de Garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, dispuso la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y otros productos financieros de cuatro imputados en la investigación por los 263,7 kilogramos de hachís hallados en un jet privado estadounidense que ingresó al Hangar ubicado en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue dispuesta a pedido de la fiscala Ingrid Cubilla y afecta a Víctor Emanuel Fernández Arce, vinculado a la empresa Munser FBO; Hermann Cecilio Melgarejo Morales, quien habría actuado como despachante de vuelo; José María Fernández Vera; y Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, exsubgerente de Seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La determinación comprende la prohibición de enajenar o gravar bienes muebles e inmuebles, además del bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros a nombre de los procesados en bancos, financieras, casas de crédito y cooperativas.
El Ministerio Publico argumentó que existe una sospecha razonable de que los bienes y fondos podrían provenir de beneficios económicos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas. La jueza consideró urgente asegurar el patrimonio ante el riesgo de que los imputados puedan ocultarlo, transferirlo o modificar su situación patrimonial para evitar un eventual comiso.
Según la hipótesis fiscal, el avión Challenger 604, con matrícula N116HL, procedente de Estados Unidos y con escala técnica en Panamá, arribó al hangar el 29 de mayo de 2026, cerca de las 21:12. La investigación apunta a presuntas coordinaciones para facilitar la recepción de la aeronave y sus ocupantes, así como el acceso al establecimiento.
Esta segunda fase investigativa identificó posibles intervenciones relacionadas con la logística aeroportuaria, la descarga de la sustancia y gestiones que, presuntamente, buscaban evitar su verificación por parte de las autoridades. Las medidas patrimoniales buscan preservar bienes y fondos mientras avanza la investigación.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Ypytá: jueza se constituirá en la universidad UASS, ligada a esposa de Rafaat y a otros inmuebles
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, fijó para el próximo 21 de octubre a partir de las 13:30, la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad, institución ligada a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani. Igualmente, la magistrada realizará cinco constituciones más en dos inmuebles a las 14:00, 14:30, 15:00 y 15:30.
La diligencia judicial se llevará a cabo con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó el procedimiento en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en las otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la magistrada de Paz, quien posteriormente deberá informar al juez de Asunción, Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá.
Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.